Los políticos van y vienen, dejándole al pueblo los problemas que en su mandato no resolvieron. Quienes pagan las consecuencias son aquellos de alguna manera visibilizan sus provincias, ya sea denunciando y escribiendo en redes sociales lo que el Estado en su compleja insuficiencia no detecta.
Al tapar con argucias y estigmatización a líderes sociales y promotores de derechos humanos quedan en tela de juicio, ante la opinión nacional, hechos que suceden a diario, especialmente en provincias, y aún en la Bogotá de todos.
Debemos, señores del gobierno, evitar mancillar la honra y buena conducta de quienes lideran una comunidad o establecimiento en las distintas regiones, porque debido a la verborrea de quienes mueven los hilos del poder —ministros, alcaldes, comandantes de ejército y policía, y el ejecutivo— las bandas criminales se amparan en los señalamientos de quien debe aplicar y promover justicia.
Muchos funcionarios parecen ventilar una compleja ignorancia, al decir cosas sin fundamento, dejando así maniatados y a su suerte a líderes y promotores de derechos humanos. Ejemplos hay muchos, como el del ministro de Defensa que aseguró que a los líderes sociales los matan por líos de faldas y de vecinos, ajustes de cuentas con el narcotráfico y otras afirmaciones. Esta es una justificación incorrecta del gobierno para esconder hechos reales, ya que minimiza el verdadero problema social del país.
Por otra parte, en el aniquilamiento de líderes siempre aparecen autoridades legales y personajes fuera de la ley. Por eso, el gobierno y entes de control del Estado deben investigar a fondo, si quieren que el pueblo tenga paz, quiénes son los cerebros que hacen la inteligencia a cada uno de los líderes acribillados, y quiénes verdaderamente aprietan el gatillo, porque los sicarios no van por los pueblos liquidando a cualquier sujeto, sino hay antes un promotor que paga la inmolación.
Ahora bien, una pregunta que se hacen los ciudadanos: ¿qué buscan las fuerzas oscuras que asesinan a líderes y promotores de derechos humanos?, ¿quiénes quieren cambiar el mapa político de los líderes y promotores de derechos humanos?, ¿se repetirá la muerte de más de cinco mil hombres y mujeres pertenecientes a la Unión Patriótica? Por ejemplo, ocho meses antes de la creación de los comités del partido Marcha Patriótica en 2012 ya se habían asesinado líderes del movimiento, y tan solo en 2016 fueron aniquilados 124.
Aunque en años anteriores se sacrificaban personajes que ayudaban a sus comunidades, la aniquilación de líderes aumentó al iniciar las negociaciones de paz Farc-Ep y gobierno en la Habana, como publicó El Espectador el 25 de noviembre de 2016. Y este año el panorama bien más oscuro, entre enero y mayo de 2018 van 98 casos de asesinato de líderes sociales, de acuerdo a una nota de El Espectador del 5 de julio de 2018. No obstante, las cifras varían.
En conclusión, con recompensas para acabar con los crímenes de líderes sociales o inventando fórmulas que no han servido para nada no se acabarán las inmolaciones a quienes ejercen estas labores, debido a que las distintas denuncias que presentan líderes amenazados —a quienes el Estado no les da importancia— están mandadas por sistemas económicos, empresas, grandes inversionistas y otros.
Estamos volviendo a la masacre histórica del país, donde los presidentes omitían hechos aberrantes de las AUC en complicidad de las fuerzas vivas del Estado, hechos que hasta ahora no han sido esclarecidos, y que fueron en su momento minimizados, al ocultar lo escabroso de los atentados, como sucede en la actualidad.
