El gobierno del cambio que preside Gustavo Petro logró que se aprobaran en el Congreso entre otras reformas, la tributaria, la de autorizar la paz total, avanzar en la compra de tierras, aprobación del Plan Nacional de Desarrollo PND, ajustar el presupuesto nacional del 2023 y aprobar el de este año, que por primera vez supera en los últimos 30 años, el rubro de defensa por los recursos destinados a educación y salud.
Este ejercicio muy positivo se desarrolló gracias a la coalición de gobierno conformada por los partidos Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido Liberal, Conservador y la U una vez se posesionó el actual gobierno.
Sin embargo, una vez se inició la presentación de las reformas sociales, especialmente la de salud, tres ministros Alejandro Gaviria, de Educación, Cecilia López, de Agricultura y José Antonio Ocampo, de Hacienda, se opusieron a dicha reforma e hicieron público su desacuerdo, con lo cual, de hecho, se rompió la coalición de gobierno, separando en varios tiempos, a dichos ministros y con la posterior presentación de las otras reformas , la laboral, pensional y la de educación, se exacerbó una oposición a ellas, que ha tenido como consecuencia, que los partidos de gobierno Conservador y de la U, pasaran a declararse independientes y el Consejo Gremial Nacional cada vez más en la oposición al gobierno terminó radicalizándose en ella, en la discusión sobre el incremento del salario mínimo para el 2024, negándose a concertarlo.
Esta situación ha puesto a dichas reformas en momentos críticos para su aprobación.
La reforma laboral fue hundida en la Comisión 7 de la Cámara por la ausencia en el mes de junio del año pasado, de los representantes de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, de la U y la mitad de los liberales de dicha comisión.
Esta reforma fue nuevamente presentada en la legislatura que inició el pasado 20 de julio, y hasta el momento sólo se han aprobado 16 de los 93 artículos que la componen. No ha completado el primer debate en su aprobación.
La reforma a la salud ha sido aprobada en primero y segundo debate en la Comisión 7 y plenaria de la Cámara en acaloradas y dilatadas discusiones. No exentas de intentos de boicot y ausentismo para hundirla. Faltan los dos debates en el Senado, que deberán cumplirse antes del 20 de junio. De no realizarse en este tiempo, se entenderá como hundida.
Al igual que la reforma de salud, la pensional debe aprobar sus tres restantes debates antes del 20 de junio, so pena de hundirse
La reforma pensional surtió su primer debate aprobatorio en la primera legislatura del año pasado. En la legislatura que inició el pasado 20 de julio no ha surtido ningún trámite y al igual que la de salud, debe aprobar sus tres restantes debates antes del 20 de junio, so pena de hundirse.
La reforma estatutaria de la educación que requiere mayorías calificadas, ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara y espera pasar a plenaria de Cámara y esperar completar sus otros dos debates en el Senado en lo corrido del año.
Como se puede apreciar, dichas reformas van muy lentamente y a trancas y a mochas.
Esto obedece, fundamentalmente, a la muy ajustada correlación de fuerzas que se tiene hoy en el Congreso, como ya se ha señalado.
De tal manera entonces que los esfuerzos que toca realizar en este año, pero especialmente en el primer semestre, pasa por modificar dicha correlación.
Históricamente el movimiento social ha logrado modificaciones en el trámite legislativo acudiendo a una gigantesca movilización callejera. Así aconteció con el estallido social en el año 2021, que logró derrotar la regresiva y antisocial reforma tributaria del minhacienda Carrasquilla y el presidente Duque y hundir la reforma a la salud de Cambio Radical y Vargas Lleras que privatizada la red pública hospitalaria que quedaba.
Algo similar debe ocurrir ahora, si queremos que las reformas sociales del cambio sean aprobadas.
Pero también debe suceder, que paralelo a esta movilización callejera, se pueda recomponer la coalición de gobierno atendiendo la propuesta del presidente Gustavo Petro de construir un acuerdo nacional. Acuerdo que además de poder avanzar en la paz total, sirva para aprobar las reformas sociales en el Congreso y crear un clima más propicio para aplicar el PND y ejecutoriar la progresiva inversión social del presupuesto nacional.
Se trata entonces que con una masiva movilización callejera y un acuerdo nacional se puedan aprobar las reformas sociales del cambio.
Postdata: el próximo 8 de febrero diversas personas y sectores sociales llaman a un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir se nombre Fiscal General.
X: fabioariascut
