Los riesgos de que los recursos fiscales del Estado y los dineros aportados por la comunidad internacional para la construcción de la paz se desvíen y paren en los bolsillos de inescrupulosos agentes de la delincuencia de cuello blanco son altísimos. Tal situación se ha presentado en otros casos extranjeros de finalización de conflictos armados. En varias experiencias internacionales los dineros de la paz terminan fortaleciendo las elites locales y regionales con mayor capacidad para acceder a sus fuentes en perjuicio de las comunidades agrarias.
La única manera de evitar las irregularidades es mediante la acción de los organismos de control y judiciales y con un sistema de gestión dotado de amplia fortaleza institucional y transparencia en cada uno de los procesos de inversión en los diversos campos de la implementación de los pactos de paz. Por supuesto, se necesita la acción permanente de control social de la sociedad civil a través de las veedurías ciudadanas y los comités de control ciudadano.
Se necesito la voz de alerta de varios gobiernos extranjeros (Suecia, Noruega y Austria) para que se destapara el oscuro ambiente por el que discurre la gestión de la materialización de los consensos alcanzados con las Farc para poner fin al prolongado conflicto bélico.
Las delegaciones diplomáticas advirtieron los problemas que se están presentando en la actualidad con un sistema de contratación espurio que se despliega en los términos del compadrazgo y el clientelismo arraigado en las redes del Estado colombiano, lo que propicia los sistemas de corrupción de intermediarios tal como lo documentó el Fiscal NH. Martínez.
La principal ganancia del debate en curso es la oxigenación de la información referida al complejo mecanismo institucional de gestión de la paz y a las fuentes financieras de la parte programática del posconflicto.
Así tenemos que el Fondo Colombia en paz es una gran bolsa con cinco fuentes que patrocinan buena parte de los proyectos que se acordaron en La Habana.
El mismo se estructuró como una mesa de cuatro patas. La primera, con autonomía de gasto, a cargo del Banco Mundial, con recursos de Suecia y énfasis especial en la Unidad de Víctimas. La segunda, representada por la Unión Europea (UE) para financiar proyectos sociales. La tercera, un Fondo Multidonante a cargo de Naciones Unidas, vinculado a la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sustitución de cultivos y programas de desarrollo con enfoque territorial de la Agencia de Renovación Territorial (ART), con más de $2,4 billones.
La cuarta tomó el nombre de Fondo Colombia Sostenible para administrar, a través del BID, las donaciones de Noruega, Suecia y Suiza, que suman US$200 millones, y un crédito de US$100 millones. Algo así como $900.000 millones destinados al apoyo de la creación de proyectos de agricultura sostenible y energías renovables. Es en este último componente donde la mesa del Fondo Colombia en Paz ha tambaleado, destapando una caja de Pandora de insospechadas magnitudes.
Hay que tener en cuenta en todo el esquema administrativo la operación del OCAD de Paz que coordinan en el Ministerio de Hacienda y del Fondo de Inversiones para la paz existente en el Departamento de Planeación Nacional.
En las proyecciones gubernamentales se ha previsto un monto equivalente a los 130 billones de pesos para respaldar las tareas del posconflicto durante los próximos 120 meses, cifra que se desglosa en 46,7 billones de pesos aportados por el presupuesto nacional; 37,8 billones del Sistema General de Participaciones; 19,7 billones del sistema general de regalías; 5,5 billones de las entidades territoriales; 11,6 billones de la cooperación internacional; y 8,3 billones de la inversión privada.
Con este dinero específicamente se financian los proyectos de varias agencias que creó el Estado para aterrizar los acuerdos, como la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTS) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre otras.
Hasta el momento (2018) y según el reporte de la pagina web del Fondo Colombia en paz se han hecho los siguientes gastos: En los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 160 mil millones de pesos; en el programa de sustitución 510 mil millones; en primera infancia, 20 mil millones; en reincorporación, 76 mil millones; en la Jep 45 mil millones; en la Sae, 5 mil millones; en recursos de contrapartida 4 mil millones; en tierras 25 mil millones; para un total de 654 mil millones.
A raíz de las denuncias y cuestionamientos internacionales y de importantes actores nacionales (ver columnas de María Isabel Rueda y de Mauricio Vargas en el periódico El Tiempo del domingo 8 de abril del 2018), el presidente Juan Manuel Santos ordenó que los procesos de auditoría a los recursos y proyectos en el marco del Acuerdo de Paz se hagan con mayor velocidad y con empresas especializadas en la materia.
El vicepresidente Óscar Naranjo tomó las riendas del asunto y anunció prontamente la contratación de una auditoría técnica del mayor nivel para que asuma el seguimiento de los gastos que busca tener una revisión técnica a través de empresas y agencias especializadas en el tema, con el fin de producir en las próximas semanas una Rendición de cuentas sobre la ejecución de los presupuestos de la paz. Además se están tomando medidas con la Secretaría de Transparencia para implementar mecanismos de prevención, un sistema de alertas tempranas y de identificación de vulnerabilidades para que la corrupción no afecte el proceso de paz.
Desde luego hay que señalar la trascendencia de las veedurías ciudadanas en todo esta situación, las cuales se resaltaron en el texto del acuerdo de paz, una de las cuales hemos constituido en la Personería de Bogotá como “paz posible” para hacer los seguimientos correspondientes.
Por supuesto en todo esto es fundamental que entre a operar el Sistema Integrado de información para el posconflicto /Siipo, creado mediante el Decreto 1829 de noviembre del 2017, el cual mostrará los movimiento financieros del posconflicto.
Esperemos que con todas estas herramientas a la mano el General Naranjo pueda impedir el fenómeno de la corrupción denunciado con los dineros de la paz.
