Hace unos tres años atrás se presentó en Nariño un caso que involucró a Luis Antonio Guzmán Rosero, exalcalde de Pupiales, y que llamó la atención de muchos medios de comunicación al ser acusado del delito de estafa agravada que, en una etapa preliminar, incluso lo mantuvo privado de la libertad por algunas semanas.
La sala penal del Tribunal Superior del Distrito de Pasto, el pasado 23 de noviembre, lo notificó de la sentencia absolutoria que, por un lado, deja entrever el apresuramiento en la valoración del caso por parte de algunos funcionarios de la justicia y el punto hasta que llegan las noticias en los medios tradicionales que no indagan hasta que los casos concluyen y se reestablece el buen nombre del acusado si es inocente. ¿Pero qué pasó realmente?
Hemos tenido acceso al documento de la sentencia que consta de 47 páginas y que lo firman los magistrados Héctor Agredo León, Blanca Arellano Moreno y Silvio Castrillón Paz. Se entiende que para que este caso llegue hasta los más altos tribunales de la justicia, siendo una decisión apelada en varias oportunidades, es porque tanto la defensa como la parte acusadora defendieron sus tesis en una lucha jurídica sin tregua.
Antecedentes
En septiembre de 2008, cuando Guzmán Rosero era alcalde, se publicita un proyecto de vivienda urbana, el cual era promovido por Nury Yomaira Benavides Calvache. Se convocó a empleados de la administración municipal y ciudadanos particulares quienes debían adquirir un terreno y, según orientaciones de la señora Benavides, “debían conformar una junta para acceder a los beneficios del Estado en temas de vivienda de interés social”.
En consecuencia, aparece la asociación de vivienda Los Prados, cuyos predios tenían valores de entre 3 y 4 millones de pesos, que se cancelaron en cuotas directamente a la promotora; otros mediante consignación a la tesorería (del municipio) que sirvió de enlace para que esos dineros fueran entregados a la mentada organizadora. El número aproximado de ciudadanos que realizaron aportes es de 80 personas, que correspondía a la cantidad de lotes a vender.
Según el tribunal de justicia, “se observan recibos de pago hasta el mes de mayo de 2010; el 27 de abril de ese año (cuando las cosas ya no empiezan a marchar bien), se lleva a cabo una diligencia de conciliación presidida por la Personera Municipal de Pupiales de aquel entonces y a la que concurre el representante de la asociación de vivienda, una representante de los asociados y Nury Yomaira Benavidez Calvache como la parte requerida”. En esa diligencia, la señora Benavides asume todos los compromisos para que el proyecto sea una realidad.
Pero es cuando la señora Benavides desaparece y quedan truncadas las esperanzas de varias familias de pupialeños y “como el alcalde –dice el documento– había concurrido en ocasiones con políticos a las reuniones convocadas en el salón del concejo o en la casa de una de las asociadas y había ofrecido que con la documentación en regla realizaría gestiones para que obtuvieran los servicios públicos y facilitaría la maquinaria, un grupo de ciudadanos considera que el mencionado burgomaestre debe responder por los dineros aportados, dado que su presencia en algunas reuniones generó confianza para que realizaran la inversión fallida”.
Lo jurídico
Pese a que el Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, en función de control de garantías y por solicitud de la Fiscalía 26 Seccional de Ipiales, el 16 de noviembre de 2017, en audiencia preliminar, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva –por muchos sectores considerada excesiva– y el embargo de un inmueble, la decisión se cayó al ser apelada y las pruebas de la investigación apuntaron en una misma dirección: la señora Benavides Calvache, ciudadana que se hizo pasar por ingeniera.
En el análisis probatorio, se estableció que el exalcalde Guzmán Rosero jamás tuvo antes ninguna clase de vínculo con la supuesta ingeniera Benavides, así que “contrario a lo indicado por el Fiscal y el Ministerio público, no está claro que el acusado haya convocado al municipio a la señora Benavides que la haya designado gerente y mucho menos que haya tenido el poder decisorio en las paulatinas actuaciones que se dieron con ocasión al proyecto”.
Del caso concreto
Al aproximarse a la parte resolutiva, el Tribunal Superior del Distrito de Pasto afirma que al realizar la valoración del “material probatorio allegado no se puede afirmar que el acusado Luis Antonio Guzmán Rosero, en su condición de alcalde del municipio de Pupiales, haya promovido y dirigido el proyecto de vivienda de interés social”, conclusión que dentro de lo indicado por la Corte Suprema de Justicia para el delito de Estafa no corresponde a “despliegue de un artificio o engaño dirigido a suscitar error en la víctima”.
¿Estafadora profesional?
Pero los argumentos que definitivamente demuestran la inocencia de Guzmán Rosero llegan de otros municipios, pues, al parecer la señora Nury Benavides Calvache habría procedido de igual manera en varias jurisdicciones de Nariño.
Juan Bautista Pascuaz Eraso, dentro de los testigos presentados por la defensa, informó que en el Municipio de Ancuya conoció a Nury Benavides Calvache, quien llegó a ofrecer un proyecto de vivienda parecido al de Pupiales, que la mencionada se ubicó en el parque y reunió a personas para ofrecer información y obtener los dineros de un plan que no se convirtió en realidad, pero del cual se llevó los dineros recaudados.
En igual sentido declaró Jesús Armando Ibarra Vallejo, quien desde la gerencia del Fondo nacional del Ahorro en Pasto fue visitado por la mencionada dama para dar a conocer los proyectos de vivienda que tenía en Ancuya, Pupiales y Puerres y procuró presentar una solicitud de crédito que no prosperó por la carencia de requisitos legales.
Similar declaración ofrece Mario Fernando Melo Ceballos, quien fue secretario de Obras en el Municipio del Tambo, donde se presenta Nury Benavides a presentar proyecto de vivienda en un lote, que pedía colaboración con servicios públicos y maquinaria; el proyecto parecía bien montado y era convincente, pero le exigieron cumplir algunos requisitos y la señora Benavides no volvió.
Actualmente, Nury Benavides Calvache, de quien se desconoce su paradero, cuenta con trece denuncias por los delitos de estafa y urbanización ilegal, sin que las autoridades hayan logrado echarle la mano, llevándose el dinero de familias humildes y con ello acabando con la esperanza de contar con una vivienda digna para muchos hogares nariñenses.
La parte resolutiva del documento, entonces, no puede ser otra que la confirmación de la sentencia absolutoria de Guzmán Rosero, que ya se había dado con fecha 5 de marzo de 2020, pero que ante las reiteradas apelaciones tuvo que ratificar finalmente la sala penal del Tribunal Superior del Distrito de Pasto.
