En las últimas semanas se han manifestado una serie de amenazas de muerte y hostigamientos en distintas universidades públicas del país, la que más se ha dado a conocer a la opinión pública fue la ocurrida en la Universidad Nacional, donde haciendo alusión al profesor Miguel Ángel Beltrán, amenazan a un grupo de 13 estudiantes y 3 profesores, situación que ha escalado al punto de que algunas de estas personas han sido objeto de seguimientos, llamadas intimidatorias y otras modalidades de violencia contra su integridad.
La situación, aunque enfocada directamente contra un campo específico de las ideas, pone en riesgo la existencia de la universidad como tal, pues cualquier tipo de amedrentamiento y terror que busque acallar las ideas, sin importar las corrientes en las que se inscriban, es un ataque a la libertad de pensamiento, de expresión y pone en riesgo la libertad de cátedra e investigación. Ahora bien, es preciso preguntarse cuál es el contexto en el que las amenazas se generan, y que tipo de intereses hay en juego.
La universidad, entre los matices y aristas que presenta, resulta ser una institución fundamental para la pervivencia de los proyectos de nación, pues en esta se reproducen, replantean y producen los conocimientos legitimados o reconocidos como válidos para influir en la orientación del devenir económico, político y cultural de una Nación. Esta influencia no se hace manifiesta en la analogía de un oráculo consultado por una sociedad externa, sino también porque los profesionales, formados en la universidad para llegar a serlo, son quienes garantizan con su trabajo la existencia del resto de instituciones que conforman un Estado.
Se trata, entonces, de una institución que posibilita la reproducción ideológica que la estructura de la sociedad constituye en hegemónica, pero que, además, y por ello mismo, permite la cualificación de la mano de obra para el trabajo, de la tecnocracia que conforma la burocracia del Estado y de una parte de las élites que lo dirigen. Nos encontramos entonces con una de las instituciones más importantes para la existencia misma del Estado-Nación que conocemos, y que en estos sures se encuentra en la búsqueda de una modernidad prometida.
Ahora bien, al hablar de institución, por más abstracto que parezca o, por el contrario, por más mecánico que se suene el término, las universidades se constituyen en espacios donde confluyen las distintas gamas de ideas y apuestas surgidas en la sociedad, presentes allí no solo para exponerse y ser contempladas, sino para hacer parte de las batallas y pugnas de ideas, de los conflictos que hacen posible la existencia de una sociedad medianamente democrática, pues no se trata de ver a la institución universitaria como una estructura determinante sino que la misma se nutre y llena de particularidades por la acción de los sujetos diversos que la componen, de manera que la universidad existe si existen las ideas en sus más diversas expresiones. Por ello entre otras cosas, se precisa un alto grado de autonomía, para que sean las comunidades universitarias, en ejercicio colectivo, quienes definan los mecanismos para garantizar la conflictivamente creadora existencia de la diversidad de ideas y apuestas presentes en las universidades.
De esta manera, teniendo en cuenta que se trata de una institución ligada al proyecto de nación, y que el Estado colombiano se ha constituido en el marco de los proyectos económicos y culturales de algunas élites relacionadas, en el marco de la división internacional del trabajo, con élites globales, las universidades resultan ser entonces instituciones que requieren ser orientadas en consecuencia con estos proyectos, de manera que la autonomía y la democracia universitaria pueden convertirse en un palo en la rueda al expresarse en esta última corrientes contra hegemónicas que contrarían el proyecto de nación propuesto por las élites. En ese sentido, los organismos de dirección colegiada que componen las universidades públicas, cuentan con una presencia definitiva de los gobiernos locales y nacional, de manera que las decisiones que se tomen alrededor de las mismas sean consecuentes con las apuestas que en materia de educación e investigación tiene el gobierno.
Teniendo esto en cuenta, ¿es posible, entonces, hablar de la universidad como una institución que, aludiendo a su carácter académico, debe estar desligada de cualquier debate político? Es más: ¿es posible decir que la academia, la investigación y la ciencia en general se encuentran exentas de intereses de distinto tipo, entre ellos los económicos y políticos?, ¿o será que el discurso que pretende atacar las expresiones políticas inmanentes en el debate académico hace parte, consiente o inconscientemente, de una de las apuestas políticas alrededor de la universidad?
