Colombia está en capacidad de crear suficiente riqueza para garantizar unas mejores condiciones de vida para todos sus habitantes si no estuviera gobernado por quienes se lucran dictaminando el atraso económico.
Un ejemplo de lo anterior es la decisión del presidente Juan Manuel Santos de acabar con la producción nacional de azúcar. A la gavilla se sumó recientemente un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio por la conformación de un cartel que impedía las importaciones. Una cosa es el importante papel que debe jugar esta institución en defensa de la competencia empresarial y de los consumidores, pero otra muy diferente es que se utilice su poder para tomar acciones políticas en contra de un importante sector de la producción.
Según los defensores de los ingenios y el gremio que los representa, la Superintendencia omitió deliberadamente pruebas contundentes en contra de su hipótesis, como la declaración de la Liga Agraria de la Industria de la Caña de Costa Rica, quien manifiesta que “no es cierto que esa asociación requiera o exija autorización por parte de Asocaña para efectuar exportaciones de azúcar”. Tampoco se tuvo en cuenta el concepto del Ministerio de Agricultura que desvirtúa las acusaciones de la Super, entre otras cosas porque es quien preside el comité del Fondo de Estabilización de los precios del Azúcar.
Un elemento adicional que demuestra la verdadera intención del fallo es que a pesar de que según ellos lograron probar que había un cartel para impedir las importaciones de azúcar, estas aumentaron 41% en los últimos 5 años. Si fuera cierto el supuesto cartel, a los ingenios no habría que condenarlos por este hecho sino por incompetentes.
La verdad es que desde hace varios meses desde el Ministerio de Industria y Comercio se ha ambientado la idea de que en Colombia los consumidores son víctimas de precios del azúcar muy altos y esto es por culpa de una élite empresarial que no es competitiva y además impide la importación de azúcar barata. La posición del Ministerio hace parte del dogma liderado por la ministra Cecilia Álvarez-Correa y su equipo, que como quieren mucho a los consumidores su deber es arruinar a los productores. No obstante las cifras comprueban que el precio del azúcar al consumidor en Colombia es ostensiblemente más bajo que en los principales países productores y que además la producción es la de mayor rendimiento de azúcar por hectárea de caña en el planeta.
Aunque no falta el que celebre la posible ruina de los ingenios azucareros del valle geográfico del río Cauca, la situación es más compleja. Difícilmente, aunque muchos lo quieran, lograrán ver a Ardila Lulle parado en un semáforo de Cali vendiendo dulces. En cambio la quiebra de la agroindustria del azúcar sí podría llevar a esa situación a más de 180 000 trabajadores del sector, a un buen número de los 1 600 productores de caña y a 350 000 trabajadores del sector panelero, cuya existencia está completamente ligada al negocio de la caña y el azúcar.
La mejor defensa al consumidor es garantizarle un trabajo estable, de calidad y bien remunerado, además de óptimas condiciones para desarrollar la iniciativa empresarial. En la industria de la caña de azúcar ha habido profundos conflictos laborales que se han afrontado con un movimiento sindical fuerte y comprometido. Pero el hecho de que hoy esos trabajadores hayan propiciado una unidad de acción en defensa de las empresas, demuestra que prefieren seguir luchando por mejores condiciones en un trabajo productivo a la opción del rebusque del 60% de los trabajadores colombianos.
