La estigmatización de sectores políticos de derecha, grupos económicos y de poder social contra las fuerzas de izquierda e independientes comprometidas con el proceso de paz se debe a la preocupación que les genera el alto nivel de reconocimiento que han ganado en la opinión pública los aspirantes a la presidencia de la República de esta franja política, ocupando los primeros puestos en las encuestas de opinión y de intención de voto. Advierten sobre “el peligro que representa la llegada de un gobierno diferente a los que tradicionalmente han gobernado al país durante los últimos años, insinuando que colocaría en riesgo la propiedad privada y el modelo económico actual, instaurando un gobierno de corte castrochavista”. Estas afirmaciones hacen parte de las mentiras y guerra sucia que empieza a caracterizar la actual contienda electoral.
La historia de Colombia en materia de participación política de los sectores de izquierda o pensamiento social y humanista ha sido trágica. 5 candidatos presidenciales asesinados: Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, de ascendencia liberal, pero alejados de las prácticas políticas tradicionales de esa colectividad; Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, candidatos de la Unión Patriótica, movimiento fundado en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancourt y las Farc- EP, exterminado con el asesinato de más de 5000 de sus militantes y finalmente Carlos Pizarro Leongómez, candidato de la desmovilizada guerrilla del M19; todos aspirantes con grandes posibilidades de alcanzar la primera magistratura del país.
Durante los últimos 87 años Colombia ha sido gobernada por 10 presidentes de origen liberal, 6 conservadores, Álvaro Uribe del Centro Democrático y Juan Manuel Santos, del Partido de la U, ambos beneficiados por la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial, ocupando por dos periodos consecutivos la presidencia de la República. Esto nos indica que en Colombia nunca hemos tenido gobiernos de izquierda o de sectores políticos que se identifiquen con una política de transformación de la sociedad, con mayor equidad social, de ruptura con la corrupción, el clientelismo y el favorecimiento a las élites sociales y empresariales, en detrimento de la calidad de vida del resto de los colombianos.
La izquierda y los movimientos alternativos no son responsables de la crisis social que afecta al sistema de salud, a partir de la Ley 100 que la convirtió en un negocio rentable para el sector privado en detrimento en la calidad y prestación del servicio a los ciudadanos; o las desigualdades existentes con la reducción de la inversión social, afectando programas de beneficio para la población más vulnerable; las reformas económicas implantadas dirigidas a beneficiar el crecimiento económico del sector privado y financiero en afectación a los ingresos y calidad de vida del resto de la población; la corrupción desmedida en el sector público y un sistema político excluyente, que actúa mas en beneficio de las colectividades políticas tradicionales, limitando la participación de los nacientes movimientos alternativos y sociales.
En países de América Latina, como Uruguay y Ecuador, han gobernado sectores democráticos y de izquierda, que a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, impulsaron políticas sociales dirigidas a los sectores más pobres de la población, sin afectar a la propiedad privada ni el modelo de desarrollo económico existente, pero entendiendo que la base de sus gobiernos era implementar una política de justicia social, basada en la solidaridad, la redistribución equitativa de la riqueza, priorizando la inversión en sectores como la educación, salud, vivienda y programas para le generación de empleo e ingresos, bajo un principio “hacer uso responsable y transparente de los recursos públicos”.
El señalamiento a las nuevas fuerzas alternativas está basado en mentiras y especulaciones, desconociendo los fundamentos de su propuesta política de lucha contra la corrupción y de transparencia en el manejo de lo público, en el entendido que al poder no se llega para saquear el presupuesto del estado enriqueciéndose o favoreciendo a sus benefactores, sino que se llega a gobernar para el conjunto de la población, implementando políticas que mejore sus condiciones de vida, de pleno respeto a los derechos humanos y sobre todo para construir una cultura de paz que nos permita ser tolerantes para convivir en medio de la diferencia, con plenas garantías para el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos.
