La Universidad Distrital de Bogotá es una importante institución de educación superior, adscrita a la alcaldía de la capital de la República, que atiende cerca de veinticinco mil estudiantes que proceden esencialmente de la principal ciudad del país.
En su interior se dan enfrentamientos muy viscerales, plagados de agrios epítetos y señalamientos, originados en disputas burocráticas y en pretensiones por establecer hegemonías de grupos con fuertes vínculos en el mundo de la política tradicional que agencian los partidos políticos del establecimiento imperantes en el Estado y sus diferentes gobiernos. Esa ha sido una constante en las últimas décadas, fui testigo de esas tendencias cuando asumí por algunos meses la gestión de un instituto que debía encargarse de los procesos de descentralización municipal. Las presiones de la facción de Arrieta, un personaje que después se catapultó como concejal y senador, impedían cualquier avance en el trabajo hacia los municipios y su modernización democrática, ya que su objetivo era proyectar una oscura maquinaria de hacer votos y amarrar clientelas.
Sin embargo, con los años, parece que ciertos aires democráticos y de compromiso con las necesidades de la sociedad civil capitalina han permeado esta universidad. Hace algunos meses fue designado como rector el politólogo Ricardo García Duarte, que adelanta su gestión en el marco de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, quien ha sido duramente cuestionado por sus preferencias neoliberales y la mediocridad de su gobierno en temas muy sensibles como la movilidad, el cuidado de los recursos naturales, la seguridad ciudadana, la transparencia en las inversiones, el cuidado de los bienes públicos como la emblemática empresa de teléfonos, los derechos de las minorías étnicas y el respeto por los derechos de la oposición y los movimientos sociales. Hasta una iniciativa de revocatoria del mandato fue promovida por un crecido grupo de organizaciones sociales y sindicales, misma que fue ahogada en la tramoya judicial del Contencioso Administrativo. Pues bien, la actual rectoría de la universidad dice compartir plenamente la ruta programática de Peñalosa, no obstante acude a la socorrida fórmula de la autonomía universitaria, académica y científica, que como un lugar común es citada por los directivos de esa entidad.
El actual clima de auge del movimiento estudiantil universitario, acompañado de huelgas, bloqueos, desfiles, besatones, carnavales, marchas, tomas de edificios rectorales, denuncias de corrupción de rectores delincuenciales, ha encontrado a la Universidad Distrital en un debate sobre la reforma institucional para adecuar la infraestructura de gestión de la misma a las nuevas realidades científicas, tecnológicas, sociales, políticas, económicas y culturales de Bogotá y el país.
Sobre la misma reforma la comunidad universitaria acordó un proceso constituyente soberano que propiciará un debate de calidad y pertinencia en la materia. Se estableció una metodología y unos niveles de deliberación y cierre de los mismos que consolidarán las mejores iniciativas. Sin embargo, por las observaciones de algunas voces críticas, el tema saltó al Consejo Superior de la Universidad y en ese escenario surgió un producto muy parecido a unos estatutos que representan la reforma de la universidad especialmente en su tejido académico
De acuerdo con García Duarte, lo alcanzado se inspira en “principios democráticos, los criterios de aseguramiento de la calidad y un gran interés por la ciencia, por el espíritu creativo, por la pedagogía crítica y por la innovación tecnológica”. Además, afirma que su reforma "traerá a la universidad más investigación, más formación, más proyección y más eficacia del conocimiento” y que “la esencia de la reforma universitaria es propiciar una modificación de las instituciones, una reingeniería para un mayor desarrollo académico que se exprese en más investigación, formación de excelencia y proyección en la ciudad; más eficaz desde el punto de vista del conocimiento. Es una reforma y por consiguiente es para disponer el aparato institucional en favor de una más amplia producción del conocimiento”.
Esa la narrativa oficial que a la manera de un vericueto ideológico intenta justificar la obra “reformista” adelantada y magnificada desde la tribuna oficial como un logro sin igual en la historia universitaria colombiana. No obstante, colocados en el principio de la contradicción que acompaña la reflexión humana, desde el ámbito del proceso constituyente autónomo aún vigente, que se ha querido recluir en la irrelevancia institucional, se han formulado observaciones que caracterizan una degradación hacia las líneas programáticas de la derecha que sabe muy bien cuál es el papel de estos aparatos ideológicos del Estado en la subordinación epistemológica neocolonial de las clases subalternas, y en la constitución y recreación de las hegemonías políticas oligárquicas.
Hasta donde entiendo, no se trata de nada personal, ni de enclaustramientos premodernos o dogmáticos como se ha pretendido sugerir. Lo que se afirma por el movimiento social opositor, que en el actual proceso de implementación debe tener todas las garantías, es que lo que está en curso es una expresa contrarreforma articulada a las cosmovisiones de la denominada derecha pop que se expande como una plaga neofascista.
