Colombia rechazó mayoritariamente los acuerdos de paz en el plebiscito y se muestra dispuesta a una guerra con Venezuela, ¿hay lógica en rechazar la paz interna y promover la guerra externa?
A la luz de la historia reciente, es probable, los hechos, más que la propaganda, indican que puede darse una conflagración que involucre varias naciones, en una guerra de incalculables consecuencias e incierto resultado, en el área Andina del continente.
¿A qué obedecería una guerra entre países hermanos, de estas característica? En gran parte, a las nuevas formas de la geopolítica en la disputa por recursos e influencia en el mundo, modelo económico y político, en un contexto multipolar, con EE.UU. dispuesto a volver al modelo proteccionista, mientras China y otras potencias defienden el libre cambio.
En Latinoamérica, hace mucho no se producen guerras binacionales. Un tipo de confrontación y escaramuzas de guerras civiles internas, fueron las que se produjeron durante la llamada Guerra fría a partir de los golpes de Estado que impusieron dictaduras y juntas cívico-militares anticomunistas, dirigidos por EE.UU. y con el apoyo de la extrema derecha, entre 1950 y 1980, con el objetivo de frenar el auge de partidos y movimientos políticos contrarios a los intereses económicos de monopolios norteamericanos, y eliminar la influencia comunista en la región, garantizando la permanencia de gobiernos satélites de Estados Unidos, y así articular el continente a la disputa global entre el campo socialista y el capitalista.
Sin embargo, los ejemplos más recientes de agresión militar e invasión directa los tenemos en Nicaragua y Panamá. A Nicaragua le impusieron una guerra civil, o guerra de los Contras, tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza, quien contaba con el apoyo de EE. UU.; minada desde adentro y afuera, destruida, cercada y bloqueada económicamente el gobierno sandinista fue obligado a transferir el poder en 1990 luego de una elecciones impuestas, a Violeta Chamorro, para la “transición democrática”.
Panamá fue invadida en 1989 por 26 mil soldados gringos, la excusa del imperio fue que Manuel Noriega, general que gobernó de facto entre 1983 y 1989 y quien había sido agente de la CIA, se había convertido en una amenaza y peligro para la seguridad interna de EE. UU. Fue acusado de narcotraficante y extraditado, luego de la masacre y poca resistencia que encontraron, pero para muchos críticos y analistas internacionales, la razón de fondo de la invasión fue recuperar el control sobre el Canal de Panamá, que había sido devuelto al país, luego de los tratados Torrijos-Carter en 1977.
Ahora bien, el modelo que sigue en estos momentos EE. UU. con el objeto de derrocar el gobierno legítimamente constituido de Venezuela, es el que ha seguido en del Medio Oriente. De hecho, en siete países de esta región y África, EE.UU. lleva a cabo operaciones militares directas.
La invasión a Irak en el 2003, su destrucción, bloqueo económico y de medicinas, según la revista británica de medicina The Lancet, causó la muerte de 650.000 iraquíes. No se conocen con precisión cifras de destrucción y muertes en Afganistán, Libia, Yemen, Somalia, Níger y Siria. No obstante, Irak sigue en medio de una crisis y violencia que no ha cesado, fue completamente destruido y su petróleo subastado a las potencias que invadieron. Poco o nada de las promesas de paz, estabilidad, democracia y libertad ha quedado.
La excusa para invadirlos es que eran regímenes terroristas o que apoyaban el terrorismo, y es prácticamente el mismo modelo, con ligeras variaciones, el que están imponiendo en el resto del mundo. El caso más emblemático fue Osama Bin Laden, fundador de Al Qaida, que pasó de ser agente de la CIA al peor terrorista y enemigo público número uno.
Para lograr su objetivo principal, cambiar un régimen no sometido a su control por uno sometido, generan una gran matriz de opinión con mentiras y falsas noticias, para causar miedo y pánico en la población; en el caso de Irak, repitieron miles de veces que Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva, lo que resultó en un completo engaño. Al mismo tiempo, crearon gobiernos “paralelos” dentro o fuera del país, líderes políticos dóciles que tenían o compartían los mismos intereses del gobierno de EE. UU y las potencias de la alianza comprometidas con las agresiones e invasión.
Con Venezuela han intentado varias estrategias, como el golpe “blando” para desestabilizarla, apoyando una oposición golpista asesina, que prende fuego a aquellos “sospechosos” de ser chavistas o simpatizantes del gobierno, incendian hospitales, atacan escuelas y guarderías, queman vehículos públicos, atacan directamente a las fuerzas armadas y los cuarteles, como se ha visto en las manifestaciones guarimberas de los últimos años. Como no les ha dado el resultado que persiguen, han cambiado la estrategia.
Luego del reconocimiento del verdadero usurpador, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en desacato de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, quien concertó los pasos a dar con su protector Donald Trump, un acto considerado traición a la patria en muchos Estados, éste se autoproclamó “presidente interino” y a Nicolás Maduro lo calificó de “usurpador” e “ilegítimo”, patraña y mentiras difundidas y repetidas por la matriz de opinión internacional que apoya el golpe de Estado.
