La incapacidad que tiene el Estado colombiano y la sociedad en general, para darle valor a las luces rojas cuando se encienden y advierten sobre el peligro de que algo 'explote' literalmente, vuelve a demostrarse ahora. Se trata nada menos que de los abusos de muchas instituciones de educación superior que por falta de reglas claras, de controles adecuados, no son lo que deberían ser. Como no se trata necesariamente de universidades de élite, sino de aquellas cuyo desempeño afecta a clases medias, estas crisis recurrentes no reciben oportunamente el tratamiento adecuado y, cuando ya el daño puede ser irreparable, es que salen estos casos a la luz pública.
La existencia de universidades que se vuelven cotos de familia es una larga historia que no se ha querido reconocer a tiempo. La mala calidad de la educación superior en donde siempre son las mismas universidades las que sacan la cara por el país, es una realidad innegable. Las pocas exigencias para montar un cetro de educación superior también es algo de lo que se ha hablado por décadas. Pero la incapacidad del gobierno de frenar la proliferación de estas entidades, es un hecho que merecía de tiempo atrás un ajuste en las normas. Pero no. Se han dejado pasar los años y hoy, desafortunadamente, explotó esta bomba.
Y es bueno empezar por la institucionalidad local y regional. La debilidad de las secretarías de educación, la forma politiquera como se designa a sus funcionarios, la carencia de interés de los alcaldes y gobernadores por sus respectivos centros educativos universitarios, son una muestra de lo que sucede en las regiones, y lo más importante, evidencia lo que va a pasar cuando el posconflicto se maneje donde debe ser, en lo local. Todos los gobiernos, sin excepciones, han manejado lo regional de una manera similar al papá complaciente, quien con tal de quitarse el problema de encima, deja que los muchachos hagan lo que quieran. Mientras al gobierno se le garantice el apoyo político regional cuando lo necesita, que los municipios y sus gobernantes, se manejen a su manera.
Pero el problema se salió de curso. No se trata de las universidades de garaje que nadie finalmente toca, mientras familias enteras y grupos de estudiantes pierden totalmente sus recursos y su tiempo. Después de haberse sacrificado todos, para un mejor futuro de sus hijos, se encuentran que cuando se gradúan o no consiguen puesto dado que sus expectativas son superiores a la realidad, o ganan migajas por su mala preparación. Debe recordarse que los egresados de las universidades de élite son demandados en exceso tanto por el Estado como por el sector privado. Es una competencia inmensa que consolida las profundas desigualdades de nuestra sociedad por generaciones.
Lo que sucedió con la Autónoma del Caribe —que por fortuna ahora encuentra su rumbo gracias a un rector y su equipo que se han comprometido a esa tarea—, lo que ahora está en el centro del debate con la Universidad San Martín, la Rafael Núñez, entre otras, son hechos que exigen cambios fundamentales en el manejo de la educación superior, especialmente privada pero también pública, cuando es capturada por el clientelismo como en la Distrital en Bogotá. Son los sectores que más lo necesitan, los pobres y clases medias bajas, las que pagan los costos de la desidia del Estado y de la sociedad sobre estas situaciones. Y ojo, hay muchas más supuestas universidades, a nivel local, que son negocios multimillonarios de familias enteras que abusan de esos estudiantes y sus familias que caen engañados en estas entidades.
Llegó la hora de crear la Superintendencia de Educación Superior, o de Educación en general, porque lo mismo puede estar sucediendo en muchos colegios privados, que nadie vigila y que de nuevo son el negocio lucrativo de algunos. No hay derecho a que no se actúe de inmediato frente a este daño tan grave para las generaciones de jóvenes y niños que creen estar construyendo un buen futuro.
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