Aunque la agenda de paz no es un tema decisivo en la carrera por la Casa de Nariño, en las últimas semanas ha empezado a cobrar protagonismo y a posicionarse en la opinión pública. No es la misma agenda que orbitó en la campaña de 2018, restringida a oponerse o respaldar el acuerdo de paz. En esta oportunidad, los principales candidatos se han comprometido —con matices y ciertos énfasis— a impulsar la implementación del acuerdo de paz y todos han sentado posición frente a una eventual negociación con el ELN.
Sin embargo, el programa con la agenda de paz más integral y ambiciosa se encuentra en el Pacto Histórico, ya que fue construida desde la expectativa de Petro por alcanzar una “paz grande” —en contraposición a la “paz chiquita” de Santos—, sumado al liderazgo social de Francia Márquez y la adhesión de los herederos políticos del santismo.
Ahora bien, en los siguientes apartados trataré de responder, sin mayores pretensiones, a los siguientes interrogantes: ¿qué contiene la propuesta de paz del Pacto Histórico?, y ¿cómo se podría convertir en realidad?
Sí a una negociación con el ELN
La propuesta está sobre la mesa: un gobierno del Pacto Histórico sí avanzaría en una negociación con el ELN. Será un proceso de “descongelamiento” —la mesa está virtualmente congelada desde enero de 2019— que se deberá guiar por los siguientes pasos: primero, respetar los protocolos de Estado suscritos con los países garantes; segundo, recomponer las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela; y tercero, restituir la centralidad de la agenda Hacía una paz completa ante la sociedad civil y la comunidad internacional.
Si un eventual gobierno del Pacto Histórico sigue esos pasos —aunado al diseño de una política de seguridad humana y la implementación de la paz como una política de Estado— propiciaría un desencadenamiento afirmativo; es decir, un conjunto de acciones suficientes para manifestar voluntad, confianza y disposición.
A partir de ese momento, la “pelota” pasaría a la cancha del ELN.
Diferentes analistas y expertos dudan de la voluntad del ELN para avanzar en un proceso de paz, pues consideran que no existen los incentivos o las condiciones objetivas para que la guerrilla abandone su resistencia armada. Es claro que con el ELN no funcionará el modelo de curules y tierras que se empleó con las Farc y hasta resulta ingenuo pretender que la “cuestión elena” se resolverá adjuntándole un otrosí al acuerdo de paz.
Para negociar con el ELN resulta indispensable comprender su naturaleza ideológica; situar el proceso de desnacionalización que lo convirtió en un actor con una capacidad regulatoria diferenciada; y precisar el tipo de relaciones que ha constituido con las comunidades donde tiene capacidad de agendamiento, son territorios donde el ELN ha construido Estado.
Sin duda, no resulta sencillo negociar con el ELN, es la guerrilla con más experiencia en procesos de negociación y actualmente está liderada —tras la jubilación de
Gabino— por Antonio García (un negociador de línea dura); no obstante, para que una negociación con esa guerrilla llegue a un buen puerto, deberá estar atravesada por una fuerte participación de la sociedad civil; por la ejecución de agendas sociales y territoriales de gobernabilidad —más ambiciosas que lo planteado desde el PDET o el PNIS— y hasta escenarios de transicionalidad territorial donde el ELN tenga un rol decisivo.
Sí a un sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares
El otro pilar para alcanzar una paz integral pasa por el sometimiento a la justicia de las estructuras armadas sucesoras del paramilitarismo. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Solo hay que recordar que en el gobierno Santos se ambientó la posibilidad de avanzar en el sometimiento del Clan del Golfo y hasta se expidió la Ley 1908 de 2018: “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”. No obstante, esa ley no generó los incentivos suficientes para avanzar en un proceso de sometimiento.
De ahí que en un eventual gobierno del Pacto Histórico se deba revisar el marco normativo existente y concertar nuevos incentivos para que los grupos paramilitares se sometan a la justicia; eso sí, sin el más mínimo reconocimiento de estatus político o carácter beligerante. Sin embargo, si se debe discutir a fondo por qué el Clan del Golfo se autopercibe como una autodefensa campesina de inspiración gaitanista y qué entiende como su “base social” —a lo que apelaron en el reciente paro amado—.
Asimismo, la política de sometimiento deberá estar acompañada de una profunda revisión de las Fuerzas Armadas, su doctrina y objetivos, así como el carácter de la supuesta connivencia con ilegales que se viene denunciando desde varias regiones del país.
Seguramente sería el primer gran reto de Petro como presidente, ya que implicaría un remezón en la cúpula para que se ajuste a las expectativas de su política de seguridad y paz. En la práctica, es una transición riesgosa, pues las Fuerzas Militares se encuentran politizadas, algo evidente tras la arremetida de Zapateiro —el general tuitero— contra Petro.
Si las Fuerzas Militares no le responden a Petro o cuestionan su comandancia, su política de seguridad, paz y sometimiento tendría una falla geológica. Recuperar su independencia y subordinación al poder civil será uno de sus mayores retos en los primeros 100 días de gobierno.
¿Hacia la paz integral?
Aunque parezca ingenuo proponer un proceso de paz integral, en un eventual gobierno del Pacto se podrían abrir posibilidades realmente históricas, especialmente porque implicaría una derrota política al guerrerismo del uribismo (empeñado en perpetuar la guerra).
Pero es algo que no depende exclusivamente de un gobierno o de la voluntad de actores armados ilegales, ya sean guerrillas, disidencias o grupos paramilitares, también requiere de una potente activación de la sociedad civil en la recuperación de la centralidad de la agenda de paz; potenciando, a su vez, la implementación del componente rural del acuerdo de paz y la construcción de escenarios de reconciliación ajustados a las particularidades de los territorios más afectados por la violencia.
El Pacto Histórico propone la paz integral como un horizonte realizable, pero depende de la ciudadanía rodear esa posibilidad, si no, solo asistiremos a otra frustración histórica y a un episodio más del eterno retorno de lo trágico.
