La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, dictó una Sentencia final el pasado 13 de julio frente al caso relativo a la “Cuestión de Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 Millas Náuticas de la Costa Nicaragüense”.
En cabeza del Dr. Eduardo Valencia, la Dra. Carolina Olarte y la Bióloga Elizabeth Taylor, Colombia salió victoriosa y le fueron otorgadas todas las pretensiones, negándole al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la posibilidad de explotar económicamente los recursos del subsuelo marino de nuestro país.
Es el fin de una saga judicial en donde Nicaragua fue por todo, incluyendo las Islas de San Andrés y Providencia, y si bien, perdió esa petición, gano otras, pues la corte le otorgo un área de 75. 000 km² de aguas que pertenecían a Colombia.
La pérdida de la soberanía territorial y espacios marítimos de un estado, son un asunto de seguridad nacional, pues atañen directamente a la supervivencia de la población y los recursos para su subsistencia, originando tensiones internacionales o incluso conflictos bélicos.
Los principales beneficiados del triunfo son los raizales, población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, si el fallo hubiese dado como ganador a Nicaragua, se perderían cerca de 10.000 empleos, especialmente en la pesca.
Por otro lado, a la luz del derecho interno, la única forma de que este asunto quede resuelto -definitivamente- es la vía diplomática. Se debe negociar un tratado, pues los límites con Nicaragua aún no están trazados oficialmente.
Lo anterior es clave, pues son los embajadores quienes gestionan estas controversias, se requieren unos conocimientos técnicos en relaciones, diplomacia y derecho internacional fundamentales. Por tanto, debemos seguir insistiéndole al Gobierno sobre la importancia de nombrar gente calificada allí, tenemos mucho que perder, y Nicaragua todo por ganar.
Expertos como el Dr. Fabián Cárdenas, miembro fundador de la Academia Colombia de Derecho Internacional (ACCOLDI) y profesor de la Universidad Javeriana, hablan de la necesidad imperiosa de una “Gobernanza Marítima de Colombia en el Caribe”.
En otras palabras, una apuesta integral para la gestión de los asuntos caribeños. Empezando por una comisión técnica para definir la ratificación de la Convemar, temas de patrimonio cultural como los galeones, la exploración de hidrocarburos ante una posible crisis energética, aduanas, asuntos migratorios y por supuesto, narcotráfico.
Todo ello, bajo la tesis de una “política jurídica exterior de Estado”, lo cual es vital si queremos que se cumpla con los objetivos trazados en cada mandato presidencial.
Dado que, sin la presión de una ley constitucional dentro de sus funciones, los mandatarios de turno cambiarían el proceso y enfoque de la política exterior cada 4 años, dejando atrás temas estructurales que llevamos décadas sin tratar, y que, por el peso político de la historia e ignorancia en la rama, ningún gobierno se ha atrevido a resolver.
