Treinta y cinco organizaciones europeas, de Italia, España, Bélgica, Suiza, Alemania y Portugal, han enviado una carta abierta al presidente de Colombia y premio Nobel de Paz 2016, Juan Manuel Santos, para implorarle que frene y desarticule el paramilitarismo en Colombia.
A pesar de la firma de los acuerdos de paz en agosto del 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP en la Habana (Cuba), estos ejércitos paraestatales, en complicidad con algunos miembros de la fuerza pública colombiana y empresarios, han continuado con su proyecto de muerte en las zonas rurales del país. Las víctimas directas son líderes sociales, indígenas, afrocolombianos y el campesinado en general, quienes poseen tierras codiciadas por grandes empresas multinacionales con el fin de realizar proyectos de cultivaciones extensivas de plátano, palma de aceite, caña de azúcar y remolacha, ganadería, minería, puertos; lo que se conoce malamente como desarrollo.
Según la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una comunidad conformada por cerca de 500 campesinos y campesinas y ubicada en una de las zonas más geo-estratégicas del país (entre el oceano Pacífico y el mar Caribe), “"Podríamos decir que nos encontramos en una situación similar a la de 1997, cuando era evidente que el único proyecto que tenía viabilidad para la zona era el de dominio y control absoluto del paramilitarismo sobre la vida, la economía, la política y la cultura de la población de la zona" (CdPSJA, agosto 29 de 2017).
A pesar de que la guerrilla de las FARC-EP se haya desmovilizado y hasta el momento siga cumpliendo con los acuerdos de paz, por parte de los paramilitares, y en algunos casos, en connivencia con las Fuerzas del estado, siguen los acosos, intimidaciones, amenazas, allanamientos a viviendas privadas, robos de animales y productos de los campesinos, trabajo forzado, reclutamiento de jóvenes y menores y, crímenes contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas y afrocolombianos.
Solo para dar una idea de la dramática situación a la que están sometidos quienes trabajan a favor de los derechos humanos en Colombia, y de lo poco que se difunde en medios de comunicación oficiales y masivos, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH, registró entre enero y junio de 2017, un total de 335 agresiones individuales contra defensores(as) discriminados en 225 amenazas, 51 asesinatos, 32 atentados, 18 detenciones arbitrarias y 9 casos de judicialización. El incremento en agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos durante el primer semestre de 2017 aumentó 6%, frente al mismo periodo de 2016, pasando de 314 agresiones a 335 agresiones.
Es decir, los índices de violencia paramilitar se han disparado a niveles de la década de los 90, a pesar de que hay un actor armado menos en el campo, debido a la desmovilización de las FARC-EP y su cumplimiento de los acuerdos.
Con la reciente visita del Papa Francisco, y de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, casualmente, los paramilitares armados no se vieron rodeando a las comunidades, aunque sí se identificaron civiles utilizados como informantes. Por ello, este grupo de organizaciones europeas, preocupadas por la defensa de los derechos humanos en Colombia, ha tenido la exigencia de enviar un mensaje al Presidente de Colombia y actual premio Nobel de Paz para que utilice todo el poder y los instrumentos que tiene en sus manos para desarticular de una vez por todas este flagelo de violencia paramilitar y sus relaciones con miembros de la Fuerza Pública colombiana y empresarios.
Interesados en leer la carta ver en: http://pachakuti.org/spip.php?article712
