Danna Lizeth Montilla fue la primera identificada de las víctimas del bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero en la vereda Buenos Aires, Calamar, Guaviare, el 3 de marzo. Según datos conocidos, un número indeterminado de menores murió allí. Eran “máquinas de guerra”, dijo el Ministro de Defensa, justificando la orden. Una explicación acorde con la que dio el gobierno al bombardeo en Caquetá, en 2019, que dejó 8 niños y niñas muertos.
El Guaviare, puerta de entrada a la Amazonia, es una región de ganaderos dedicados a expandir su actividad a punta de deforestar y de otros negocios, en connivencia con el Estado. Junto con el Meta, es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Es también el territorio de Gentil Duarte, disidente de las antiguas Farc.
Danna Lizeth era una niña de 16 años, estudiante de décimo grado y oriunda de una vereda cercana. Al parecer fue reclutada cuando se desplazaba entre las viviendas apartadas de familiares, buscando una mejor conexión de internet.
Los últimos chats encontrados en su celular evidencian su deseo de estudiar. En una conversación con un profesor, le pide ayuda para matricularse en un colegio de San José del Guaviare mientras atendía clases vía Whatsapp, como venía haciéndolo durante la pandemia. Poco después, el profesor la reportó como posible víctima de reclutamiento.
En una región tan desprotegida y peligrosa, la presencia social del Estado, su oferta de educación y servicios básicos, es mínima. La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados, dedicados a economías ilegales.
Desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido 156 alertas tempranas advirtiendo sobre el riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados y de organizaciones criminales. En 2020 alertó sobre la situación en 14 municipios de Guaviare y Meta. Pero el gobierno no hizo nada. Según datos regionales, entre 1985 y 2020, los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) víctimas del conflicto armado en Guaviare fueron 25.531 y en el Meta 70.470.
En las veredas el riesgo de reclutamiento asecha a diario, como lo contó el papá de Danna Lizeth: “Es algo que se ha vuelto común, pero nunca pensé que le fuera a suceder a mi hija”. Le perdió la pista en diciembre pasado y tuvo que reclamar su cadáver desmembrado en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Yeimi Sofía Vega tenía 15 años y desde hacía dos había salido de la vereda Puerto Cachicamo de San José del Guaviare, donde vivía con su mamá y sus hermanos. Según se supo, “La mamá estaba durmiendo y la niña se le escapó. Después la llamó y le dijo que se iba a buscar nuevas oportunidades para ser alguien en la vida”. Cursó hasta tercero de primaria, el último grado allí disponible. Luz Amparo, su mamá, también encontró su cadáver en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Ni Danna ni Yeimi pudieron ser “alguien en la vida”. Tuvieron mínimas oportunidades, al igual que las niñas en esta y otras regiones olvidadas: trabajar en una finca, reclutamiento por grupos armados o conseguir marido.
Por ello, la respuesta del ministro es desalmada y cínica. Según múltiples tratados internacionales, los NNA son sujetos de especial protección frente a su reclutamiento y utilización ilegal en la guerra por cuenta de los actores armados, desde un enfoque de protección integral.
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Jim McGovern, representante demócrata de EE. UU.: “Los niños son niños. Cuando son expuestos al conflicto armado (…) no lo hacen porque quieren sino porque los obligan”
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El Estado debe brindar las garantías para prevenir el reclutamiento. Pero en cambio los bombardea. Como señaló Jim McGovern, influyente representante demócrata de EE. UU. y defensor de la paz en Colombia: “Los niños son niños. Cuando son expuestos al conflicto armado (…) no lo hacen porque quieren sino porque los obligan”.
Pero cuando todavía persiste la indignación frente a este caso, viene otra infamia que ahonda la herida. El lunes 15 de marzo fue convocada la audiencia de la CIDH para el caso de Jineth Bedoya. En un hecho insólito, el representante del gobierno colombiano recusó a los jueces por supuesta falta de imparcialidad y prejuzgamiento. Se retiró de la audiencia y pidió su cancelación.
Los hechos son bien conocidos. En mayo del 2000, en su trabajo de periodista, Jineth investigaba actividades delincuenciales de distintas organizaciones en alianza con miembros de la Policía, en la cárcel Modelo de Bogotá. Fue convocada al lugar para una entrevista, pero era una trampa. Cuando llegó fue secuestrada y objeto de violación masiva y delitos atroces por paramilitares. “Me mataron pero seguiré levantando mi voz”, señaló en la audiencia.
A pesar de ser hechos plenamente probados, la investigación no llegó a los autores intelectuales, entre ellos un general de la Policía. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, recurrió entonces a la CIDH.
Una vez más, Duque hace el ridículo internacional. La Corte rechazó al otro día las recusaciones. El mensaje del gobierno en los dos hechos referidos es contundente y ratifica su práctica de misoginia y aporofobia. Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o NNA pobres.
