La historia de la empresa Triple A está plagada por los mayores escándalos de corrupción y desfalco por parte de directivos, grandes accionistas, empresarios, dirigentes políticos y exalcaldes, incluidas las tres últimas administraciones distritales por no haber impedido el saqueo, que ha significado pérdidas multimillonarias de dineros públicos. En síntesis, la compañía ponderada por algunos sectores como un ejemplo de eficiencia, se ha convertido en una verdadera “cueva de Rolando”.
En 1991 ante la crítica situación de la empresa y la pésima calidad del servicio de agua que prestaba la antigua EPM, el Estado se negó a aportarle más dinero, por ello mediante el Acuerdo 023 de ese año se autorizó al municipio de Barranquilla para crear una empresa mixta de servicios públicos para el servicio de agua, donde según su artículo 5°, los socios del sector público tipo A en ningún caso podían tener menos del 85% de las acciones y las del sector privado tipo B no podrían ser superiores al 15%.
El aseo fue el primer servicio entregado en concesión a particulares en 1994, quienes iniciaron actividades con los vehículos recibidos de EPM haciendo pingües ganancias, concesión que fenece el próximo 17 de noviembre y que debiera revertir a favor del distrito. Luego, en 1996 de forma irreglamentaria se quebrantó el Acuerdo 023, al permitir la creación de las acciones tipo C al socio calificado Inassa S.A., conformado en un 51% por la española Aguas de Barcelona y el 49% restante, el grupo Gerlein y con derecho a suscribir el 43,31% de las acciones de la compañía. Ese mismo día les entregaron la operación y la gerencia de la empresa a los españoles. Además se consignó una asesoría técnica para ser cobrada a los seis años.
Siguieron las tropelías en la empresa Triple A en el año 2000, como la prórroga de la concesión hasta el año 2033 (debía haber terminado en 2013) y el cobro del contrato de asesoría técnica correspondiente a un 4,5% de los ingresos totales mensuales de la compañía, asesoramiento que nunca se cumplió pero sí sirvió para engrosar los bolsillos de los directivos de Inassa S.A. en más de 80 millones de dólares (Edmundo Rodríguez Sobrino expresidente de Inassa y de la Triple A admitió ante la Fiscalía española que dicha asesoría técnica nunca se prestó). El gran negociado con la venta de las acciones de Aguas de Barcelona a empresarios criollos quienes al año le vendieron al Canal Isabel II a través de una empresa de papel creada en Panamá para no pagar impuestos en el país.
En el 2006 Inassa termina apoderándose del 82,2% de las acciones al estar impedido el distrito por Ley 550 de poder capitalizar como socio. El destape de los escándalos de corrupción en España de directivos y exdirectivos de Inassa en el marco de la Operación Lezo, donde afirman que financiaron campañas a la alcaldía de Barranquilla y a la presidencia de Colombia. Y la tapa de la olla podrida fue la aprehensión este año del exgerente de la Triple A, Ramón Navarro y otros directivos, por la celebración de contratos ficticios del orden de 27.879 millones de pesos. Todo este proceso de hechos aberrantes termina en la decisión del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de que la empresa Triple A quedaría bajo la administración del Gobierno nacional y el distrito, junto al embargo de las acciones de Inassa en poder de la SAE.
Ante esta serie de hechos y la citación para el próximo martes 16 de octubre de una asamblea extraordinaria de accionistas de la Triple A para nombrar la nueva junta directiva, representantes de las organizaciones firmantes se reunieron para exponer ante la opinión pública su posición como salida a la grave problemática existente en la empresa:
1. Exigir que se conozca toda la verdad en la empresa a través de una rigurosa auditoría forense.
2. Que se castiguen a todos los culpables involucrados sin excepción.
3. Devolución al distrito de las acciones perdidas de forma fraudulenta.
4. Resarcir a los usuarios y pequeños accionista por daños causados.
5. Rechazar a los candidatos propuestos por la SAE por no cumplir con los requisitos técnicos.
6. Respetar los derechos de los trabajadores.
7. Nombrar un representante de los accionistas minoritarios en la junta directiva.
* Asociación de Pequeños Accionistas de la Triple A - Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla - Indignados con los Saqueos en la Triple A.
