De manera desprevenida y espontanea un ciudadano común y corriente puede inferir que todas las acciones de gobierno y su modelo de desarrollo buscan siempre el bienestar de la población, sea este del nivel nacional, departamental o municipal. Para el caso del departamento de la Guajira las circunstancias parecerían ser contrarias, ya que nuestros indicadores económicos y sociales muestran un panorama muy desfavorable frente a esa premisa que constituiría el deber ser de lo público.
Pese a las múltiples circunstancias que hayan incidido, queda claro entonces que la grave crisis que vivimos hoy el pueblo guajiro no se debe a la falta de recursos y que la tenencia de los mismos, per se, no constituye una garantía para asegurar calidad de vida para la comunidad. Hoy con más de 40 años de explotación carbonífera y gasífera en el departamento, los guajiros nos podemos preguntar: ¿cuáles han sido los avances alcanzados? La respuesta es obvia, ninguno.Un modelo económico extractivo fracasado, que profundiza las carencias sociales y depreda el medio ambiente, constituido a través de una relación hostil y egoísta que no se integra a la sociedad que lo rodea.
Siendo realistas y a pesar de nuestras inmensas potencialidades, las cifras nos muestran como un departamento inviable y poco atractivo para inversiones diferentes a la minería. Nuestras debilidades están soportadas en un entorno de extrema pobreza, improductividad, que está lejos de ser competitivo y que no constituye una buena carta de presentación a quienes apuestan por establecerse en los territorios para generar riqueza a través de la acción empresarial a gran escala.
La pregunta obligada es qué debemos hacer entonces los guajiros.
Atreverse a dar una respuesta sería un acto ligero y reincidir quizás en una práctica sesgada de cómo se han venido desarrollando los procesos de planificación en el departamento y sus municipios: muchos a través del copia pega y otros relegando esta labor tan esencial a la libre voluntad del planificador para cumplir un requisito legal, dejando por fuera elementos fundamentales como la participación y la concertación con los dueños de esta gran empresa llamada departamento de la Guajira con más de un millón de asociados.
Una historia de saldos negativos desde la perspectiva social nos impone a los guajiros la necesidad de cambiar de una manera sustancial el rumbo al que debemos dirigir nuestro departamento para llegar a puerto seguro, dejando de lado paradigmas impuestos por la vieja dirigencia política cuyos resultados propios de la improvisación sucumben y se reflejan tristemente en una realidad de pobreza, muerte y devastación en las comunidades más vulnerables de nuestro territorio peninsular.
La realidad económica del país frente al manejo de la regalías y la tendencia mundial hacia la preservación del medio ambiente nos dicen que la minería no ofrece ninguna seguridad para salir de la crisis, después de muchas décadas de aplazamientos una mirada al Caribe Insular teniendo en cuenta nuestras potencialidades puede ser la oportunidad para construir un mejor futuro, una visión de largo plazo construida por guajiros y para los guajiros producto de la acción participativa y la concertación requiere de actores con una perspectiva diferente, una ciudadanía empoderada y líderes sociales comprometidos con el bien común.
Con nuestra voluntad sola no podemos, el Estado colombiano y a las multinacionales deben cambiar su mirada de frente a la Guajira, entender la corresponsabilidad que les asiste de cara a una comunidad que les abre sus brazos y le entrega sus recursos, contrario a esto la retribución ha sido la destrucción de nuestros recursos naturales, el desplazamiento de nuestras etnias, la estigmatización, el aislamiento y el desprecio de nuestra gente.
