Según la Constitución, “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades descentralizadas, democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Además, también se señala que son tres las ramas del poder público: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial (poderes creados y ordenados por la Constitución para que ejerzan poder y gobiernen en nombre y representación del pueblo en general).
Pues bien, estamos lejos de ese paraíso. Lo que se ha forjado es un debacle social, institucional y político. A los dueños y usufructuarios del poder no les conviene el espíritu constitucional aprobado en 1991. De hecho, el texto original ha padecido más de 42 modificaciones, no para mejorarlo, sino para acomodarlo a las conveniencias del poder político y económico. Ha sido interpretado, explotado y tergiversado por los dueños y usufructuarios del poder político y económico, exclusivamente para proteger privilegios. Son objetivos confesos del uribismo contra lo que impida la satisfacción de sus perversas metas: la Constitución, las altas cortes, la JEP, etc.
Esos privilegios devenidos y por conveniencia consolidados, desde los tiempos de la colonia, no responden al interés general, ni a la dignidad humana. Como consecuencia de ello, Colombia es la más desigual en la región y la sexta en el planeta. Así mismo, es azotada por dramáticos niveles de criminalidad, pobreza, miseria, corrupción, inmoralidad y atraso secular del desarrollo en general. A eso se le suma que un truhán Nobel de Economía pidió bajar el salario mínimo y los áulicos del gobierno Duque-Uribe lo celebraron, ¿ah?
Pero eso no es todo, la rama ejecutiva rota entre familias o secuaces de la casta. Si no ocurriera exactamente así, Colombia sería un país desarrollado y próspero. Pero no, aunque acumula más de 200 años de independencia y “democracia” (corrupta), sigue en la pobreza y atraso. Y de la rama judicial ni hablar. Es presa fácil de la inmoralidad y la politiquería a través de la designación de sus servidores, de la corrupción administrativa y de sus funcionarios, la presión de los delincuentes de cuello blanco y del contenido y alcance de las leyes que tiene que acatar y administrar.
Las leyes son analizadas, debatidas y aprobadas por el legislativo, aunque generalmente son de iniciativa del ejecutivo y concertadas con representantes del poder económico y políticos y hasta delincuentes. El pueblo raso (más del 90% de la población) no cuenta para ello. Las consecuencias están de bulto. Ascensos militares cuestionados, elección de corruptos y mediocres en cargos de decisión y control. Es la caricatura de democracia colombiana.
Increíble que la rama legislativa, que es la que debe desarrollar la Carta Política y afirmarla en la práctica; dar el carácter democrático de las leyes y el poder, y hacer el control político al gobierno, a través del análisis de proyectos y valoración de las demandas y necesidades de sus representados, esté convertida en la cueva de Rolando.
En muchos casos, la politiquería y el poder económico infiltraron y negociaron con las organizaciones criminales (narcoparamilitares), bajo el expediente de refundar el país. Esta fatal realidad nacional a diario se prueba con las investigaciones, juicios y condenas que han tenido que afrontar más de 160 congresistas y excongresistas, magistrados, jueces, burócratas, militares y exmilitares, delincuentes de cuello blanco, etc.
Lo que hay que cambiar es el régimen predicaba Álvaro Gómez y el régimen decidió exterminarlo. Como está la institucionalidad, el régimen se blinda a través de las leyes, pero aun así no es invencible.
El elector si renuncia a su talante sumiso e irresponsable consigo mismo y las generaciones futuras puede derrocarlo. Los dueños del poder se pueden derrotar con el voto ciudadano. Es imperativo hacerlo en próximas elecciones.
Los politiqueros demostraron hasta la saciedad su irresponsabilidad y venalidad. De esta forma se puede liquidar la corrupción, la anarquía y la tiranía del poder ejercida contra las mayorías nacionales y crear las condiciones para el desarrollo con equidad.
