Si en verdad a César Gaviria, Juanita Goebertus y al magistrado Fernando Castillo Cadena les importara la estabilidad y solidez institucional colombiana, hace rato hubieran puesto el grito en el cielo ante el rol nefasto del Fiscal General Francisco Barbosa en el desempeño de su cargo. En su orden son expresidente de Colombia, directora de Human Right Watch y presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Suficientes razones existen para que lo hubieran hecho. Su parcialidad manifiesta hasta la desvergüenza en el proceso que se sigue al expresidente Uribe Vélez, por los supuestos punibles de manipulación de testigos y fraude procesal; su puesta del lado de poderosos empresarios de la basura en Bogotá, los hermanos Ríos Velilla, como de modo valiente lo denunció la fiscal del caso, Angélica Monsalve, a quien apartó del mismo, por haber conceptuado que los citados señores habían incurrido en delito contra la administración pública por haber sido favorecidos con la adjudicación de un contrato sobre recolección de basuras cuando un primo hermano de ellos era concejal de Bogotá, y decidió trasladarla al Putumayo; su falta de criterio y de independencia y su crasa parcialidad cuando la fiscal Amparo Cerón resolvió citar a declarar a Luis Carlos Sarmiento Angulo, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, por el escándalo Odebrecht, y la apartó del caso.
Cada uno de ellos tiene intereses en el asunto. El primero porque quiere cobrar venganza al presidente Petro por haber sacado a sus fichas del gabinete ministerial, la segunda para satisfacer su inveterada tirria antipetro expuesta en las campañas presidenciales anteriores y el tercero para no dejar ver que cometieron un monumental error al escoger a Barbosa para ese cargo. Curioso que la CSJ pretenda enterrarse con semejante sujeto de tan bajas calidades profesionales e intelectuales y de tan precaria ecuanimidad, invasor de funciones y opinador sobre asuntos gubernamentales que no son de su resorte.
No deben tomarse a la ligera estas persistentes y coincidentes declaraciones de personajes de la actividad política colombiana respecto del desempeño presidencial, con suficiencia amplificadas por los voceros mediáticos del gran empresariado. Buscan, sin duda, debilitarlo y aclimatar cualquier salida extrainstitucional o una disfrazada de emergencia nacional.
Pedir al Fiscal que cumpla sus funciones (artículo 250 de la Constitución Política) no puede ser motivo para armar un alboroto como el de las últimas horas por los tres personajes arriba aludidos, incluso si hubo un error en esa petición.
¿Dónde estaban los tres tristes compadres cuando el entonces presidente Duque exclamó que el expresidente Uribe era inocente dentro del proceso por fraude procesal y manipulación de testigos?
