La seguridad entendida en esta época contemporánea, latinoamericana, pero por sobre todo moderna encierra unos conceptos base a la hora de pensar en la construcción de un estado como lo es la justicia, confianza, templanza, entre otras. Tanto la maldad como los caminos sinuosos son imprescindibles en los ciudadanos de un país, el ser humano por naturaleza tiende a prácticas hostiles, corruptas y salvajes si no se garantiza un estudio previo, constante e intensivo del civismo y del vivir en sociedad. Por esa razón, es importante formar dentro de cada estado entidades que aboguen primero por las injusticias y luego por los derechos humanos, fuerzas que tengan valores del tipo justicia, paz, respeto y responsabilidad intrínsecos dentro de su formación desde cadete hasta general. Porque de lo contrario, suceden crisis de seguridad como la que desde hace décadas llevan fortaleciendo por medio de dinámicas delictivas, autoritarias e imperantes las entidades encargadas de liderar la fuerza coercitiva del estado colombiano.
El Ejército Nacional a partir del escándalo que formó el artículo del emblemático periódico The New York Times, en donde militares contaron “sobre unas polémicas directrices que exigían doblar los resultados en el Ejército y que podrían ser la semilla para volver a las épocas de los falsos positivos” (Semana. 2019, p. 19) comenzó a silenciar por medio de amenazas de muerte, persecuciones a familiares y hasta la prueba del polígrafo a los militares implicados en realizar los testimonios, tanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como al periódico. Es interesante comprender lo que representa para las personas del común o civiles descubrir cómo nuevamente el país vuelve a estar en guerra. El problema de esta guerra es que no se sabe quién es el culpable. En términos legales se habla de militares que cometieron crímenes atroces, fríos y ocultos que están confesando, contra operativos ilegales de contrainteligencia, extorsiones y amenazas del estimado Ejército Nacional, que en últimas termina también incurriendo en la ilegalidad para salvaguardar su nombre, prestigio y reputación que luego del primero escándalo de falsos positivos bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, ya está agonizando en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana actual.
El problema de las entidades que controlan las fuerzas coercitivas nace desde sus bases pedagógicas de entrenamiento o mejor dicho adoctrinamiento. La obediencia desmedida sin cuestionamientos no es diferente de la subordinación: pérdida de identidad y de su responsabilidad como autoridad. En los últimos escalafones de esta maquiavélica jerarquía que promulga la institución, nos encontramos personajes tan perversos como lo es por ejemplo el general Nicacio Martínez, quien es el directo responsable del documento que exige el doble de resultados, premisa que puede ser entendida como la nueva semilla de las ejecuciones extrajudiciales; el general Mario Montoya acusado de ser quien presionaba con mayor afán para conseguir “muertes en combate”, eufemismo de lo que se conoce como falsos positivos, y quien ahora tiene que responder por decenas los testimonios en su contra; el coronel González del Río, quien carga una condena de 19 años de cárcel por falsos positivos y ahora está hablando en la JEP. Estos perfiles tienen en común la degradación de lo que juraron proteger: la justicia, los derechos humanos y la libertad.
Hay muchas formas de entender la justicia, por lo general en la era moderna, donde la diplomacia se convirtió en el discurso predilecto para las políticas y equidad de países, se le da razón de justicia a las leyes, tribunales, jueces y autoridades. El problema radica cuando los mismos organismos que deben defender la justicia, la violan y de la peor manera: vulnerando los derechos humanos. El honor y la dignificación de la palabra parece ni siquiera importarle al Estado, como ejemplo se encuentra “El asesinato a sangre fría de Dimar Torres a manos de un cabo del Ejército el 22 […] el militar quiso hacer pasar a este desmovilizado de las Farc como un guerrillero del ELN” (Semana. 2019, p. 28). Cómo se puede hablar de justicia en un país donde sobrevive el pobre, se agasaja el rico y violan al marginado. El término de una justicia real y objetiva defendida por la templanza (dominio de sí mismo y de sus acciones) no debe simplemente ser entendido por las instituciones pertenecientes a la rama judicial o al estado, es necesario asimilarlo como la esencia que define a estas instituciones.
En la Colombia de los años 50 y 80 se constituyó un tétrico paradigma de justicia entendiendo el dinero, las posesiones y las tierras como un “pase” para violar las leyes sin ninguna repercusión legal. Con el desarrollo de las grandes potencias, las guerras y el resurgimiento de las minorías como tesoros sociales de las organizaciones internacionales de derechos humanos, el panorama de aquel paradigma comenzó a mejorar en relación a cómo mejoraba el bienestar y la calidad de vida de las personas en el país. Al final, es la idealización de conceptos abstractos como justicia, seguridad y paz la que comienza a construir o deconstruir un país desde donde nace: en el pensamiento y el imaginario de las personas. Por eso se considera tan peligroso el escándalo del Ejército Nacional, porque los ciudadanos comienzan a confrontar su idea de justicia, seguridad y autoridad con la realidad que plantea el estado de corrupción, cinismo y perversión.
En conclusión, es imperante y necesario una resignificación del concepto de justicia que mitigue los estragos que les ha producido tanto al proletariado como a los militares sus erróneas concepciones de realidad. ¿Es realmente la seguridad garantía de las instituciones coercitivas?, ¿qué es ser justo y qué no?, ¿hasta qué punto se concibe la autoridad? Estas preguntas primordialmente podrían ser el punto de partida en una sociedad que gracias al sangriento e ilegal pasado que nos persigue (Masacre de las bananeras, Frente Nacional, Bogotazo, Pablo Escobar, Proceso 8000, falsos positivos y “ejecutados extraoficiales”) se encuentra desamparada por parte del Estado —que en su momento expresó que las muertes de los líderes sociales eran casualidad, desprotegida por parte del Ejército y la Policía en los innumerables escándalos por abuso de autoridad— y confundida en un mundo posmoderno que gracias a la globalización se encuentra repensando constantemente su identidad como sujeto social, en este caso, colombiano.
