El país está expectante ante la sentencia que la Corte Constitucional está a punto de dictar, relacionada con la despenalización del aborto dentro de las primeras 16 semanas de embarazo. Este fallo dejaría sin piso los condicionantes hasta hoy establecidos, según los cuales el aborto solo puede practicarse en casos de riesgo para la vida de la madre, malformación del feto o ser este consecuencia de una violación.
Se trata de un asunto de trascendencia mayúscula, toda vez que compromete aspectos de elevada importancia como es, por ejemplo, el inherente al ejercicio de la libertad de la mujer, máxime si este ejercicio tiene relación con su vida y sus futuras condiciones de existencia. No debemos olvidar que la suspensión del embarazo es una decisión tras la cual un porcentaje relativamente alto de mujeres arriesga su vida al tenerla que llevar a cabo, las más de las veces, en un ambiente de clandestinidad y bajo condiciones de salubridad nada deseables.
La expectativa a la que el fallo ha dado lugar ha estado acompañada de pronunciamientos de todo tipo, los cuales se han exacerbado ahora cuando se conoce la línea gruesa de su borrador, de cuya lectura, según los que han accedido a ella, queda claro que contiene el visto bueno a la despenalización.
De tales pronunciamientos no podía estar ausente el presidente Duque, quien ha expresado un concepto que tal nombre no merece, pues no ha dicho claramente cuál es su pensamiento personal al respecto. Yéndose por las ramas, ha manifestado simplemente que la despenalización representa “un cambio muy fuerte para la sociedad colombiana”. Tal vez lo que nos quiere decir, sin atreverse a hacerlo, es que su tolda política no respalda una decisión positiva al respecto, como lo ha dejado entrever su propio jefe, el doctor Álvaro Uribe, con su propuesta de someterla a referendo.
En el fondo, detrás de los gestores del rechazo no hay ningún fundamento que no sean sus consideraciones ideológicas, concebidas bajo posiciones de derecha y corte retardatario, de las cuales no se derivará ninguna solución, toda vez que, con autorización legal o sin ella, los abortos se seguirán practicando.
Por lo que se sabe, la conversión del borrador en sentencia definitoria todavía está en el limbo. El sí o el no está en manos de las magistradas Diana Fajardo y Gloria Ortiz, de quienes no se conoce su posición al respecto. Ojalá asuman una actitud realista, y que concluida la sesión plenaria en que tal definición se adoptará, la noticia sea la legalización, con lo cual esta práctica dejará de cobrar tantas vidas como las que hoy se registran.