A inicios de la década de los 90, con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francis Fukuyama traería a la luz el concepto del “fin de la historia” para señalar que una vez terminada la guerra fría sucumbían también las pugnas ideológicas y políticas que ponían en tensión o en juego distintos proyectos históricos, de manera que el liberalismo se erguía triunfante en la totalidad del mundo para convertir a la economía de mercado en el régimen de verdad que ordenaría la sociedad dando fin a las batallas y las guerras. Este serviría entonces como uno de los discursos que surgirían para legitimar el avance y consolidación del neoliberalismo, al señalar que las apuestas políticas o las perspectivas ideológicas que se plantearan como alternativas al mismo, resultarían arcaicas y azuzadoras de “superadas violencias”.
El Estado colombiano haría parte entonces de aquella serie de estados latinoamericanos que, en el marco de las recomendaciones del consenso de Washington, entrarían en procesos constituyentes que buscarían la modernización de las instituciones y las leyes para facilitar entre otras cosas la flexibilización y el libre mercado que requiere el neoliberalismo. Así, Entre los sectores objeto de reformas se encontró la educación superior, surgiendo la ley 30 de 1992 entre otros. Ahora bien, un proyecto de país no es posible si no existen discursos que legitimen el mismo y logren calar en distintos ámbitos de la sociedad.
De esta forma, discursos como el del “fin de la historia” entrarían a hacer parte de esta amalgama de ideas que configuran el campo ideológico que sustenta la modernización neoliberal, trayendo consigo la subsecuente estigmatización de los partidos y apuestas políticas de carácter revolucionario como vestigios de instituciones caducas que conllevan a la violencia y los dogmas, y que estarían opuestos a una idea de progreso instalada como legítima. De esta manera, y como resultado de la fuerza que adquieren estos discursos en la sociedad, se empieza a consolidar también en las universidades, como centros del pensamiento y para la formación de los ciudadanos, la idea de una institución que debe ser administrada por tecnócratas bajo los lineamientos de una academia regida por estándares internacionales forjados en relación con las necesidades del mercado, y donde no tiene cabida la democracia, pues la tendencia es a la consolidación de una empresa que ofrece los servicios de educación e investigación, antes que la manifestación de un derecho ciudadano que aporte a la construcción de sujetos democráticos.
Sin embargo, no basta con las reformas y los discursos, no basta con el hecho de que los rectores designados por los órganos colegiados de dirección con que cuentan las universidades sean dignos exponentes de la apuesta por una “academia despolitizada”. Para lograr alcanzar el proyecto de universidad que buscan las élites, como en otros ámbitos, se ha hecho uso también de la violencia directa y del terror con el objetivo de continuar acallando esas voces incomodas que han sabido reconocer el carácter político de la academia y actuar en consecuencia. Es allí que aparece el ejemplo de las y los dirigentes estudiantiles asesinados, de las recurrentes amenazas y hostigamientos a las organizaciones y sus agremiados y la persecución a las y los profesores que asumen perspectivas epistemológicas incomodas para el establecimiento. Es pertinente recordar parte de uno de los panfletos amenazantes que dirigieron las Águilas Negras contra estudiantes y profesores de la Universidad Nacional:
“Para la gente de bien de este país los derechos humanos es tener el derecho a vivir sin la plaga que son ustedes, que no dejan desarrollar los proyectos para el bien de Colombia”.
Se empieza a consolidar entonces una idea relacionada con “el fin del fin”, que alude al hecho de que no existen proyectos de universidad y de país en pugna, sino “grupúsculos políticos” que trayendo la política a la academia tienen la apuesta de llevar a la misma al pasado contrariando la idea de progreso. Y así, en el marco de esta idea, aparecen también las amenazas y la persecución para anunciarle a las comunidades universitarias: en el proyecto neoliberal no hay cabida para el pensamiento crítico, para las organizaciones estudiantiles de izquierda, la universidad ideal es aquella donde sus estudiantes acuden silentes al aula de clase para adquirir el capital cultural que les permita salir a competir en el mercado laboral.
Sin embargo, a pesar de la idea que a diario empieza a ser aceptada, la universidad y la academia en general es expresión de los conflictos sociales que componen la sociedad, el discurso de la academia sin política y la universidad sin organizaciones políticas resulta ser parte de un proyecto de universidad específico, pues está inscrito en lo que sería el campo ideológico de la modernización neoliberal, una idea que existe y alrededor de la cual deben generarse las garantías para que quienes la profesan tengan el derecho de expresarla, pues la pugna y los conflictos de ideas son necesarios y dan vida al alma mater. Moriría la universidad si ocurriera que el dogma neoliberal o cualquier dogma sin importar la orilla política en que se inscriba se impusiera como única alternativa, pues la universidad debe ser siempre expresión de la diversidad, nodo critico de cualquier régimen, conciencia crítica de la nación.
