Conocí a la hoy senadora del Centro Democrática, María Fernanda Cabal, en unas circunstancias muy particulares. Eran los comienzos de la década del 2010 y asistíamos a un foro de socialización de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), donde el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, presentaba las políticas de tierras y desarrollo rural del primer gobierno de Santos.
En ese momento la senadora Cabal fungía como presidenta de Fundagán, una fundación de bolsillo creada con el propósito de “visibilizar las denuncias de los ganaderos víctimas de la violencia”, y su esposo, José Félix Lafaurie, era el poderoso presidente de Fedegán.
La senadora estaba acompañada de dos “reclamantes de tierras”, que habían sido traídos desde el Urabá Antioqueño, donde se vivía un agudo enfrentamiento entre los llamados adquirientes de tierras de “buena fe” y los campesinos víctimas del desplazamiento forzado y del despojado de tierras.
La senadora y sus acompañantes se fueron lanza en ristre contra las comunidades de paz del Urabá (ganadoras del Premio Nacional de Paz) y contra el padre Francisco de Roux, a quienes acusaban de ser aliados de las Farc. Pero el incidente no paro ahí, sino que se fue transformado de moreno a castaño. De tal manera, desde ese momento pude comprobar que estábamos frente a una mujer literalmente avasalladora.
En esos años, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio -que se constituyó, a partir de la Ley de Víctimas, en el embrión de la Unidad de Restitución de Tierras-, con el apoyo de la comunidad internacional había logrado documentar el despojo de más de 115.000 predios rurales, equivalentes a 4 millones de hectáreas en 885 municipios.
Uno de los casos más emblemáticos tuvo lugar en la región de Tulapas, ubicada en el norte del Urabá antioqueño, donde las AUC con la abierta participación del Fondo Ganadero de Córdoba y Urabá habían consumado el despojo de cerca de 20 mil hectáreas, afectando a más de 120 familias beneficiarias de la reforma agraria.
Este caso se constituiría en el laboratorio del despojo de tierras en Colombia. Las AUC, bajo el mando de Carlos Castaño y su lugarteniente alias el alemán desencadenaron una espantosa operación de desplazamiento a sangre y fuego de los campesinos en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.
Luego, estos eran abordados por comisionistas y adquirientes de tierras de “buena fe”, que hacían parte del Fondo Ganadero de Córdoba, para que les vendieran sus tierras a Salvatore Mancuso y a varios de sus testaferros a precio de huevo.
Detrás de ese despojo figuran dos san benitos, un gallo y el presidente de Fedegán.
Los dos benitos de esta monstruosa historia son, Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo y exgobernador de Córdoba, quien relató ante la JEP las andanzas del señor J. F. Lafaurie y su estrecha relación con Salvatore Mancuso y el paramilitarismo de Córdoba.
El segundo Benito, es Benito Molina Velarde, un afortunado ganadero conocido como ‘el mexicano´, quién amasó una enorme fortuna durante los mismos años que crecía la influencia paramilitar en Córdoba. Cómo su tocayo, se acogió hace unos meses a la JEP para reducir su condena a cambio de la plena verdad.
Dentro de sus declaraciones, se relaciona la participación de Luis Gallo Restrepo, el otrora prestigioso financista cordobés, Bernardo Vega, el dirigente conservador Julio Manzur, y el poderoso presidente de Fedegán, en el horrendo proyecto de expansión del paramilitarismo en Córdoba y Urabá.
En el reporte del periodista Daniel Coronell se menciona la existencia de un borrador de documento que da cuenta de la operación del despojo de tierras en la región de Tulapas utilizando como mampara el Fondo Ganadero de Córdoba, bajo la famosa figura del “tercero de buena fe”, que comenzó a hacer carrera como el caballito de batalla de los esposos Lafaurie-Cabal para atacar la ley de víctimas y restitución de tierras. Una pareja perfecta.
En ese momento también se libraba otra gran batalla entre Fedegán y la recién creada Confederación Nacional de Ganaderos (CONFEGAN), por un lado, y por el otro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), por el control de los recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG).
El ministro de la época, J. C. Restrepo, con base en el Informe de Auditoria de la Contraloría General de la República (CGR), que daba cuenta de por lo menos ocho hallazgos fraudulentos en la administración de los recursos parafiscales por parte de Fedegán, inició un proceso de caducidad del contrato de administración otorgado mediante la Ley 89 de 1993 a Fedegán.
Los hallazgos se referían principalmente a: la falta de transparencia en el manejo fiscal y administrativo de los recursos del FNG y el acceso a la información pública; la ausencia de democracia interna y representatividad gremial de los pequeños ganaderos en la toma de decisiones de los Fondos Departamentales del Ganado y de los Comités de ganaderos; la confusión y poca transparencia entre los gastos del FNG y Fedegán; y los abusos en el uso discrecional de los datos personales de los ganaderos por parte de Fedegán.
Con las contribuciones parafiscales de los ganaderos colombianos, que en su momento ascendían a aproximadamente noventa mil millones de pesos anuales, los poderosos señores Jorge Visbal Martelo y José F. Lafaurie, habían decidido convertir al FNG en inversionista de la ineficiente y poco transparente empresa Frigoríficos Ganaderos de Colombia (FRIOGAN S.A.), poniendo en riesgo el patrimonio de los ganaderos, pese a las advertencias de la CGR.
Un segundo hallazgo de la Contraloría se refería a las dificultades en el acceso a la información pública y las inconsistencias en las cifras de los ciclos de vacunación y la compra de las vacunas.
Igualmente, varios comités departamentales de ganaderos habían hecho pública su inconformidad con la falta de representatividad de los pequeños ganaderos y la ausencia de democracia gremial al interior de Fedegán. Malestar que llevó a varios comités a retirarse de la Federación y formar rancho aparte en la nueva confederación de ganaderos (Confegán).
Otro hallazgo de la Contraloría se refería a la poca transparencia en el manejo de los gastos administrativos y las reiteradas confusiones entre las cuentas del FNG y la Federación. En un memorial de agravios levantado por Confegan, se señalaban los reiterados pagos de viáticos a los miembros de la Junta Directiva de la Federación por su participación en las reuniones del FNG.
En particular, se encontraron giros por montos cercanos a medio millón de dólares a las cuentas bancarias del expresidente Visbal en el exterior, sin ningún tipo de justificación.
Así mismo, Fedegán le hizo entrega de información personal de los ganaderos de Córdoba y otras regiones a los paramilitares, quienes la utilizaban para presionarlos electoralmente en la votación por las listas de sus candidatos.
Este conjunto de hechos delictivos fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y las autoridades judiciales, sin que hasta la fecha se hubieran adelantado las investigaciones correspondientes.
Solo ahora, con el concurso de la JEP y de las investigaciones adelantadas por la Comisión de la Verdad se ha comenzado a develar el entramado de corrupción y felonía que urdieron los esposos Lafaurie-Cabal. ¿También caerán?
Postre 1: El espectáculo mediático que armó el fiscal Barbosa para entregarle a la aturdida opinión pública el vertiginoso resultado de las investigaciones del crimen del reconocido estilista y su madre, habla bien de la fiscalía y muy mal del fiscal.
Postre 2: Las primeras reacciones del presidente de Fedegán de señalar que las acusaciones en su contra forman parte de una campaña de persecución de la izquierda, no solo demuestran lo atortolado que está, sino el cinismo de su convivencia con las convivir.
