Resulta preocupante el panorama actual que nos reporta el diario El Pilón en el departamento del Cesar, con relación a las alarmantes cifras de deserción escolar, en parte, como consecuencia de la pandemia, y que sacan a la luz una realidad y problemática social que azota al país. Para 2019, el porcentaje de inasistencia fue de 5 %, mientras que durante 2020 aumentó de forma abismal a un 26 %. La pérdida de interés por el estudio en niños y jóvenes, acompañada de limitaciones económicas, dificultad para acceder a internet, y sus precarias condiciones de vivienda, ha obligado a la población escolar a buscar alternativas de supervivencia que distan mucho del deseo de querer aprender o estudiar.
La opción más viable y generalizada es el trabajo, no importa en qué, porque lo que cuenta en sí es el poder mejorar su calidad de vida. Llevar un sustento diario a sus casas que permita solventar sus necesidades básicas y las de sus familias al costo que sea, finalmente no es lo que quisieran, pero sí lo que les toca. La falta de oportunidades les cierra el camino y lo dificulta, como a los que intentan desplazarse de la zona rural donde viven, a la escuela del pueblo, sometidos a largas caminatas de sol y agua, expuestos al peligro latente por su condición de vulnerabilidad.
Bajo esta premisa, no se le puede exigir el máximo rendimiento a un niño que debe enfrentar todo tipo de vicisitudes para poder superarse como persona, y aun así, algunos lo logran. Es un decir común, que ‘el que quiere puede’, pero no es suficiente querer, porque el poder se acompaña de medios. Hacerlo posible es responsabilidad del Estado, encargado de “asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” —como consta en el artículo 77 de la Constitución—a través de políticas públicas sólidas que combatan el problema.
De momento, nos estamos enfrentando a una crisis social y educativa que debe ser contrarrestada con urgencia por los gobiernos locales, con estrategias perdurables, pues la situación trae como consecuencia altos índices de criminalidad, drogadicción y delincuencia, que es evidente en las calles.
Ahora que la crisis sanitaria parece estar controlada, es urgente volver a la presencialidad. Se necesitan de nuevas pedagogías, en las que el estudiantado encuentre motivación y deje de ver al colegio, solo como el lugar a donde va a pasar un rato más. Es deber de las instituciones combatir de raíz este asunto; una alternativa viable y de bajo costo es acudir a las bases de datos para establecer contacto directo con el estudiante y sus padres, saber cómo viven, en qué trabajan, cómo se sostienen, y así determinar las causas que lo llevaron a desertar, con el fin de brindar soluciones para que pueda retomar y culminar sus estudios.
La máxima gestión y eficacia de un gobierno se ve reflejada en los esfuerzos que hace por invertir en el capital humano de las personas, incluso desde antes de nacer. No podemos olvidar, que los niños y los jóvenes son las fuertes columnas del palpitante renacer del país, son la semilla de la esperanza, que debe germinar para el bien de la nación.
