Los pactos y arreglos que institucionalizó, para alcanzar la gobernabilidad y el equilibrio, al poco tiempo se tornaron anacrónicos
Como en las obras de la dramaturgia clásica, los diálogos fueron selectivos, el guion tuvo personajes ocultos y estrafalarios, el escenario estuvo plasmado por la tragedia, la violencia y el melodrama. La puesta en escena no provocó el aplauso de los asistentes.
Los espacios políticos de la participación, que suponían la mediación legítima de las demandas sociales, políticas, económicas y culturales, a través de los partidos, se derrumbaron, no funcionaron en América Latina.
Su inviabilidad histórica la demuestra con su incapacidad para resolver los problemas sustantivos de las sociedades de la región, optando por darle preferencialmente arreglo superficial y adjetivo a la conflictividad.
Si la democracia representativa quedó averiada, la participativa sentó las bases para que los grandes conglomerados nacionales y transnacionales ampliaran la desregulación del Estado y se alzaran con enormes beneficios, forzando a los marginados, contra su voluntad, a mantenerse al margen de las ventajas que disfrutaban el resto de la población.
Y es allí donde salta el problema de la justicia, virtud sin autonomía, sin ética y moralidad que, en alianza con el gran capital, consideró que el dinero, los presupuestos, los bienes, la tierra y el lucro, eran más importantes que las personas.
Los hechos han demostrado insólitamente que si las comunidades, incluso las mismas entidades del mismo Estado, son obstáculo para la conquista del éxito, quedarán por fuera de los límites protectores de la institucionalidad.
¿Y cuál ha sido, entonces, el rol que ha desempeñado El Estado de derecho?
Placentero postulado a los oídos de la modernidad agonizante y entretenimiento intelectual para los juristas eminentes.
Se salva la institución de la Defensoría del Pueblo que, en cabeza de Carlos Alfonso Negret Mosquera, tiene elevado reconocimiento nacional y solvencia moral a nivel internacional.
Estado de derecho que, por su formalismo, es el responsable del enfoque deformado de la justicia y la democracia, porque el Estado, cuando se caracteriza como democrático, adquiere su legitimidad en la existencia de un espacio político donde todos los ciudadanos son iguales en derechos, no como suele hablarse candorosamente ahora, en que una parte minoritaria impone la dominación de sobre las mayorías.
Justicia que tiende a concebir el mundo, la sociedad y la historia como un proceso armónico, donde el conflicto es la negación del orden, elemento que, como cuerpo ajeno de la democracia, debe ser extraído quirúrgicamente de la sociedad.
Ya la caricatura de la justicia la ironizó Anatole France con acritud insuperable: “La justicia, en su majestuosa igualdad, permite tanto al rico como al pobre ejercer su derecho a dormir debajo de un puente”.
Cambiar de fundamentos, abrir las puertas, dejar de mirar hacia un lado y considerar que la plenitud de los derechos sociales deben ser banderas levantadas por el propio Estado para proteger a los excluidos, nos evitarían los sobresaltos que nos tienen postrados.
¿Qué argumentos sostiene el Estado para desconocerles a los pueblos indios la tierra cuando ella constituye la base existencial física y espiritual de su cosmovisión?
Así lo expresa la Declaración de San José (diciembre 11 de 1981) sobre el etnocidio, ratificada, aceptada, y aprobada por el Estado colombiano que, como instrumento normativo, tiene un carácter internacional y, por lo tanto, está legalmente vinculado y debe cumplir sus disposiciones, texto que en algunos de sus apartes dice:
“Afirmamos que el etnodesarrollo es un derecho inalienable de los grupos indios”.
“Desde la invasión europea, los pueblos indios de América han visto negada o distorsionada su historia, a pesar de sus grandes contribuciones al progreso de la humanidad, lo que ha llegado a significar la negación de su existencia. Rechazamos esta inaceptable falsificación”.
Solidaridad plena con los miembros de la Fuerza Pública víctimas de los grupos violentos en el norte del Cauca.
Desde esta columna nos unimos a quienes solicitan el desbloqueo de la Semana Santa, tradición centenaria que ha permitido a la población payanesa sostener su economía local y a los sectores artesanales el mantenimiento de sus microempresas familiares.
Salam aleikum.