Desde el proceso constituyente, Martínez y Castiblanco señalan que el nuevo articulado estatutario “olvida aspectos que sería importante mencionar en la vida universitaria, como la pertinencia, el espíritu crítico, la creatividad, el cuidado de la vida, la transformación de la sociedad, la respuesta a las necesidades de la ciudad y del país, la democratización, una mayor articulación entre las unidades académicas, la transparencia y la eficiencia administrativa”.
Así mismo, agregan que al ampliar su base argumental, “la 'contrarreforma' propuesta por la administración y por la Comisión de Verificación, que está en proceso de aprobación por el CSU, mantiene la fragmentación, no ataca el clientelismo, desdibuja los mecanismos de participación para un gobierno democrático, se niega sistemáticamente al diálogo e impone una visión particular y autoritaria de la universidad”.
Entonces, se preguntan Martínez y Castiblanco, “¿por qué no desean la participación amplia y democrática en la construcción de universidad?, ¿por qué el Rector se abroga el derecho de definir una nueva hoja de ruta metodológica para el diseño de los estatutos derivados (financiero, administrativo, docente, estudiantil), cuando ya existe una Hoja de Ruta Metodológica adoptada por el CSU?, ¿será que realmente no es buena tanta democracia o será más bien que tanta democracia limita su incidencia en la contratación y el manejo de los presupuestos?”.
Y prosiguen diciendo: “Esta visión autoritaria la complementa con una visión cuantitativa y simplista del sentido de universidad, ya que habla de cifras y cantidades de estudiantes que atenderá, pero jamás aborda el asunto de la calidad de la educación que se imparte y el sentido de universidad pública”.
Para contextualizar la crítica, formulada en medio de la potente ola de protestas estudiantiles en curso, agregan: “En momentos en que el movimiento universitario nacional y de nuestra universidad toma un nuevo aire, se organiza y articula sus demandas, nos corresponde a los miembros de esta comunidad y a la ciudadanía en general, a la que pertenece esta universidad, retomar el asunto de la reforma de nuestros estatutos, promoviendo el conocimiento de las propuestas en discusión y exigiendo que los cambios estatutarios respondan a las necesidades de la universidad y del país, y no a los intereses particulares de pequeños grupos cuyo destino parece ir en contravía del derecho a la educación y de su consolidación como bien común”.
Además, recuerdan los querellantes que “el Estatuto General diseñado por la comunidad universitaria en un proceso democrático que el mismo Consejo Superior Universitario (CSU) avaló en Resolución de 2014 tenía la intención de instalar una nueva cultura académica y política en la universidad, tratando de minimizar en lo posible los riesgos de corrupción, clientelismo, falta de gobernabilidad y desorganización de la universidad”.
“No obstante, todo podría quedar borrado si se impusiera el intento de la nueva administración de aprobar una reforma impulsada por el rector y 'su equipo', que aunque se reclama heredera del proceso democrático, en realidad constituye una 'contrarreforma', una respuesta reaccionaria, de sentido opuesto a la propuesta original. Se desconoce el trabajo de la comunidad y se impone una reforma inconsulta, unilateral, inconveniente, que responde a intereses particulares, y no a las necesidades identificadas por la comunidad”.
Concluyen que “se atenta contra la integridad institucional y contra la cohesión de la comunidad, al desconocer la constitución (democracia participativa en las universidades) y las normas expedidas por el mismo CSU (Resolución 018 de 2014, que establece la Hoja de Ruta Metodológica y así como los Acuerdos de la Mesa de Negociación, amparados por Resolución 014 de 2016). Se ignora la institucionalidad democrática basada en el consenso y en el respeto a los acuerdos, que la administración rompe sin ningún inconveniente. La administración no quiere aceptar que para que una reforma sea exitosa no se requiere solamente el “unísono” del CSU y la rectoría, sino de toda la comunidad”.
Todas las anteriores son afirmaciones de alto calibre que no deben ser desestimadas por la actual dirección de la Universidad Distrital, si lo que quiere en realidad es dar curso a un proceso de cambio genuino compatible con las banderas que agita el movimiento nacional universitario, las cuales trascienden los sentidos economicistas del pacto firmado de manera unilateral y oportunista entre los rectores oficialistas y el presidente Duque, que a lo sumo es un papel con promesas sin ninguna garantía de cumplimiento.
Digamos, para concluir, que somos partidarios de unas transformaciones democráticas de la Universidad Distrital, coincidentes con el proceso de construcción de la paz en el que está empeñado el país, luego de los acuerdos firmados con las Farc. No considerar este elemento acentuaría aún más el carácter pervertido del estatuto denunciado como favorable a los grupos de la ultraderecha universitaria.
