En tiempos recientes, hemos visto cómo la llegada de la derecha a numerosos países europeos y la derechización creciente de Latinoamérica han planteado serios desafíos para la defensa de los derechos humanos.
En este contexto, uno de los temas más preocupantes es la expulsión de personas inocentes sin pruebas suficientes, lo que no solo es una injusticia, sino también una violación flagrante de los principios de derechos humanos y de las normas internacionales.
Una noticia que no ha sido desmentida advierte que los alcaldes de las ciudades de Bucaramanga, Arauca y Pasto, en donde se estrenaron nuevos gobiernos desde el 1 de enero, sus alcaldes han propuesto irracionalmente la expulsión de inmigrantes, léase, venezolanos en mayoría.
La expulsión de un individuo, sin un proceso justo y basado en pruebas sólidas, va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, la cual establece que todos tienen derecho a un juicio justo y a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículos 10 y 11). Otros alcaldes estarían pensando igual, desconociendo normas y socavando derechos ciudadanos.
La expulsión arbitraria afecta directamente estos derechos fundamentales, dejando a personas vulnerables expuestas a riesgos innecesarios e injustos. Olvidan, quienes así piensan, que la violencia en Colombia hace cinco décadas llevó a nuestros connacionales a refugiarse en países amigos como Venezuela y Ecuador.
Por norma general la expulsión de un extranjero debe estar vinculada a una condena firme por un delito, con una pena de prisión superior a un año. Este precepto busca garantizar que la expulsión no sea una medida arbitraria sino una consecuencia legal de una conducta delictiva comprobada.
Sin embargo, sustituir una pena de prisión por la expulsión debe ser una medida cuidadosamente considerada, para evitar errores judiciales que puedan derivar en graves injusticias. En mi opinión es una manera cínica de distraer la opinión pública en esas regiones y otros departamentos, donde la desigualdad y la exclusión ha lanzado a los ciudadanos al raponazo, la extorsión y el atraco.
Además, la xenofobia, definida como el rechazo u odio hacia el extranjero o inmigrante, exacerba estos problemas. La xenofobia puede manifestarse en formas diversas, desde un simple rechazo hasta agresiones graves e incluso homicidios.
A menudo, vinculada al nacionalismo exacerbado, la xenofobia no solo fomenta la discriminación étnica, sino que también debilita el tejido social, promoviendo la división y el odio. El genocidio y limpieza étnica que ocurre ahora mismo a manos del régimen israelí en la Franja de Gaza a los ojos del mundo parece no conmover la conciencia de los burócratas de las organizaciones internaciones como la ONU.
Es crucial recordar que la xenofobia es una actitud destructiva que debemos combatir para construir sociedades más inclusivas y tolerantes. Históricamente, diferentes civilizaciones y culturas han experimentado la xenofobia, generalmente alimentada por inseguridades relacionadas con el mercado laboral, la cultura y las crisis económicas.
En muchos países, la xenofobia se considera un delito y su antónimo, la filoxenia, es la actitud que deberíamos cultivar: la hospitalidad y el amor hacia los extranjeros.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes son claros en sus mandatos: la expulsión debe basarse en pruebas sólidas y no discriminatorias.
La expulsión arbitraria no solo viola estos tratados, sino que también pone en riesgo la vida y la integridad de las personas expulsadas, especialmente si enfrentan la posibilidad de tortura o trato inhumano en sus países de origen.
En conclusión, la expulsión de una persona inocente por ser extranjera es una grave violación de los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Es fundamental garantizar un proceso justo, evitar decisiones discriminatorias y combatir la xenofobia en todas sus formas. Solo así podremos aspirar a sociedades verdaderamente justas, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana.
