El miedo recorre las calles de Tuluá como un enemigo silencioso que acecha a cada ciudadano; es un sentimiento que se ha ido extendiendo a todos los habitantes sin que nadie se atreva a hablar en voz alta de lo que está sucediendo en materia de seguridad en el municipio, pues es más fuerte el temor a ser asesinado o tener que abandonar la ciudad.
La extorsión, que empezó a sentirse con fuerza a mediados del año 2020 y que inicialmente solo tocaba a los vendedores de cilantro y cebolla en la galería de Tuluá, después se extendió a los comercializadores de papa y de todos los productos agrícolas que se quisieran comprar o vender en la ciudad.
El asesinado de Miguel Ángel Rendón Orjuela, un comerciante de huevos, ultimado a tiros a mediados de febrero en un establecimiento comercial de su propiedad, ubicado en la carrera 22 con calle 29 del corazón del Valle, fue el brutal anuncio de la aparición de un nuevo cartel. Con su crimen se empezó a hablar en voz baja de la cartelización de la venta de huevos, un fenómeno que inicialmente fue negado por el secretario de Gobierno, coronel (R) Jorge Gallego Chávez, quien debió ver como un día después la policía anunciaba la captura de un delincuente a quien responsabilizan de ser uno de los encargados por la estructura criminal La Inmaculada de amedrentar a los comercializadores de huevos.
Ante la sorpresa de los medios y el desconcierto del secretario de gobierno municipal la policía informó, “en diligencia de registro y allanamiento se logra una afectación al GDCO ‘La inmaculada’ logrando la captura de Luis Fernando por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, a quien se le incautó un revólver calibre 38 mm, 12 cartuchos calibre 38 mm y 3 panfletos. El capturado se encontraba coordinando las actividades intimidatorias en contra del gremio de comerciantes de huevos en el municipio de Tuluá a través de su injerencia en el GDCO ‘La inmaculada’, grupo delincuencial dedicado a la comisión de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsión”.
Lo que hasta ese momento eran fuertes rumores, negados por las autoridades locales, se convirtió en la confirmación de las extorsiones y amenazas que pesaban sobre productores y comercializadores de este producto de la canasta familiar, amenazas que continuaron extendiéndose al punto que en tiendas de barrio ya no se consigue el preciado producto y los pocos tenderos que se atreven a venderlo lo hacen de manera tímida y sin exhibirlos por el miedo a sufrir represalias, un temor que comparten otros comerciantes.
Un reconocido distribuidor de huevos en el centro del Valle lleva casi un mes sin trabajar y ni siquiera se atreve a salir de su casa ante el terror que le produce sentirse perseguido, y aunque pudimos contactarlo se negó a hablar para medios radiales de Cali, “quien va a hablar, nadie se va a hacer matar por algo que todo mundo sabe que está pasando, pero que desde la administración se empecinan en negar”, expresó exigiendo la reserva de su nombre.
Al dueño de una granja agrícola del municipio lo abordaron en su propio predio varios hombres armados que se movilizaban en motocicleta, advirtiéndole que si quería seguir vendiendo huevos en Tuluá, debía pagar 10 pesos por huevo, es decir, 300 pesos por panal de 30 huevos; para una granja que saca 9.000 huevos diarios, la cuota extorsiva es de casi 100.000 pesos para poder trabajar.
El propietario del bar de rock Narguila, que quedaba ubicado en la carrera 40 de la ciudad, debió cerrar y abandonar el municipio ante la imposibilidad de pagar los 10 millones de pesos mensuales que le exigían los extorsionistas para dejarlo trabajar, “si no quiere que su pequeña crezca sin papá tiene que ayudarnos”, fue uno de los tantos mensajes intimidatorios que recibió.
El comerciante contó que varios sujetos y una joven de buena apariencia física empezaron a frecuentar el establecimiento y tomaron fotos de clientes y el sitio, luego le hicieron llamadas y enviaron mensajes por WhatsApp, “tenían información específica de mi lugar de residencia, quienes eran mis familiares directos. En el Gaula me dijeron que si no era una captura garantizada que para que ponía la denuncia, que eso era perder el tiempo y hacerlos perder recursos físicos y humanos. Tuve que cerrar e irme porque esta administración se tiró el pueblito”.
Los comerciantes no son las únicas víctimas de este flagelo que volvió a sentirse con fuerza en Tuluá; como en la llamada “época del terror” entre los años 2012 y 2015, cuando el actual alcalde John Jairo Gómez Aguirre se desempeñaba como secretario de gobierno, el miedo volvió a incrustarse en cada rincón de este municipio conocido como el corazón del Valle.
La situación es tan agobiante que a algunos contratistas de la propia Administración Municipal les están exigiendo cifras superiores a los 100 millones de pesos, con mensajes tan espeluznantes como, “o nos pagan la cuota o la próxima obra que hagan es en el cementerio”, mensajes amenazantes que los tienen sumidos en el pánico.
Este enrarecido clima de inseguridad dejó en Tuluá cuatro personas decapitadas, dos transportadores de papa asesinados y varios comercializadores de cilantro y cebolla asesinados en el año 2021. Las cifras de homicidios son elocuentes: el año pasado se registraron 131 homicidios, una tasa un poco inferior a las 152 muertes violentas del 2020, que representó un incremento del 42 por ciento con respecto al 2019.
Los tulueños se sienten solos y desprotegidos mientras las bandas criminales extienden su accionar a todas las actividades económicas sin que autoridad alguna ponga la cara para buscar una solución a esta delicada realidad, “la difícil situación económica del país nos tenía comiendo arroz con huevo, ahora nos tocará comer arroz pelado”, dijo uno de los ciudadanos consultados.
