Exasistentes de Piedad Córdoba también exigen indemnización

Andrés Vásquez Moreno, politologo barranquillero --cofundador de la Cámara de Comercio LGTBI y gestor de negocios radicado en los Estados Unidos-- y el abogado Ricardo Montenegro, activista político y director de la plataforma orgullo LGTBI --quien por cierto es la persona que la Procuraduría señala como destinatario de 25 millones de pesos enviados por Piedad Córdoba para financiar su campaña a la Cámara de Representantes en el año 2010, por lo cual cursa una inhabilidad contra ella de 14 años que la mantiene por fuera de la vida política electoral-- presentarán demanda en contra de la Procuraduría General de la Nación, ya que también se consideran víctimas en lo económico, político y laboral, así como de prácticas de matoneo, en ocasión del fallo de la Procuraduría que inhabilitó y destituyo a Piedad Córdoba por 18 años. Quien los representará jurídicamente será otro ex de Piedad, el abogado Diego Angulo, quien acaba de tumbar a Moisés Orozco de la Cámara de representantes y quien es celebre por defensa de minorías. Angulo es, además, cocreador de Chao Racismo y recientemente aspiró a la Alcaldía de Tumaco.

Andrés Vásquez, Ricardo Montenegro y Diego Angulo hicieron parte del círculo más íntimo de Piedad Córdoba (hay registros de varios eventos públicos y privados donde ella los consideraba como sus hijos). Ahora se encuentran separados de la exsenadora por distintos motivos: Andrés Vásquez sigue su vida como empresario y politólogo en los Estados Unidos; Montenegro es uno de los principales activistas LGTBI de Colombia y estudia la posibilidad de volver aspirar al congreso, mientras que Angulo es un destacado líder de las comunidades negras y seguramente volverá a aspirar a la Alcaldía de Tumaco.

Este es el texto escrito por Andrés Vásquez difundido a través de sus redes sociales:

JUSTICIA: Entre la indignación por la marcha homofóbica de esta semana y estar a control remoto con mi empresa, pasé por alto una noticia que hace justicia con Piedad Córdoba y todos/as los empleados del Senado que en ese momento trabajábamos en su Unidad Técnica Legislativa y que por el fallo ilegal emitido por la Procuraduría fuimos despedidos injustificadamente.

1. Fui removido de mi cargo sin justificación ante el fallo ilegal de la procuraduría que inhabilitó a Piedad Córdoba por supuestos vínculos con las FARC.

2. Durante 6 años fui víctima de la estigmatización derivada de ese fallo que nos trataba como terroristas a todos los que trabajábamos en su unidad legislativa.

3. Durante esos 6 años nunca pude volver a ser contratado por ninguna otra empresa o institución por el estigma que representó la sentencia ilegal. 

4. Durante 6 años sufrí un gran daño moral y psicológico que se extendió a toda mi familia.

5. Derivada de la sentencia ilegal que me removió de mi cargo, la persecución continúo por parte de los organismos del Estado que continuamente me acosaban por los supuestos vínculos terroristas, llegando incluso a llevarme preso de manera ilegal el día de mi matrimonio con una sentencia falsa.

6. Tuve que abandonar el país ante la constante presión y señalamientos producto de la sentencia de la Procuraduría.

7. Al momento de renovar la visa de EEUU, que había tenido sin ningún problema durante décadas, fui objeto de un proceso administrativo en el departamento de Estado de los EEUU. Todo derivado de la sentencia de inhabilidad que no solo cercenó mi derecho al trabajo sino que además nos cobijó a todos con la falsa etiqueta de guerrilleros y terroristas.

El daño moral, psicológico, laboral, político, social y económico que generó la sentencia ilegal de la Procuraduría, que no solo cobijó a Piedad Córdoba sino a toda su unidad legislativa, ha sido irreparable y nos ha perseguido implacable durante estos 6 años de estigmatización.

Se ha hecho justicia en un caso que a todas luces fue un montaje para impedir el avance de la Paz en Colombia, y la ceguera de quienes prefieren la guerra acabó con la carrera política institucional de Piedad Córdoba, pero también con la vida de quienes hacíamos parte de su Unidad Técnica Legislativa, directamente vinculada a la permanencia en el cargo de la Senadora.

Se ha hecho justicia, pero el daño moral, psicológico, Político, económico, laboral aun no se ha reparado y por lo tanto solicitaré mis derechos como ciudadano de bien, víctima del accionar ilegal de una institución del Estado.

Solicitaré, ante el cumplimiento de la sentencia que declara ilegal la condena que me removió de mi puesto de trabajo, a mi abogado DiegoAngulo, que me represente ante los tribunales para que todo el daño causado sea reparado lo antes posible.

Andrés Vásquez

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