Luis Alfredo Ramos, como gobernador de Antioquia, fue quien en el 2007 le metió el acelerador a un proyecto que venía cocinándose por décadas en la ingeniería paisa. Álvaro Uribe, quien además es un viejo aliado político de Ramos, desde la presidencia le dio un gran respaldo y le entregó a Hidroituango grandes beneficios con el compromiso de que estuviera en plena producción energética a partir de 2018.
Sin embargo, Ramos cometió un pecado grave: no consultar el proyecto con los pobladores del Bajo Cauca antioqueño, que serian los más afectados por el proyecto y por la intervención del poderoso caudal del río Cauca en la zona. La excusa resultó casi penosa: "allá casi no había gente".
La decisión de escoger a EPM para ejecutar la obra vino después. El proyecto continuó con mucho impulso durante las gobernaciones de Sergio Fajardo y Luis Pérez a través del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA); este último ha tomado, desde la crisis de Hidroituango que comenzó el año pasado, una dura posición contra los operadores del proyecto la EPM, a quien le está pidiendo cuentas públicas.
Los organismos de control como Contraloría, Procuraduría y la Autoridad Ambiental finalmente están tomando cartas en el asunto.
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