El cambio fue drástico. Hace cinco años Dirnely era conocido como “Jacinto Matías”, andaba con traje camuflado, equipaje de campaña y recorría las montañas del Cauca. Tenía un brazalete de las Farc. Tras el acuerdo de paz, se trasladó a Cali. Con él, su compañera Aracelly y un niño de once años. Residen en el barrio Mojica II. No carga armamento sino una chaza con dulces y cigarrillos.
“Por más que me esfuerce, con un solazo el verraco, no gano más de quince mil pesos diarios que debo distribuir para el pago de arriendo, servicios básicos y comida para la familia. Con esos pocos recursos no sobrevive nadie. Mi compañera hace oficios en casas o lava ropa, y aun así, no nos alcanza”, admitió con desconsuelo el día que acudió a la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca, en busca de ayuda.
Le explicaron que hay proyectos productivos en zonas rurales de Tuluá y Sevilla, otrora golpeadas por el conflicto armado y que, para generación de empleo urbano no hay recursos. Se fue para la Alcaldía de Cali y tampoco. Comprensible: la situación con los reincorporados es gigantesca.
Al igual que centenares de excombatientes, se encuentra ante una disyuntiva: seguir librando la batalla en el asfalto ante la negativa de las empresas a darles empleo debido a su procedencia o volverse al monte. “La guerra fue lo que aprendidos, y ahora que queremos la paz, nos cierran las puertas en la cara.”
Su pesimismo se asienta en el panorama que cada día luce más oscuro. Además, es consciente que en el semáforo donde vende bananas, cualquier día se puede parquear una moto y escuchar una balacera, en la que probablemente el protagonista sea él, y sus seres queridos queden desamparados.
Muertes en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado
El informe anual de la ONU para los derechos humanos correspondiente al 2018, resalta dos elementos que resultan lesivos a la implementación del proceso de paz: el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y la escasez de recursos para generar proyectos de producción.
En 17 páginas se resalta el deber que asiste al Estado de impulsar cambios sostenibles para que la población pueda acceder al disfrute de los derechos humanos. Sólo de esta manera podrán sentarse las bases de una paz estable y duradera.
El año pasado fueron asesinados 110 defensores de derechos humanos. El 27% de ellos, vinculados a procesos indígenas y afro. Se produjeron, principalmente, en Antioquia, Cauca, y Norte de Santander. Los lugares de ocurrencia: zonas rurales donde se dieron situaciones de conflicto armado.
“Parte de la sorpresa que hay en la comunidad internacional y nacional, es por qué después de firmar un acuerdo de paz se incrementan las amenazas, los asesinatos y durante tres años seguidos. Pero es parte de la complejidad de la situación de Colombia que a diferencia de otros procesos como El Salvador y Guatemala donde era un solo grupo armado, pero además la falta de presencia del Estado, y lo hemos dicho en el informe, de la tardanza en implementar aspectos claves de los acuerdos, sobretodo en el ámbito de paz”, advirtió Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia en una nota que difundió la agencia de noticias Colprensa para los diferentes medios nacionales.
En el 2018 se encontró que en el 66% de los casos de asesinatos de líderes tendrían relación con la denuncia de criminales, efectos de la violencia y en el peor de los casos, por sustitución de cultivos ilícitos, especialmente en los departamentos de Cauca y Putumayo.
Ser excombatiente, ligado a la estigmatización
La principal causa de la muerte de excombatientes, es la estigmatización. En el 2018 fueron asesinados 87 de ellos. No pasa una semana sin que reciban amenazas, es decir, aquellos que se han visibilizado en sus regiones.
“Acá muy pocos saben que estuve en las filas guerrilleras, porque le aseguro que ni siquiera me comprarían los dulces o los cigarrillos. Es que para muchas personas, el que uno hubiese sido guerrillero es tanto como si fuera portador de una enfermedad contagiosa. Esa estigmatización es la que nos está matando.”, asegura Dirnely, quien llega cada mañana a moverse entre los semáforos que circundan el complejo educativo del Nuevo Latir, en el oriente de Cali.
El problema se siente con mayor rigor en el Valle del Cauca, hoy por hoy uno de los departamentos con mayor concentración de venezolanos trashumantes y hombres y mujeres que hasta hace algunos meses estuvieron en las filas insurgentes. Llegaron confiando en nuevas oportunidades, pero hasta el momento no han podido colmar todas sus expectativas.
Sobrevivir es un milagro
La “Caracterización de la población reincorporada del Valle del Cauca” entre diciembre 2018 y febrero de 2019 arroja como resultado que el 54 % del total de 368 excombatientes registrados en la región por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización no nació en el departamento, pero hoy habitan, especialmente, en los estratos 1 y 2 de los municipios de Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Dagua y Tuluá, aunque en general hacen presencia en 22 municipios. De ellos, el 49,3 % tiene intención de quedarse “para siempre” en el Valle del Cauca.
De igual forma, del universo de reincorporados, el 79 % son hombres y el 21 % mujeres. El 33,3 % se reconoce como afrocolombiano y el 12,4 % como indígena. Además, el 20 % reporta algún tipo de discapacidad y el 51 % estuvo en la cárcel por cuenta de su vinculación con la extinta guerrilla.
Hasta allí, las cifras frías, todo más o menos aceptable. Lo grave del asunto son las condiciones en las que sobreviven. Lograr superar sus difíciles condiciones cada nuevo amanecer, es un milagro.
De cada 100 excombatientes, 72 residen en las principales ciudades del departamento. Veintiocho de ellos prefieren quedarse en zonas campesinas, como las de Jamundí, Cali, Buga, Tuluá y Sevilla.
La Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle tiene varios proyectos productivos en acción conjunta con el Programa de Naciones Unidas, la Fundación Paso Colombia y las Alcaldías, pero es evidente que el esfuerzo es grande aunque insuficiente para lo que se requiere. Cada día parecen llegar más exguerrilleros al territorio.
También por estos lares han muerto reincorporados. Un caso específico es Wilson Saavedra, quien fuera parte de la comandancia de las Farc, estaba inmerso en un proyecto productivo en el corregimiento de Venus, en Tuluá, pero fue asesinado en un establecimiento público al que lo citó alguien.
Un futuro incierto
Dirnely no sabe hasta cuándo venderá dulces en los semáforos. Vive la incertidumbre de saber qué pasará mañana. Y cuando escucha que hay todavía quienes están empecinados en volver trizas el acuerdo de paz, piensa que junto a su compañero y su hijo probablemente no verán esa Colombia en armonía por la cual lo apostó todo, incluso su vida y sus sueños.
Como él, decenas de excombatientes que siguen aguardando qué pasará después de agosto, cuando vence el tiempo base fijado por el gobierno para que ellos tuvieran definido su horizonte laboral.
