Desde la perspectiva económica, la estructuración de proyectos de inversión pública puede dividirse en dos grandes componentes. Primero, la evaluación financiera, que define las tasas de retorno privadas del proyecto y su atractivo para que distintas empresas privadas participen en el mismo. Segundo, la evaluación socioeconómica, que calcula de los beneficios económicos, sociales y ambientales que se generan para la sociedad en su conjunto. En Colombia, la nación optó por manejar los grandes proyectos de infraestructura a través de marco definido en la ley de asociaciones público privadas (1508 de 2012). Allí se establece que son requisito ambos tipos de evaluaciones. Esto debido a que los proyectos que la ley busca incentivar usualmente tienen un retorno financiero negativo a nivel privado, pero su retorno social puede ser bastante grande. Por lo tanto, le evaluación socioeconómica es una herramienta muy importante para decidir si el Estado debe participar e invertir recursos públicos en determinado proyecto.
Sin embargo, la implementación de las evaluaciones socioeconómicas en Colombia tiene grandes limitaciones que ponen en entredicho la utilidad de esta herramienta como insumo de política pública. Una evaluación socioeconómica intenta asignar valores monetarios a los beneficios y daños que el proyecto genera al conjunto de la sociedad. Beneficios tales como reducción de los tiempos de viaje, si es un proyecto de transporte; o mejoras en las condiciones de salud de salud, si es un proyecto de clínicas. También debe tener en cuenta los impactos ambientales y urbanísticos de tales intervenciones.
Muchos de estos beneficios impactan directamente nuestra calidad de vida, pero pocos de ellos pueden ser cuantificados a través de precios de mercado. Por esta razón una evaluación económica sólida debe estar respaldada por estudios técnicos serios que determinen el verdadero valor económico de los beneficios que se evalúan. Esto no ocurre en nuestro país.
En Colombia, los criterios utilizados en las evaluaciones de proyectos de infraestructura son usualmente distintos de un proyecto a otro. También asignan valores o precios económicos obsoletos o importados de naciones con estructuras económicas muy diferentes. En este contexto, la utilidad y eficacia de la evaluación socioeconómica como como guía para elegir entre alternativas de inversión que a en entredicho. Además, la posibilidad de manipulación de los beneficios que se analizan es evidente. Por ejemplo, el último estudio que evaluó los retornos socioeconómicos de metro de Bogotá utilizó precios económicos calculados para Venezuela y Francia, pero no valoró los impactos urbanísticos al comparar las alternativas subterráneas y elevadas, argumentando falta de datos. Así mismo, muchas evaluaciones continúan utilizando precios económicos publicados en un estudio de 1990.
Este problema puede generar valoraciones bastante atractivas, aún para proyectos promedio o con problemas. Las entidades encargadas de realizar la evaluación económica usualmente tienen también un interés directo en ejecutar el proyecto, o reciben presiones de organizaciones cuyos intereses particulares se beneficiarían del mismo. La experiencia colombiana nos dice que el Estado es fácilmente manipulable por estos intereses, que verán con bueno ojos la poca claridad metodológica de las evaluaciones económicas, hecho que ayuda a direccionar los recursos estatales hacia los proyectos que promueven.
Por lo tanto, es importante resaltar la necesidad de que el gobierno desarrolle un programa para actualizar la metodología de formulación de proyectos de inversión. Más aun cuando recientemente se anunció el nuevo paquete de proyectos de infraestructura 5G, que en su primera fase contempla inversiones por 17 billones de pesos, cifra comparable con el monto del paquete de ayudas para luchar contra el COVID-19. El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ciencias deberían liderar este proceso, contando con la participación del sector académico y científico del país que es el indicado para desarrollar y aportar los insumos que alimenten la metodología. Metodología que como mínimo debería constar de guías que detallen los impactos que toda evaluación económica deberá considerar y los valores económicos que reflejen la estructura económica colombiana. La actualización ayudaría a que estos y muchos otros proyectos aumenten su eficacia e impacto social, mediante la mejora de la transparencia y la imparcialidad con que son seleccionados y la clara definición de los beneficios esperados.
