Una de las banderas de batalla del gobierno nacional para este cuatrienio es lograr llevar el acceso a internet a la población rural. Para lograr ese objetivo, el gobierno correctamente ha identificado que es necesario la inversión por parte de los proveedores de bienes y servicios. Bajo ese pretexto fue que se incluyó dentro del texto de la reforma de la Ley TIC una extensión para el periodo de concesión del espectro, que fue extendido de diez a veinte años.
Ahora bien, es necesario analizar si la norma aprobada es coherente con el objetivo perseguido. El gobierno Duque parte de la premisa que los proveedores de servicios de telecomunicaciones no realizan inversiones para ampliar su cobertura debido a que diez (10) años es muy poco tiempo para obtener el retorno de dicha inversión.
La extensión del periodo de concesión del espectro presenta una mirada muy simplista acerca de la operación del sector. La negativa por parte de los proveedores de servicios TIC para realizar las inversiones necesarias que lleven a ampliar su cobertura está en sus modelos de negocio. El real quid del asunto es que no les es rentable expandir su operación a las áreas más apartadas del país. Nada tiene que ver el periodo de concesión con las inversiones en infraestructura.
Realmente, no existe una relación entre el periodo de concesión y la inversión realizada por parte de los proveedores de servicios TIC. Históricamente, lo único que ha servido para incentivar la innovación, la investigación y mejores condiciones para los consumidores es la libre competencia. La estructura del mercado actual es una estructura altamente proteccionista para los proveedores tradicionales, los mismos que se rehúsan a invertir con la finalidad de incluir en el mundo digital a las poblaciones más alejadas del país. Esto se ve materializado en la existencia de altas barreras de entrada que hacen muy difícil que aparezcan un nuevos actores en el mercado con propuestas de valor agregado innovadoras que generen un rompimiento con las lógicas vigentes en el sector.
Así las cosas, la norma que extiende el periodo de concesión del espectro obedece a razones completamente diferentes a las expuestas por el gobierno nacional. Tal vez dicha extensión en el periodo obedece a un lobby excesivo por parte de los proveedores tradicionales que buscan perpetuar su posición de comodidad en el mercado. Lo cierto en este caso es que dicha modificación al periodo no generará el efecto que el gobierno anuncia.
La expansión de la cobertura, el mejoramiento en la calidad de los servicios y dinamización del mercado de los proveedores de servicios TIC se logrará únicamente cuando se logre la reducción de las barreras de entrada existentes para la aparición de nuevos actores en ese mercado. Lastimosamente, la posibilidad de realizar una reforma estructural al sector TIC se dejó pasar. En lugar de buscar incluir dentro del mundo digital a la población que vive en las áreas más alejadas del país, se buscó perpetuar la hegemonía de unos pocos grandes proveedores de servicios TIC.
