“Lo que está haciendo en nuestro territorio es un crimen contra la humanidad”, afirmó tajantemente Oscar Salazar, líder campesino del municipio de La Vega al referirse al inicio de las obras de una central hidroeléctrica entre La Vega y La Sierra que ocasionaría un impacto ambiental irreversible en el macizo olombiano.
La hidroeléctrica en mención intervendría el cauce de los ríos Guachicono, Putis y San Jorge. Según el líder, se trata de una infraestructura a filo de agua, es decir sin represa, por medio de una desviación del caudal del río.
El tema viene desde el 2003, cuando se le concedió la licencia ambiental a una empresa llamada Gelec. Durante todo este tiempo el proyecto ha permanecido oculto.
Revisando la licencia ambiental otorgada para esta hidroeléctrica, los líderes encontraron que en ella no se reconoce ninguna actividad humana en el territorio, es decir que se desconoce la existencia de comunidades que viven alrededor y han cuidado los recursos durante años. El río Putis es uno de los mayores afluentes de La Vega y pasa por el corregimiento de Santa Juana que vive una irónica situación; es una de las zonas más secas del macizo a pesar de contar con siete quebradas. La razón: estas fueron entregadas en concesión a la empresa minera Carbo Andes.
Este tipo de hidroeléctricas a filo de agua se han vendido como proyectos de menor impacto ambiental; sin embargo, algunos especialistas afirman lo contrario, pues si bien se evitan impactos asociados con las represas, principalmente la relocalización poblacional, sus efectos generales pueden ser aún peores. “Particularmente dañinos para la ecología de los ríos que proveen servicios vitales a la gente que vive corriente abajo”, asegura el periodista Keith Schneider, periodista especializado en la problemática del agua.
“Degradan la tierra, los bosques, y facilitan la tala y otras actividades. El impacto de los túneles de desviación también puede ser significativo. Pueden afectar la hidrología local, se secan las corrientes y los pozos. Además de los efectos de las detonaciones para construirlos que pueden afectar las viviendas cercanas. La excavación de las montañas genera riesgo de deslizamientos, sin contar la generación de escombros”, dice el redactor de Circle of Blue.
Aparte de este tema en particular de la hidroeléctrica, el equilibrio en general del macizo Colombiano está en peligro. Se habla de que el 80% de su territorio está iniciando un proceso de explotación minero energético.
El año pasado el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, después de un recorrido por los afluentes de los municipios caucanos de La Vega, Almaguer, Bolívar, Patía y Mercaderes, calificó como catastrófica la situación de varios de ellos por cuenta de la extracción ilegal de oro, especialmente el río Sambingo, que estaría afectando a unas 20 mil personas a lo largo de sus 25 kilómetros. Este río se secó en sus 55 kilómetros. La poca agua que le queda está totalmente contaminada por mercurio y cianuro.
Recordemos que el municipio de Mercaderes, en el mes de agosto del año pasado, con un total de 6449 votos en la consulta popular, ratificó la negativa a la minería de hidrocarburos y metales en este territorio, marcando un precedente nacional y departamental.
La consulta popular fue un trabajo de autogestión de la comunidad, después de que la Registraduría negara el apoyo.
Después de los tropiezos y las constantes negativa estatales para financiar este proceso, decidieron desarrollar su propia consulta popular, a la que llamaron “consulta popular legítima y autónoma”.
Por ahora las comunidades están en alerta y resueltas a no permitir el avance de este proyecto y piden a todos los colombianos que sean conscientes de la dimensión de este problema que nos afectará a todos de una manera u otra.