De hecho, se adelantaron las elecciones presidenciales para el 20 de mayo de 2018, a petición de la oposición golpista, es decir, antes del 10 de enero de 2019 como lo establece la Constitución venezolana en sus artículos 230 y 231. Pero los resultados le fueron adversos a la oposición golpista, a pesar que 6 candidatos se inscribieron y participaron, elecciones donde Nicolás Maduro fue elegido presidente por 6.248.864 votos de 9.389.056, el 67,84%, por quienes decidieron votar y ejercer democráticamente su derecho al sufragio.
Con la autoproclamación de Guaidó vino automáticamente su reconocimiento como “presidente” por el Grupo de Lima, países cuyos gobiernos de derecha se alinderaron inmediatamente con el golpe que lidera la potencia imperial. Mientras, el “presidente” impuesto ha seguido perfectamente el juego, como un verdadero títere. “Imparte” órdenes nombrando embajador ante Colombia, ante la ONU, pide a otras potencias que retengan los activos de empresas venezolanas, desconociendo y violando completamente las reglas y compromisos del Derecho y tratados internacionales.
La otra arma con que cuenta la oposición golpista y EE. UU. es el cerco, aislamiento y asfixiamiento de Venezuela, como lo han hecho con Cuba por seis décadas sin resultados, impidiendo la compra de medicamentos, equipos de médicos y alimentos, bloqueando sus cuentas en oro y activos por ventas petroleras en el extranjero, como el Banco de Inglaterra que se niega a devolver oro por valor de US$ 500 millones. Y más recientemente, el Departamento del Tesoro anunció el congelamiento de 7.000 millones de dólares de PDVSA.
Lo que preocupa realmente de una agresión o invasión a Venezuela son las consecuencias y sus resultados. Se trataría de una confrontación bélica que involucraría otros países, como Colombia y Brasil, cuyo presidente Bolsonaro, un exmilitar que ha aplaudido los golpes militares y las dictaduras en el continente y que está a favor de derrocar el gobierno de Venezuela.
Una guerra contra ella sería provocar un colapso del sistema regional, y Colombia como agente activo, desde su presidente Iván Duque y la diplomacia que improvisa en materia de relaciones diplomáticas y Derecho Internacional, está metida de pies y manos en el plan para derrocar un gobierno con el cual tiene profundas diferencias, y eso los ha llevado a ser proactivos con el golpe de Estado, reconociendo a Guaidó como “presidente”, al embajador que éste acaba de nombrar ilegalmente, como se ha dicho repetidas veces, violando normas del derecho internacional, los protocolos diplomáticos, el orden jurídico interno, la soberanía y el derecho que le asiste a Venezuela a resolver, sin injerencia alguna, sus problemas internos.
El punto neurálgico aquí es Colombia, ya que EE. UU. posee 7 bases militares en su territorio, lo cual le facilitaría un apoyo no solo logístico sino movimiento de tropas hacia la frontera con Venezuela. Ya el halcón de la guerra John Bolton dejó ver la intención que tienen cuando escribió en su libreta 5000 tropas a Colombia.
La sociedad colombiana también está profundamente dividida, no solo por la crisis y amenaza de invasión a Venezuela, sino que padece graves contradicciones y conflictos internas. Por un lado, el conflicto armado interno que hace aguas, no se cierra definitivamente y parece que está aún más lejos de resolverse con este gobierno, que ha roto todo vínculo con la guerrilla del ELN a raíz del atentado con bomba a la Escuela General Santander en Bogotá.
En este sentido, improvisa en materia de relaciones diplomáticas, cuando le pide a Noruega y Cuba, dos de los países garantes para los diálogos con el ELN, que capture y entregue a Colombia la delegación de esta guerrilla que está en La Habana, a sabiendas de que fue el Estado colombiano el que solicitó a dichas naciones su mediación.
Por otro lado, una sociedad cuyas instituciones sufren una crisis profunda por la pérdida de legitimidad, como la Fiscalía, cuyo jefe, Néstor Humberto Martínez, ha desatado un movimiento ciudadano anticorrupción que pide su renuncia. ¿Cómo va a ir a reclamarle a otro Estado que corrija sus vicios, si no ha sido capaz de afrontar y resolver los suyos?
Finalmente, una sociedad que se pretende democrática pero que con la indiferencia de un amplio sector de ella ha permitido o consentido el exterminio sistemático de líderes y lideresas de base, campesinos, afros, indígenas, reclamantes de tierras, sindicales, LGTBI, mujeres activistas por sus derechos, ambientalistas, y un largo etc., ¿con qué autoridad señala de graves los problemas del vecino y lo acusa de dictadura, si en su propia casa le da la espalda a sus connacionales que están siendo asesinados?
