Es claro que la primera y verdadera encuesta presidencial será la de este 11 de marzo: ante un panorama de falta de credibilidad en los resultados de las encuestas y una aparente alza del voto en blanco, las elecciones legislativas y las consultas medirán cuál es la fuerza política real de las distintas facciones políticas que compondrán el Congreso y su margen de maniobrabilidad. Estos resultados, de uno u otro modo, tendrán incidencia en la fuerza política de los candidatos presidenciales.
Como extraño en la política colombiana, los vientos de renovación del Congreso no son prometedores. Según una nota publicada por La Silla Vacía [1], "las listas de los partidos están llenas de caciques, hijos de caciques y políticos tradicionales. Pero sobre todo, repitentes". Sus datos son los siguientes:
— 69 de 102 senadores buscan reelegirse —67.64% del total del Senado—.
— 85 de los 166 representantes de la Cámara buscan reelegirse —51.2% del total de la Cámara—.
— 33 representantes de la Cámara buscan dar su salto al Senado.
— "134 candidatos son políticos de carrera o herederos de políticos".
Por si fuera poco, el tarjetón electoral de La Silla Vacía [2] arrojó que los candidatos al Congreso que heredan votos de personas condenadas, 54 en total, se distribuyen así:
— 13 candidatos de Cambio Radical.
— 10 candidatos del Partido de la U.
— 8 candidatos del Centro Democrático.
— 7 candidatos del Partido Conservador.
— 6 candidatos del Partido Liberal.
— 6 candidatos de Opción Ciudadana.
— 3 candidatos de afrodescendientes.
— 1 candidato del Polo Democrático.
Es decir, si estos 54 candidatos que heredan votos de personas condenadas llegaran a obtener su curul, un 20% del Congreso sería controlado por ellas. Ni hablar, por supuesto, de candidatos que heredan votos de personas investigadas penalmente, tienen investigaciones penales o "ruidos". Cada quien puede hacer el ejercicio.
Si los Progresistas de Petro o personas afines a su proyecto no votan masivamente por la lista de Decentes o de los progresistas que se encuentran en el Polo o la Alianza Verde, una eventual presidencia de Petro tendrá serios problemas de gobernabilidad. Los congresistas hacen política pública mediante proyectos de ley, que, una vez aprobados, el ejecutivo debe implementar a través de actos administrativos. El ejecutivo puede presentar iniciativas legislativas, pero su aprobación en últimas depende del Congreso. Así que la renovación del Congreso será un factor crucial. Es el mismo caso del otro outsider —candidato alejado del establecimiento político—, Sergio Fajardo, quien medirá la fuerza del fajardismo en el Congreso con su candidato Iván Marulanda [3].
Las dificultades que tendrían Petro y Fajardo para gobernar se explican porque el Congreso colombiano ha sido históricamente clientelista. El ejecutivo ha estado acostumbrado a influir en las decisiones del Congreso mediante la lógica del "si tú me apoyas, tendrás puestos burocráticos o acceso a recursos económicos" —la famosa mermelada, practicada tanto por Uribe como por el expupilo de Uribe, Juan Manuel Santos [4]—. Este intercambio de favores, cimentados en maquinarias electorales que se sustentan en la misma lógica, es uno de los caldos de cultivo de la corrupción. Si alguno de los dos candidatos más alejados de estas estructuras clientelistas —Petro o Fajardo— llegara a la presidencia, tendrían que: o bien acomodarse a esta lógica clientelista para poder gobernar —y reducir así la radicalidad anticorrupción de sus reformas—, o irse de frente contra un Congreso que boicoteará sus iniciativas legislativas y perder de ese modo márgenes de gobernabilidad.
Considerando lo anterior, una baja votación de sus candidatos al Congreso incidirá de una u otra forma en la viabilidad de sus candidaturas presidenciales.
Sin embargo, a menos que la impopularidad del Congreso se materialice en votos que castiguen a los partidos tradicionales y apuesten a propuestas políticas alternativas, parece ser que el Congreso no se renovará sustancialmente y las mismas estructuras clientelistas de siempre, sin importar cuántas condenas o investigaciones pesen sobre sus hombros, seguirán haciendo las leyes en calidad de "representantes del pueblo".
En todo caso, la composición del Congreso dependerá de los colombianos, de los que votan y los que no: del que vende su voto por permanecer en su puesto de trabajo o del que no vota porque no cree en el Estado liberal.
¿Colombia echará a rodar su dado viejo ya roído o pondrá a rodar uno nuevo? La suerte está echada.
