En el año 2013, Eurípides Pulido Rodríguez, alcalde de Maicao (el puerto terrestre de mayor actividad, solo superado por el aeropuerto El Dorado en número de pasajeros y exportaciones), anunció en una reunión con los ediles y algunos presidentes de juntas de acciones comunales de la ciudad, que: “Yo no le acepto controles a nadie, no se lo he aceptado, no lo he permitido a los concejales y tampoco se lo voy a aceptar a ustedes los comunales, ediles”. La grabación se filtró, desatando desde entonces un pulso de poderes entre el burgomaestre y el concejo que hasta ese momento apoyaban en un cien por ciento los proyectos del alcalde. Escuchar grabación
Desde aquel día un grupo de 13 concejales constituyeron una mayoría opositora, para comenzar a rastrear todo lo que oliera mal en la alcaldía. Así, iniciaron una oleada de denuncias sobre supuestas irregularidades realizadas por la administración municipal. La respuesta fue inmediata; varios funcionarios de las diferentes Secretarías, iniciaron una lluvia de denuncias contra los cabildantes en la Procuraduría.
En efecto, la administración del alcalde Eurípides Pulido Rodríguez, ha sido denunciada ante la Procuraduría y la Contraloría, por haber gastado más de 60 mil millones de pesos de los recursos públicos del municipio, sin el lleno de los requisitos legales. Además, por haber ejecutado una desmesurada contratación sin contar con las facultades otorgadas por el cabildo, e incluso, de haber hecho artimañas para valerse de ciertos objetos de contratación para realizar otras acciones que no coinciden con lo objetado.
En suma, el alcalde se pasa por la faja lo que determine el concejo municipal. Es por ello que los concejales argumentan que el mandatario de Maicao está infringiendo las leyes: según los cabildantes la firma de contratos y convenios sin contar con facultades expedidas por el concejo, viola el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
Euripides ganó las elecciones de 2011 en una arrolladora votación con más de 27 mil votos. Lo hizo bajo las banderas del partido Cambio Radical, que en ese momento tutelaba en toda La Guajira, el hoy detenido Juan Francisco Gómez Cerchar, mejor conocido como Tío Kiko.
De hecho, el cabildo le solicitó un concepto a la Agencia Nacional de Contratación Pública, que maneja el portal Colombia Compra Eficiente, en donde se publican todas las contrataciones del Estado, para reconfirmar quiénes autorizan al alcalde respecto de la celebración de contratos. La respuesta fue certera: “La Constitución Política establece que corresponde a los Concejos Municipales la facultad de autorizar al alcalde para celebrar contratos (Numeral 3 del artículo 313). Siguiendo esta línea, la Ley 80 de 1993 señala que los concejos municipales y asambleas departamentales autorizarán a los gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de contratos (Inciso del artículo 25)”. Ante este concepto, los concejales expidieron una certificación de la secretaria general de la corporación edilicia en donde se aclara que no han aprobado ni autorizado al burgomaestre para celebrar convenios o contratos en la vigencia del año 2014.
De acuerdo con los concejales, los más de 60 mil millones que ha gastado Eurípides Pulido Rodríguez, lo ha hecho bajo la figura de contratación directa, llegando hasta el punto de hacer licitaciones, subastas y selecciones abreviadas.
Dentro de la celebración de contratos que ha hecho sin previa aprobación del concejo están:
- Más de 4 mil millones de pesos en el suministro de semovientes, insumos veterinarios y materiales de desarrollo agropecuario y artesanal para el apoyo a las comunidades indígenas del resguardo de la Alta y Media Guajira ($4,149,680,029)
- Más de mil millones de pesos en la pavimentación del barrio Centro ($1,118,574,019)
- Más de mil cuatrocientos millones de pesos en la construcción de redes eléctricas de los barrios Villa Luz, Villa Inés, comunidades indígenas de Kalaza, Wanapaimana, Ujurumana, Wararain, Wapana, y la sede educativa rural nuestra señora de Fátima ($1,428,549,739)
- Más de dos mil novecientos millones de pesos en el mejoramiento de vías a través de la construcción de pavimento rígido, reposición de pavimento rígido y recuperación urbanística en zonas urbanas del municipio de Maicao. ($2,934,941,524)
- Más de seis mil millones de pesos en el mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía Maicao - La Majayura en el municipio de Maicao ($6,295,146,447)
- Más de dos mil seiscientos millones de pesos en la asistencia nutricional al escolar y adolescente mediante el suministro de desayunos y almuerzos en centros e instituciones educativas oficiales en la zona rural y urbana del municipio de Maicao ($2,642,504,940)
- Más de ocho mil ochocientos millones de pesos en la construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías a través de la construcción de pavimento rígido en zonas urbanas del municipio de Maicao ($8,855,637,020)
Las denuncias de los concejales han sido inspeccionadas por la Red Nacional de Veedurías que en un informe reciente advirtió que: “Muchas de estas obras están atrasadas, inconclusas o paralizadas y hay un contrato por alimentación escolar que fue adjudicado a pesar que ya se está terminando el período escolar”. VER
El conflicto ha ido mucho más allá y se han presentado amenazas e intimidaciones, en forma individual y colectivas que llevaron el pasado 12 de septiembre a los concejales a asistir masivamente a la Fiscalía, donde entablaron denuncias penales contra ciudadanos indeterminados, por las amenazas e intimidaciones, que textualmente les llegan a sus teléfonos, en donde los conminan a aprobar los proyectos y facultades que presente el alcalde. “O se quedan quietos lo los aquietamos", rezaba una de las amenazas.
Los concejales también han denunciado que después de las tan nombradas y publicitadas 300 casas gratis que el gobierno Santos ofreció para Maicao, tan solo nueve han sido iniciadas, aunque la plata ya fue girada.
Hasta el momento en la Procuraduría cursan cuatro querellas, en la Contraloría tres y varias denuncias en la Fiscalía. Sin embargo, ninguna denuncia ha prosperado. El alcalde Eurípides Pulido Rodríguez, argumenta que las contrataciones las ha realizado bajo el amparo de la ley 1551 de 2012, que le da facultades a los burgomaestres para realizar dichas actuaciones sin el previo estudio y aprobación del concejo. Sin embargo, esta ley advierte que se faculta a los alcaldes a agilizar los procesos de contratación siempre y cuando el municipio enfrente casos de emergencia y desastres. Todo indica, entonces, que Maicao vive un desastre, porque el alcalde se ha escudado en esta ley para efectuar 43 millonarios contratos.
