Si bien la ética es un asunto de suma importancia porque está inmersa en toda actuación del ser humano, la ética en la política es mucho más trascendente. En ella se conjuga no solo pensar en el otro, sino construir democracia desde la actuación administrativa transparente de lo público. Para el caso colombiano superar los escándalos de corrupción como el caso Odebrecht, el engaño de David Murcia a través del lavado de dinero y esquemas piramidales o el cartel de los togados que ajustaban expedientes de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía a cambio de gruesas sumas de dinero, son actuaciones criminales que generan desconfianza y un vínculo de imitación social en la población que incrementa la cadena de crímenes, sobornos y de violencia cotidiana en todo el país. Romper con el clientelismo gubernativo y madurar una modernización estatal expresada en un mayor control y eficiencia de las elecciones a través de la Comisión Nacional Electoral (CNE) y de la misma Misión de Observación Electoral (MOE) como organización de la sociedad civil, es de suma importancia para una propuesta de debate nacional en la que se pueda pensar asuntos como la obligatoriedad del voto, el transfuguismo, la ampliación de la ley de cuotas, la reforma a ley electoral y de partidos políticos con inclusión a partidos minoritarios y otras expresiones sociales y ciudadanas que proponen transformaciones positivas para el país.
Colombia está políticamente limitada, por no decir atrasada. La ciudadanía está ávida de nuevas prácticas y liderazgos en los que a los gestores políticos se le exija públicamente responder, respetar y ceñirse al cumplimiento de los derechos humanos, sociales y constitucionales en la perspectiva de ampliar el panorama de lo que se conoce como democracia participativa. En este sentido, los proyectos de reforma política requieren mecanismos de aval del pueblo como constituyente primario y no meramente de su aprobación en el congreso. Para Stuart Mill y Jhon Grote, “el voto no solo es un derecho, sino una responsabilidad indelegable del ciudadano” por ello, hay que fomentar una pedagogía ciudadana electoral y fortalecer una educación crítica, donde sufragar sea una práctica política reflexiva de una ciudadanía educada que comprende que ejercer el derecho a votar es un acto moral de participación democrática y de virtud pública. Más ahora que se avecina meses electorales se insta a todos los ciudadanos a realizar un voto honesto, soportado en la libertad de elección política y aislado de la coerción u subordinación de castas o directorios de la politiquería que al engañar a los humildes votantes consiguen mancillar la democracia y mantener el control político como herramienta para perpetuar el poder que se transfiere a modo de linaje de una familia a otra o de padres a hijos.
Hay que despertar el interés público y de reflexión por el derecho constitucional a votar libre y soberanamente, elegir y ser elegido. De tal forma, que sufragar no se convierta en un interés privado capitalizado por los que hacen de la democracia electoral un festín económico y un poder perpetuo. El reto es hacer del ejercicio político un principio de dignidad, de libertad y de responsabilidad social, para hacer una política de lo ético y una ética de lo político.
