El 22 de mayo pasado, la Fiscalía y la Policía anunciaron con bombos y platillos la captura de una banda delincuencial que, se calcula, defraudó en más de medio billón de pesos las arcas de las gobernaciones de cuatro departamentos de la costa Caribe colombiana.
La organización, a la que se denominó por parte de las autoridades “Los Buena Suerte”, y que lidera un sujeto a quien apodan Juanchito, opera en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar y Magdalena, y extiende sus tentáculos a Guajira y Sucre.
Las operaciones policiales en contra la banda comenzaron en 2022; en ese año se retuvo a 11 personas que fueron judicializadas por sus actividades en contra del chance legal que sostiene en gran parte a los hospitales y centros de salud de la región gracias al pago de impuestos por esta actividad.
Los investigadores estiman que la capacidad delictiva de Juanchito y Los Buena Suerte es tan grande que en los últimos cuatro años se quedaron con cerca de medio billón de pesos que pasan a engrosar las actividades ilícitas de lavado de activos, compra de gasolina robada, tráfico de armas y microtráfico de drogas ante el alto volumen de efectivo que llegan a recaudar.
En mayo pasado la banda volvió a ser intervenida por la policía y la fiscalía y esta vez cayó Juanchito y 14 personas más de las cuales tres recobraron la libertad en audiencia al determinarse que no tenían vínculos con la organización, siete de ellos pasaron a prisión domiciliaria, tres confesaron y esperan sentencia anticipada y ocho fueron enviados a la cárcel entre ellos alias Juanchito.
No obstante y de manera inexplicable un juez superior, el primero penal de Fundación (Magdalena) tomó (según asesores jurídicos de las gobernaciones a cuya cabeza está el abogado Jhony Mena, más conocido como el doctor Batalla) la decisión de ordenar la libertad de todos los sindicados con el argumento de que al existir hacinamiento en las cárceles y teniendo en cuenta que algunos habían sido enviados a sus casas, todos, incluidos Juanchito debían, como en efecto sucedió, recobrar su libertad.
De inmediato Mena interpuso tutela que fue admitida por el Tribunal Superior de Magdalena que resolvió amparar el derecho del demandante, decretar la nulidad de la decisión tomada por el juez del juzgado primero penal de Fundación y ordenar a ese mismo juez que antes de este miércoles 24 de julio emita una nueva decisión contra los capturados que hoy están ya en libertad para que regresen, en caso de que los encuentren, a prisión.
La exótica decisión del juez que muchos califican en las gobernaciones de estos departamentos como una burda estrategia de los implicados para recobrar la libertad burlándose de la justicia penal, se ha convertido en un peligroso antecedente contra las finanzas de esas entidades territoriales y contra los ciudadanos que dejaron de recibir medio billón de pesos con los que se quedó una banda de delincuentes que fácilmente y por su poder corruptor podrían torcer decisiones judiciales .
El próximo miércoles se sabrá si la “apuesta” de Los Buena Suerte les resulta o si, por el contrario, triunfa la de la justicia penal que con las labores investigativas realizadas durante casi tres años por parte de las autoridades logró en su momento acabar con la suerte de estos sujetos que ahora, al parecer usando trampas, la recuperaron.
