Los datos proporcionados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 2022 revelan una realidad alarmante: 13,817[1] niños y adolescentes se encuentran internados en procesos de restablecimiento de derechos en Colombia.
Dentro de este contexto, uno de los derechos fundamentales que debe garantizarse es el acceso a una educación de calidad. Muchos de estos menores enfrentan necesidades educativas especiales, muchas veces vinculadas a experiencias previas de vulneración de sus derechos.
A pesar de la magnitud de esta problemática, se evidencia una carencia preocupante: la ausencia de una estrategia pedagógica específica que aborde las características y necesidades diferenciales de esta población.
Si bien el Ministerio de Educación ha implementado la Estrategia Pedagógica Multigradual en el marco del Decreto 2383 de 2015[2], orientada a garantizar la educación de los niños y adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), dicha estrategia se enfoca en atender las particularidades especificas de la población en el sistema de responsabilidad penal y no en las que presentan los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en de restablecimiento de derechos, y por esta razón no resulta ser la adecuada en el contexto de los internados de ICBF.
La ausencia de un modelo o estrategia que permita atender las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los internados, evidencia la necesidad imperativa de definir una estrategia educativa que tenga en cuenta las particularidades inherentes al proceso de restablecimiento de derechos, entre las cuales se encuentran los tiempos de implementación, así como las necesidades específicas y particularidades de los estudiantes en los internados, entre las que destacan la extra edad escolar, la repitencia, historiales de deserción y abandono escolar, así como las dificultades cognitivas derivadas de situaciones de vulneración.
Pese a la falta de una estrategia pedagógica específica, es vital reconocer las acciones significativas emprendidas por algunas autoridades educativas.
Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Institución Educativa El Carmen de Guasca han demostrado un compromiso ejemplar al establecer un equipo de docentes dedicados a brindar servicios educativos a las niñas y adolescentes internadas en la Organización Pro Niñez Indefensa (OPNI) en la zona rural de Guasca[3].
Esta iniciativa ejemplifica la importancia de la colaboración entre las autoridades educativas a nivel territorial y local para garantizar el acceso a la educación de calidad para todos los niños y adolescentes, independientemente de su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, es crucial subrayar que estas acciones a nivel local deben ser respaldadas por una estrategia pedagógica nacional específica.
La definición y la implementación de una estrategia pedagógica específica son pasos esenciales para abordar de manera integral las necesidades educativas de los niños y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos.
Esta estrategia no solo debe reconocer las particularidades y los desafíos únicos que enfrenta esta población, sino también garantizar su derecho fundamental a una educación de calidad como parte integral de su proceso de restablecimiento.
La necesidad de definir una estrategia educativa específica para niños y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos no puede ser ignorada.
Es fundamental que las autoridades educativas trabajen en conjunto con el ICBF para definir y implementar un modelo pedagógico que asegure una educación inclusiva y de calidad para todos los niños y adolescentes, reconociendo y potenciando iniciativas como la del Colegio El Carmen en Guasca.
Este es un paso crucial hacia el reconocimiento y la protección de los derechos de los niños y adolescentes más vulnerables de nuestra sociedad.
[1] ICBF, Boletín Estadístico Dirección De Protección Octubre 2022. Disponible en https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/619590_boletinestadisticooctubre2022_63869386.pdf
[2] DECRETO 2383 DE 2015 “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Educación”.
[3] La atención de las niñas y adolescentes de la Fundación OPNI se realiza con los docentes de la sede Pastor Ospina del Colegio El Carmen de Guasca.
