Desde el 2017, los exguerrilleros de Tallambí, Nariño, le habían pedido a la Unidad de Protección un esquema de seguridad colectivo. En esta zona, han quedado sitiados por la presencia del ELN y las disidencias Oliver Sinisterra. Su solicitud fue respondida en agosto de 2019, cuando la UNP encontró que se encontraban en riesgo extraordinario y les entregaría 2 camionetas blindadas, chalecos y seis escoltas. Pero solo hasta el 6 de abril de 2020 se dio la orden de implementar estas medidas.
Sin embargo, los cinco exguerrilleros no vieron ninguna acción de protección por lo que interpusieron varias tutelas contra la UNP. Estas llegaron al Tribunal Superior de Pasto, quien les dio la razón y el pasado 21 de abril le ordenó Daniel Palacio, director (e) de la UNP, implementar las medidas cuanto antes. La excusa de Palacio frente a la demora fue la contingencia del coronavirus, pero para los magistrados la omisión representaba "una falta de voluntad política".
Desde que se firmó el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados hasta la fecha 195 exguerrilleros, 20 este año y siete durante la cuarentena del COVID-19.
Esta fue la decisión completa del Tribunal Superior:
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