“Estamos sumidos en un silencio sepulcral”. Palabras más, palabras menos, ese fue la expresión que utilizó, el magistrado Luis Ernesto Vargas, expresidente de la Corte Constitucional de nuestra Colombia. Parece que no se debe agregar nada.
Cualquiera sean las resultas de tan enojoso episodio, es decir, salga avante la inexistencia de los hechos o, se compruebe la solicitud indebida, contraria a la ética, por parte de uno de los miembros de tan importante Corte, lo cierto es que la Corporación como dispensadora de justicia y su función judicial en general, se encuentran en entredicho; si se infirman los hechos, pues solo los jueces lo saben, se encuentra herida de muerte —la confianza pública se agota y, la percepción ciudadana, de esos ciudadanos que esperan resolución de sus conflictos, en el marco de la Constitución, valga decir, en sus derechos fundamentales, se habrá extinguido—; pero si, por el contrario, se determina que los mismos existieron, sencillamente, la función habrá muerto. ¡Ni más ni menos! en la segunda opción, fácil sería concluir que, ha ocurrido la segunda toma de Palacio, ahora, no por las armas destructoras de la fuerza, sino por las armas de la corrupción.
Se dirá que es una visión de apocalíptica; en todo, una hecatombe ¿Cómo más llamar la situación que desastrosamente sucede? Veamos: la Corte Constitucional, como institución fue, sin duda, una adquisición puesta en vigencia por la Constitución de 1991. Para algunos, una manifestación de justicia que no era necesaria, pues, en la Constitución anterior, en la de 1886, la de Núñez, parte de la función que hoy corresponde a esa Corporación, era realizada por la Sala Constitucional que, hacía parte de la Corte Suprema de Justicia. Para otros, el control constitucional, que aún continua y, la protección de los derechos fundamentales, merecían un ente que se dedicará en exclusividad a ese propósito. Así visto y, en el globo del modelo de Estado, Estado Social de Derecho, sin duda estamos con esta postura. Pero es más; es la Corte a la que le corresponde, no solo la protección de los derechos fundamentales, pues esa función le es propia a todos los jueces de la República, sino que al propio tiempo, le corresponde servir de control al poder, la realización de la Constitución Política en concreto y, desde luego, la garantía de hacer el Estado acorde con los principios fundantes del modelo de Estado y, por supuesto, dentro del marco de los compromisos internacionales. En suma: como toda Corte, sagrada labor.
El experimento salió bien. Miren ustedes: se impuso el deber de cumplir y hacer cumplir los compromisos internacionales, por parte del Estado todo, incluido el juez —necesidad sentida por décadas—; se crearon mecanismos de respeto a los derechos fundamentales, incluidos los ataques inopinados o inminentes, cualquiera sea la fuente; dando alcance a la ley estatutaria de los estados de excepción, herramienta cuasidictatorial que contenía la Constitución anterior, habiendo sido limitado su uso y, abuso; el libre desarrollo de la personalidad logró forma, para algunos objeto de crítica, en cuanto, así lo entiende un sector de opinión jurídica y, otros no iniciados, se permite el libertinaje; en iguales términos se ha pronunciado sobre la igualdad, la protección de los sectores vulnerables o, minoritarios; en fin, ahí vamos.
La experiencia, con expertos, doctos de todo origen, de toda especialidad y, por qué no decirlo, de todo credo y, tendencia política, salió bien o, mejor iba saliendo bien; su composición, así vista, resultó, del todo beneficiosa, casi obligatoria, pues el país también lo es, y la democracia permite, necesita y exige de la diversidad de la posibilidad de las diferentes posturas.
Empero lo que ha ocurrido que, no es la Corte, sino las personas, hace que, en cualquier caso de resolución del punto, la experiencia de la Constitución del 91 esté a prueba; en suma: “Estamos sumidos en un silencio sepulcral”.
