Canal de Isabel II, la empresa pública de gestión de aguas de la Comunidad de Madrid, no da su brazo a torcer y quiere, como sea, recuperar sus acciones en la Triple A que maneja el acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla. Contrataron hace un par de meses a una poderosa compañía de lobby cuyo contrato costó más de mil euros para hacer lobby con políticos, periodistas y líderes de opinión. La estrategia incluye relacionamiento con el gobierno, con entidades internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE o la Unión Europea y relaciones con lideres de opinión y medios.
Los españoles de la Triple A que formaba parte del grupo español Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios), salieron de Colombia en medio de un escándalo de corrupción que mandó a los directivos hispanos a la cárcel en su país, hecho que dio pie para que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, embargara las acciones del Gobierno. Estaba por delante también una acusación de la Fiscalía colombiana por corrupción dentro de Inassa y Triple A .
La pelea ya no es solo con el gobierno nacional porque el 3 de diciembre pasado, la SAE le vendió la acciones de la Triple A al distrito de Barranquilla y a dos empresas privadas propiedad William Vélez y la familia Daes, que hace poco desistieron de éstas y se las cedieron a la Alcaldía.
La Directora de la Agencia de defensa jurídica del Estado, la experimentada exfiscal Martha Lucia Zamora está al frente de la batalla jurídica que de perderse le significarían unos costos altísimos al Estado Colombiano.
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