La corrupción es más dañina y criminal que el accionar de las organizaciones guerrilleras, organizaciones criminales y de delincuencia común, juntas. Sus efectos afectan a todos los ciudadanos.
El origen y existencia de esas organizaciones criminales e ilegales tienen relación directa con la irresponsabilidad y debilidad institucional, el poder legal y la inequidad socio-económica.
La inequidad socio-económica e injusticia social son crecientes como la corrupción. pero los gobiernos engañan al pueblo con estadísticas e indicadores maquillados, según las conveniencias, para garantizar dar imagen positiva del gobierno y del régimen.
Organizaciones no gubernamentales señalan cifras billonarias robadas del presupuesto público cada año. Investigaciones comprueban algunas, pero pareciera que el poder institucional no entiende la gravedad del crimen ni pude articular procedimientos para derrotar el flagelo.
La corrupción y la descomposición moral y ética del poder han alcanzado dinámicas que se tornan incontenibles. La corrupción propició el colapso de los partidos políticos y una descomposición moral generalizada.
Los partidos dejaron de ser organizaciones guiadas por principios ideológicos y se convirtieron en empresas dedicadas a cosechar votos, para asegurar el ejercicio del poder político que les garantice el dominio y protección del poder económico, el usufructo del poder institucional y con él, el del presupuesto público. No importan antecedentes del candidato, importa el billete y éxito de la empresa. El poder. No el ciudadano ni la nación. Los resultados son exponencialmente nefastos y evidentes para las mayorías, empobrecidas y excluidas, como ridículas y diabólicas las acciones del poder y sus usufructuarios.
De ese caldo de cultivo devienen los carteles de la toga, del Soat, de exmagistrados y jueces corruptos, carteles de la contratación y de pensiones, de los medicamentos e Invima, del papel higiénico, de la salud, de la hemofilia, de Comfamiliar del Huila y Medilaser, de los alimentos escolares etc., etc. Los resultados de las investigaciones son pírricos. Lo robado, robado se queda.
¿La institucionalidad y el poder al servicio de los delincuentes?
Muchos hechos que investiga la Fiscalía, sobre asaltos a los recursos públicos y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupción ha torpedeado los procesos y evita resultados en derecho. Esos delincuentes han gozado de la impunidad y complicidad social, al convertirlos en personajes admirados (son siniestros), mientras se apropiaban de lo que legítimamente le correspondía y corresponde a miles de ciudadanos necesitados y excluidos.
Los criminales de cuello blanco y cerebros y asociados deben ser excluidos por ley y sumariamente de todo lo oficial y del ejercicio profesional.
Ese tipo de decisión nunca la aprueba el Congreso ni el gobierno la exige. Son condiciones, hechos y resultados que junto con el controvertido marco legal vigente y la crisis socio-económica y moral tipifican el Estado fallido.
