A comienzos de junio terminó el debate en Estados Unidos sobre el aumento en el techo de la deuda. El debate enfrentó a demócratas y republicanos durante largas semanas y finalmente desembocó en un acuerdo bipartidista que lo aumentó a 31,4 billones de dólares, evitando así un cese de pagos que hubiera tenido repercusiones mundiales.
Aunque los medios consideraron la decisión como un asunto crucial que definiría el rumbo de la economía mundial, en realidad el techo de la deuda se ha modificado más de cien veces desde fines de la Segunda Guerra Mundial y siempre o se eleva o se elimina. Es más, se vuelve un escenario para que demócratas y republicanos impongan sus intereses particulares.
El acuerdo, que estará vigente hasta enero de 2025, supone una reducción en algunos gastos del gobierno y de algunos programas sociales, pero no disminuye los exorbitantes gastos de defensa..000 Desdeñando las protestas de los ambientalistas, autoriza agilizar la aprobación y construcción del polémico gasoducto Mountain Valley, en los Apalaches, de más de 480 kilómetros de longitud diseñado para transportar gas extraído mediante fracturación hidráulica a través de los estados de Virginia y Virginia Occidental. Los expertos estiman que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de este gasoducto equivaldrían a las emisiones producidas por 26 centrales eléctricas a base de carbón.
El acuerdo no se aplica a los gastos de defensa en un país comprometido con sumas multimillonarias en intervenciones militares por todo el orbe y prevé un gasto militar de hasta 886 millones de dólares en 2024, que no incluye los dineros entregados a Ucrania, que hasta comienzos de 2023 llegaban a 75.000 millones de dólares.
Durante el debate sobre el techo de la deuda, el Fondo Monetario Internacional se pronunció repetidamente sobre las finanzas del coloso del norte, señalando que era necesario un ajuste fiscal de 5 puntos del PIB para que la deuda fuera sostenible. Y propuso reducir el alcance de los programas de seguridad y salud, seguridad social y Medicare.
Dentro de las recomendaciones del FMI a Estados Unidos, están un impuesto federal al consumo, impuestos al carbono, mayor tributación de las empresas y personas con rentas elevadas, reducción de los beneficios fiscales mal orientados, reducción del umbral mínimo para el impuesto al patrimonio, aumentos en la edad de jubilación y cubrir los costos sanitarios mediante un mayor reparto de los costes con los beneficiarios, lo que traducido significa aumentar tarifas.
Por último, el FMI animó a Estados Unidos hacer más esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y criticó la política económica proteccionista que está llevando a cabo: “La Ley de Reducción de la Inflación, la Ley CHIPS y la Ley Build America, Buy America tienen disposiciones explícitamente diseñadas para favorecer los bienes y servicios producidos en Estados Unidos o en Norteamérica. Aunque estas medidas pretenden aumentar la seguridad y la resistencia de las cadenas de suministro, estas disposiciones proteccionistas distorsionan el comercio y la inversión y corren el riesgo de crear una pendiente resbaladiza que fragmente las cadenas de suministro mundiales y desencadene medidas de represalia por parte de los socios comerciales” (FMI).
En los países en desarrollo como Colombia, el FMI permanece muy atento para que se cumpla la Regla Fiscal que establece unos topes para el endeudamiento y el déficit fiscal como porcentaje del PIB
Sin embargo, las opiniones del FMI no son tenidas en cuenta por el gobierno estadounidense ni tampoco por los republicanos y no están diseñadas para los países avanzados. En el caso de los países en desarrollo como Colombia, el FMI permanece muy atento para que se cumpla la denominada Regla Fiscal, que establece unos topes para el endeudamiento y el déficit fiscal como porcentaje del PIB. El FMI ha lanzado una voz de alarma sobre la deuda pública de Colombia señalando que es demasiado grande con relación al PIB y recomienda reducirla. Pero véase el contraste. La deuda de Estados Unidos representa el 127% del PIB, mientras que la de Colombia, el 64%. En EEUU el déficit fiscal es 11,56% del PIB, mientras que en Colombia es el 7,22%. El FMI pone el grito en el cielo por el monto de la deuda y el déficit colombianos, pero mira hacia otro lado por el de Estados Unidos y demás países desarrollados de Occidente.
La diferencia es que a fin de poder pagar la deuda, Colombia tiene que exportar para obtener los dólares, mientras que Estados Unidos se limita a emitir, a poner en funcionamiento la maquinita de imprimir el billete verde. Puede también vender bonos del tesoro, lo cual le implica un mayor endeudamiento, justamente el motivo del debate sobre el techo de la deuda, que acaba de modificarse. Igual sucede con el déficit fiscal, pues basta que el Tesoro emita más dólares y se los preste al gobierno.
Como Estados Unidos tiene en sus manos al FMI, disfruta de una ventaja sustancial. En el FMI ninguna decisión se puede tomar si no se cuenta con el 85 % de los votos y Estados Unidos detenta el 16,70 de ellos, lo que le da poder de veto en el organismo. Y de aprobación, porque todas las operaciones del FMI deben ser autorizadas por este país. No se hubiera podido conceder el multimillonario préstamo a Argentina sin el visto bueno de Washington.
En virtud del Acuerdo de Bretton Woods, ratificado por el Congreso de Colombia, las recomendaciones del FMI obligan al gobierno, al que además le interesa quedar bien con esta entidad para asegurar acceso al crédito externo. En cambio, la política económica de Estados Unidos no se rige por lo que diga el FMI, sino por las conveniencias e intereses de los sectores que manejan al partido demócrata y republicano, los cuales a veces coinciden con las posiciones del FMI y a veces no. Cuando se trata de hacer recaer sobre la población los costos de la crisis, sí. Cuando se trata de disminuir el proteccionismo o fortalecer la lucha contra el cambio climático, no.
