El 17 de noviembre de 2023, los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Heidi Baldosea, Pedro Díaz, aceptaron de manera excepcional el sometimiento del confeso paramilitar Salvatore Mancuso a la Justicia Especial para la Paz como sujeto incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004, lo que le abrió el camino a la libertad con restricciones de la que goza hoy.
La magistrada María del Pilar de Valencia García estuvo de acuerdo con el sometimiento de Mancuso a la JEP, pero salvó su voto porque no le pareció adecuado que la Jurisdicción Especial para la Paz no hubiera asumido la competencia total sobre los casos en los que estuvo involucrado y que todavía siguen en Justicia y Paz.
Para Valencia García, abogada de la Universidad de Caldas, con Maestría en Alta Gestión Ambiental del Instituto de Investigaciones Ecológicas, especialización en Filosofía de la Universidad del Tolima y en Derecho Administrativo del Externado, el hecho de que la JEP no tenga la competencia total, fragmenta las posibilidades de investigación, judicialización de estructuras macrocriminales al más alto nivel y por ende, hace más difícil develar la red criminal, que es lo que salta a la vista ante los ojos de las víctimas.
Adicionalmente, la magistrada salvó su voto frente al hecho de aceptar a Mancuso en la JEP porque no le permite a esa jurisdicción brindarle a la persona sometida beneficios tangibles y concretos especialmente relacionados con la libertad porque esa decisión queda absolutamente en Justicia y Paz y así a la JEP se le hace más difícil exigirle a Mancuso aportes a la verdad que es lo que más reclaman los miles de víctimas.
Valencia García tiene más de 15 años de experiencia, entre 2011 y 2014 trabajó como asesora jurídica en la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro de Cooperación al Indígena, fue directora de Asuntos Étnicos en Unidad Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas y profesional especializada en la Personería de Bogotá.
Los magistrados Heydi Baldosea y Pedro Díaz que votaron el ingreso de Mancuso a la JEP
Los magistrados Heidi Baldosea y Pedro Díaz votaron a favor del ingreso excepcional de Mancuso a la JEP y de su sometimiento, sin que ello implicara una decisión sobre su responsabilidad en los hechos en los que estuvo involucrado.
Aunque la JEP ha rechazado 1.700 solicitudes de sometimientos de exmiembros de grupos paramilitares, los magistrados Heydi Baldosea y Pedro Díaz consideraron a Mancuso como un sujeto funcional e incorporado materialmente a la fuerza pública entre 1989 y 2004, periodo en el que el comandante paramilitar ejerció un rol de bisagra con la fuerza pública y tuvo capacidad de establecer patrones de macrocriminalidad.
Al reconocer a Mancuso como bisagra, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que, como punto de conexión, tuvo el poder para “mover los hilos" de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango de los que solo se conocen públicamente algunos nombres hasta el momento.
Mancuso estuvo cuatro días en Audiencia Única de Aporte de Verdad en la JEP en mayo de 2023 por orden de la Sección de Apelación y con base en los datos aportados en la sesión pública y reservada, aceptaron su sometimiento sobre la base de que en lo declarado había elementos presentes, efectivos, suficientes y novedosos respecto a hechos que ya se conocían o que ha investigados la justicia colombiana.
En su relato, Mancuso dejó evidencias de que en la planeación y ejecución de la estrategia paramilitar que él siempre ha atribuido a Carlos Castaño (q. e. p. d.) también participaron altos mandos militares y policiales y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y hubo connivencia entre las fuerzas ilegales del paramilitarismo, las fuerzas políticas y los mandos militares y policiales de Córdoba.
Según los magistrados de la JEP, eso se evidenció en las menciones que hizo Mancuso sobre mandos de unidades militares, como por ejemplo el Batallón Junín, las brigadas XI y XVII del Ejército Nacional, la Secretaría de Gobierno de Córdoba y la Gobernación de Córdoba.
Mancuso lideró un vínculo con la fuerza pública que mantuvo incluso cuando hubo en los mandos de unidades porque en Córdoba, por ejemplo, existió una red criminal que no varió con los cambios en la fuerza pública por el rol de Mancuso como bisagra.
Mancuso participó en la planeación y ejecución de operaciones que eran exclusivas de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional o de organismos de inteligencia como el DAS, incidió en el nombramiento o en la remoción de agentes del Estado y tuvo capacidad de condicionar los procedimientos reglamentarios relacionados con el otorgamiento de licencias a las Convivir.
Adicionalmente, el excomandante paramilitar, entregó material de intendencia, tenía permisos de ingreso a instalaciones militares y capacidad de incidir para impedir capturas, como lo ocurrido en La Guajira con Rodrigo Tovar Pupo y también capacidad para alterar registros penales en su contra o en contra de otros miembros de grupos paramilitares.
La magistrada Heidi Patricia Baldosea Perea, abogada de la Universidad Libre, ha trabajado como defensora pública en Justicia Transicional, fue funcionaria en la Secretaría de la Mujer de Bogotá, investigadora jurídica senior del Centro Nacional de Memoria Histórica y consultora en la Procuraduría General de la Nación, entre otras.
