Cambiaron la cúpula militar. El general Leonardo Barrero y seis más dejaron el servicio activo. Al primero, según el presidente Santos, no lo sacaron por actos de corrupción sino por unas declaraciones “irrespetuosas y desobligantes” y a los otros por omisión, pues estaban enterados de las irregularidades en las contrataciones y no hicieron nada por evitarlas.
Con los relevos se calmó el avispero, pero no quedaron resueltas las irregularidades, ni se respondieron las dudas de este bochornoso episodio. Al estilo Pambelé es mejor que los hayan sacado, a que siguieran reinando como si nada, pero no es suficiente.
Varios problemitas flotan todavía en el ambiente y quienes defienden el honor militar deberían entender que lo que hace daño no es que se conozcan las irregularidades o delitos que puedan haber ocurrido. ¡No! Lo que hace daño es precisamente que se den estas situaciones. El malo de la película no es el medio que dio a conocer los hechos, sino quienes los cometieron.
¿Cómo así que militares detenidos y acusados de un delito atroz como el de los falsos positivos, estén recibiendo contratos a dedo por parte de sus compañeros de armas? Al parecer se estarían produciendo varias violaciones legales y éticas:
1º Si los beneficiarios de los contratos mencionados en las grabaciones todavía no han sido dados de baja, es decir siguen vinculados al ejército, están impedidos para contratar con su propia institución. Eso sería equivalente a que, por ejemplo, a un secretario de obras públicas le adjudique la construcción de una carretera la misma alcaldía para la que trabaja.
2º ¿Por qué contratos de esos montos se entregan a dedo? ¿No habría por lo menos que hacer una convocatoria a varios proveedores para comparar precios?
3º En las grabaciones se habla de sobrecostos, entonces no habría que preguntarse: ¿entre quienes se están repartiendo las coimas para que se adjudicaran dichos contratos con precios más altos que los del mercado?
4º ¿Por qué un general de la República habla con un detenido en ese grado de familiaridad y solidaridad? ¿Acaso porque presume su inocencia o porque tiene miedo de que finalmente sea condenado y abra la boca?
5º Si uno de los detenidos está emparentado con otro detenido, como sería el caso del general Rito Alejo del Río, ¿no será que, además de carruseles de contratación, en el ejercito hay roscas y privilegios?
6º La expresión del General Barrero, cuando dice: “Aprovechen y únanse, hijueputa. Eso tiene uno que ser inteligente. Yo no lo puedo hacer, pero ustedes sí porque ustedes son los afectados (...) Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”, ¿no podría tipificarse como una incitación al delito, en especial porque propone que se actúe así contra la Fiscalía General de la Nación?
Estas y muchas otras dudas quedan flotando después de las revelaciones de la revista Semana, que seguramente se reserva para darnos más y más grabaciones como lo hizo en la época del Proceso 8000, cuando aparecían cada semana nuevos y tristes episodios de corrupción.
Sin embargo el presidente Santos y su ministro Pinzón nos despacharon con un cambio de cúpula y la defensa anticipada de la inocencia y el honor del general Barrero, cuando lo que el país requiere es rescatar el honor y la credibilidad de las Fuerzas Armadas de Colombia, tan duramente golpeadas con estas revelaciones.
Uno siente como si los implicados nos hubieran escupido intencionalmente en la cara y después se disculparan por salpicarnos con un “estornudo involuntario”. Nada de eso señor presidente, no fueron meras declaraciones “irrespetuosas”, fueron hechos graves, mucho más graves de lo que usted parece darse cuenta.
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