Un abogado les ha tocado conseguir a algunos altos funcionarios del Estado cercanos al presidente Gustavo Petro como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González o el director de la Función Pública, César Augusto Manrique por los señalamientos de acusados confesos en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Iván Cancino es el abogado del exdirector de Inteligencia, Carlos Ramón González; Mauricio Pava, el defensor del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; Miguel Ángel del Río es el apoderado del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco y también del embajador Carlos Romero.
Los abogados Alberto Poveda y Santiago Trespalacios asumieron la defensa de César Augusto Manrique, director de la Función Pública y señalado como uno de los cerebros de este entramado de corrupción. A la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz la representa el abogado Pedro Aguilar. Al parecer, el acuerdo tácito entre los abogados es que no haya una estrategia única de defensa de sus clientes, sino que cada uno camine por su lado, aunque sus defendidos se conozcan o sean amigos de tiempo atrás.
Quién defiende a quién
Los elegidos para esa tarea que no se ve nada fácil como consecuencia de las filtraciones, los señalamientos mutuos y la intensa búsqueda de los acusados por lograr beneficios de la justicia, son pesos pesados, acostumbrados a nadar en las turbias aguas de los intereses económicos y políticos cruzados:
Iván Cancino es el abogado de Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, fundador del Partido Verde y director de Inteligencia hasta cuando renunció a ese alto cargo después de que su nombre apareció en las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd y el exsubdirector, Sneyder Pinilla entregadas a la Fiscalía a cambio de un principio de oportunidad.
Apenas había aceptado su labor como defensor y Cancino ya la estaba ejerciendo a través de su cuenta de X para aclarar que la renuncia de Carlos Ramón González, jamás sería un acto de reconocimiento de responsabilidad, sino de altura política y personal.
Mauricio Pava Lugo representa legalmente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, después de que los exfuncionarios de la Ungrd afirmaron que había facilitado la gestión de recursos para la Unida y movido proyectos de congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
El penalista de la Universidad de Caldas, Pava Lugo, ha sido conjuez de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, asesor del gobierno para estructurar el proyecto de ley de sometimiento a la justicia y entre sus clientes también figuran el presidente Gustavo Petro para atender los requerimientos por el caso de su hijo Nicolás Petro Burgos y los exsenadores Roy Barreras y Armando Benedetti.
Como la mejor defensa es el ataque, el abogado Mauricio Pava Lugo ha dicho en medios que la supuesta reunión en la que Bonilla habría incidido en la destinación de recursos a la que aludieron los acusados de corrupción en la Ungrd se realizó cuando los carrotanques ya los habían comprado y respecto a los chats entregados a la Fiscalía, dijo que el Ministro no decide empréstitos de la Nación y el Ministerio solo entrega un concepto que no es vinculante.
Miguel Ángel del Río es reconocido por su gestión como abogado en varios procesos penales mediáticos como el caso del robo de una maleta con 7.000 dólares en la casa de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); la representación de la excongresista Aída Merlano condenada por corrupción y compra de votos y de la declarada víctima Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en el caso que por fraude procesal enfrente el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Ahora, el nuevo cliente del penalista es el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien desde que fue mencionado por los imputados en el escándalo de la Ungrd, anunció demandas contra sus acusadores por falso testimonio, fraude procesal, injuria y calumnia.
Ante la opinión pública y en defensa de su cliente, Miguel Ángel del Río ha dicho que Velasco estaba de viaje en la fecha que Olmedo López y Sneyder Pnilla afirmaron ante la Fiscal que el funcionario del gobierno de Petro había estado en un desayuno, circunstancia descrita por ellos para mencionarlo.
Del Río también es el apoderado de Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, que recurrió a sus servicios profesionales para defenderse de un supuesto tráfico de influencias por haberle pasado cuatro hojas de vida que Olmedo López le había solicitado y no tener nada qué ver con el comportamiento de un exasesor investigado con el que trabajó durante su paso por la Gobernación de Nariño.
Alberto Poveda y Santiago Trespalacios son los abogados de César Augusto Manrique, director de la Función Pública y en su defensa, los juristas han pedido que se les niegue cualquier beneficio jurídico a Olmedo López y Sneyder Pnilla y, por el contrario, rindan cuentas ante la justicia por lo que sería un fraude procesal.
Poveda es abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho, docente, exmagistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y director de Poveda Law Firm cargo al que llegó después de una carrera de diez años en la Rama Judicial donde empezó como escribiente de un Juzgado del Circuito.
Aunque es socio de Camilo Rojas en la firma Rojas Poveda Consultores & Abogados Asociados, Poveda también trabaja en llave con el abogado Santiago Trespalacios, un defensor que solo aspira a ser defensor y no a defenderse.
Pedro Aguilar es el abogado de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, señalada de entregar a congresistas millones de pesos en efectivo procedentes de la Ungrd y según el portal El Expediente, el curtido penalista representó al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno en el pasado cuando se involucró en el escándalo conocido como el cartel de la toga y después de haber sido extraditado a Estados Unidos, regresó al país y posteriormente, asumió la defensa de Sneyder Pinilla.
Hasta ahora y cuando este escándalo apenas comienza en los estrados judiciales, Aguilar ha dicho a los medios, en favor de su clienta Sandra Ortiz, quien también ha denunciado amenazas de muerte en su contra, que tiene evidencia de que la Exconsejera presidencial pagó con sus propios recursos la estadía en un hotel y tiene la trazabilidad de los temas tratados en una reunión con Olmedo López, Sneyder Pinilla y congresistas como Name y Calle a quienes les habría pagado.
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