Según un informe de la Superservicios, la Costa Atlántica, con más de diez millones de habitantes, consume el 25% de la energía generada en Colombia y representa el 15% del PIB nacional. En noviembre de 2016, el déficit de caja de Electricaribe llegó a medio billón de pesos, el pasivo externo a $2.4 billones, y el pasivo pensional sin fondear, a $1.2 billones. Agrega la Súper que las interrupciones del servicio en 2016 fueron de 96 horas, cuando el promedio nacional fue de 38 horas y el de América Latina, 25 horas. El promedio de Estados Unidos y la Unión Europea se mide en minutos. Ahí se aprecia la falta de competitividad de la economía de la región en un renglón tan clave para el sector productivo y para la calidad de vida de la ciudadanía. Frente al colapso de Electricaribe, el gobierno decidió intervenirla aplicando el artículo 59 de la Ley 142 de 1994, idéntico a lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución española y similar a la de varios países miembros de la OCDE.
Gas Natural Fenosa, propietaria mayoritaria de Electricaribe desde diciembre del año 2000, nunca hizo las inversiones requeridas para mejorar la infraestructura obsoleta, con veinte años de atraso tecnológico, según los expertos en la materia. Todo lo contrario. La empeoró, ya que para hacer pingües negocios en el extranjero a costa de Colombia, desmanteló miles de kilómetros de redes de cobre, uno de los mejores transmisores de energía, y las reemplazó por aluminio de mala calidad. La trasnacional española está acusada además por la Contraloría General de la República (CGR) de inmensos desfalcos en detrimento del patrimonio público y de los usuarios. En cuanto al subsidio especial del FOES, la CGR tiene documentados hallazgos por más de $216.000 millones entre los años 2011 y 2017, faltando por investigar el periodo de 2004 al 2010, por lo que el faltante no entregado a las 400.000 familias de las áreas especiales podría sobrepasar los $300.000 millones. Ahora bien, la CGR también encontró desfalcos en los programas de normalización de redes (Prone) por $65.733 millones y en la electrificación rural.
La FDN del Banco Mundial impone aumentos tarifarios
El gobierno nacional, que sigue controlando la empresa luego de intervenirla con fines de liquidación desde noviembre de 2016, contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), controlada por el Banco Mundial y el Banco Sumitomo de Japón, para hacer un estudio sobre Electricaribe y estructurar una salida. La FDN se asesoró de la trasnacional MBA Lazard, acusada de turbios manejos en Europa, y del bufete Brigard-Urrutia, denunciada por favorecer intereses de élites colombianas en compra de tierras en la Orinoquia. Como nadie conoce esos estudios entregados a Superservicios en el mes de noviembre pasado, el diario El Tiempo filtró la semana pasada apartes de los mismos. ¿Cuál es la gran salida que proponen después de gastar tanta materia gris? Aumentar las tarifas. Textualmente: para poder enderezar la empresa quebrada, hay que “generar un escenario viable, con ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual y aportes del gobierno”. El mundo al revés. El capital financiero internacional pretende descargar la crisis en quienes no tienen nada que ver con ella, los paganinis de siempre, sin tocar ni con el pétalo de una rosa a los tiburones de Gas Natural Fenosa, responsables, junto con el gobierno, de una debacle que cada vez se agrava más.
Una salida integral a la crisis estructural
Diversos sectores sociales vienen planteando la necesidad de que se apliquen cuantiosas inversiones para mejorar la infraestructura y equipos, que podrían provenir de la nación y de los entes territoriales, bajo la condición de que sean capitalizadas acciones a su favor y no se conviertan en un fondo perdido, y que se proyecte una empresa mixta en el marco de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe. Una de las fuentes importantes de recursos es el Fondo Nacional de Regalías Mineras, así sea necesaria una reforma de la respectiva ley, ya que en 2017, la Costa movió $7.2 billones de dichas regalías.
Deudas de estratos vulnerables deben ser condonadas
Hace dos años, en una cumbre energética de la Costa celebrada en Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos adquirió como un compromiso de Estado condonar la deuda de $450.000 millones que, según Electricaribe, le adeudan 400.000 familias de las áreas especiales. Como otras tantas veces, Santos incumplió y la deuda sigue sin ser depurada. Ahora que se descubrieron desfalcos por más de $300.000 millones de GN Fenosa y que deben ser devueltos a los usuarios, según la CGR, la propuesta de Indignados con Electricaribe es exigir que la condonación sea un hecho con cargo a los detrimentos encontrados, después que dichas deudas sean auditadas debidamente.
