A diez meses de haberse conocido uno de los episodios de espionaje internacional más delicado practicado por el Estado colombiano a través de la Jefatura de Inteligencia de la Armada de Colombia contra países como Cuba y Venezuela y su cuerpo diplomático acreditado en el país y del que por lo menos se tiene conocimiento público y denuncia penal, predomina el silencio casi absoluto de las partes involucradas en tan delicado caso, ni los espías que actuaron en nombre del Estado, ni quienes dieron la orden y que han sido solicitados por la Fiscalía que investiga la denuncia, ni quienes fueron acosados, grabados, infiltrados y señalados de estar en Colombia haciendo trabajo de inteligencia para sus países se pronuncian, dejando un halo de incertidumbre sobre qué hubiera pasado si las condiciones políticas de Colombia fueran otras.
Es de aclarar que el espionaje internacional al que se hace referencia se realizó durante parte del segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos y los primeros años en que ejerció como presidente Iván Duque; y se conoció a través de tres publicaciones de la revista RAYA al mes de que Duque hubiese dejado la presidencia, y la primera magistratura del país fuera asumida por el hoy presidente de los colombianos Gustavo Petro. “Números de teléfono, direcciones de habitación, preferencias políticas, lugares de trabajo, correos electrónicos, nacionalidades y la llamada “fecha de individualización” son los detalles que contiene el documento de Excel con más de 450 nombres y el cual fue construido por este organismo de inteligencia de la Armada Nacional entre 2017 y 2020 paralelamente al espionaje que realizaban a diplomáticos y funcionarios de las embajadas de Cuba y Venezuela” señala la revista.
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Pero el silencio no solamente se da por parte de los gobiernos de Venezuela y Cuba, también guardan silencio los políticos de izquierda, líderes sociales e incluso los periodistas a los que una vez más los organismos de inteligencia del estado perfilan y chuzan por el único hecho de tener contacto con funcionarios de dichas embajadas a las que el gobierno de Iván Duque declaraba un peligro para la seguridad nacional y culpaba de tener en su territorio a quienes calificaba de terroristas.
Y es que luego de saberse que la Jefatura de Inteligencia de la Armada de Colombia era la responsable del espionaje internacional con el que se violaba flagrantemente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas entre otros delitos cometidos por los funcionarios del Estado que participaron en este acto ilegal, se conoció que además de los casi cuarenta diplomáticos perfilados y del presidente cubano, también estaban siendo espiados entre otros personajes, la hoy Senadora Gloria Flórez; el Senador Iván Cepeda; la Representante a la Cámara del Pacto Histórico por Antioquia, Luz María Múnera; la profesora y viceministra del ministerio del Interior del actual gobierno, Lilia Solano; el líder Afro Jimmy Viera Rivera; el miembro del Polo Democrático, Nelson Linares; el Secretario General del Partido Comunista, Jaime Caycedo; los periodistas, Joshua Goodman, de la Agencia de Noticias AP; José Luis Mayorga G, de la Agencia de Reporteros Sin Fronteras; y el foto periodista Gerald Bermúdez, y aunque son muchos más los colombianos y extranjeros perfilados por la Jefatura de Inteligencia de la Armada de Colombia; casi un año después de haberse revelado esta situación los organismos de investigación guardan silencio, en su mayoría las personas afectadas no se pronuncian y este aberrante caso de espionaje internacional donde fueron utilizados todos los medios técnicos y de inteligencia con que cuenta Colombia parece quedar impune como la mayoría de casos que llegan a la Fiscalía General de la Nación para ser investigados.
¿Pero por qué el silencio? Se estará pensando más en no afectar las relaciones internacionales, por encima de develar los intereses que tuvieron en su momento los presidentes Santos e Iván Duque y el director de Inteligencia de la Armada, ¿por qué el no interés para que la Armada responda por este acto ilegal?, si el presidente de Colombia hubiera sido alguien diferente a Gustavo Petro, los afectados con estos perfilamientos ¿Estarían tan tranquilos o hubiesen denunciado nacional e internacionalmente este espionaje de los gobiernos Santos y Duque? Son muchas las preguntas y pocas las respuestas y mucho más cuando al parecer a nadie le interesaría saber ¿Quién dio la orden y a quién entregaban la información recopilada durante los años de perfilamiento ilegal?
Pero como reza el dicho popular “Entre el Cielo y la Tierra no hay nada oculto” y más tarde que temprano se sabrá todo, se sabrá cuando la Fiscalía indague a quienes dieron la orden de cometer este delito internacional, se sabrá cuando los miembros operativos del Estado quienes usaron todas las tecnologías y los recursos físicos y económicos al alcance para realizar su trabajo de buena fe o en complicidad con sus superiores hablen y entreguen nombres de a quién reportaban sus hallazgos, pero ojalá no sea tarde para muchos de los que se encuentran en esos listados de perfilamiento por parte de la Armada de Colombia, de los cuales algunos han sido objetivo constante de hostigamientos y señalamientos sólo por el hecho de atreverse a cuestionar el manejo histórico de la política del país y haber soñado con una Colombia más justa e incluyente, pero de igual manera debemos recordar que en un pasado no muy lejanos por actos como este ordenados desde el alto gobierno fue que tuvieron que asilarse algunos seres humanos y otros que no corrieron con la misma suerte fueron asesinados durante las denominadas “Chuzadas del DAS”, la historia no debería repetirse pero esa frase al parecer no tiene vigencia en Colombia, donde el circulo vicioso de la violencia, la represión, las constantes amenazas, desplazamientos y hasta asesinatos de líderes sociales o de oposición y periodistas han sido la constante por parte del Estado sin importar quien sea su gobernante.
La palabra final debería tenerla la Fiscalía General de la Nación como ente investigador y se espera que en esta ocasión no quede pequeña a su compromiso con la historia y logré establecer a través de sus diferentes equipos de investigación cuales fueron los verdaderos intereses de los gobiernos colombianos mencionados para realizar un hecho como este espionaje internacional y establezca si los presidentes Santos y Duque tenían conocimiento de este delito ejecutado por la Jefatura de Inteligencia de la Armada de Colombia, o si como dijo algún conocido expresidente colombiano “Todo fue a sus espaldas”.
En los últimos días la Fiscalía General de la Nación ha demostrado su capacidad para investigar rápidamente delitos de chuzadas, supuestos homicidios, filtraciones, uso indebido de elementos tecnológicos del Estado para uso no oficial, y en apariencia dará resultado en corto tiempo, porque este tipo de situaciones no deberían presentarse en Colombia manifestó el Fiscal General Francisco Barbosa, por eso desde aquí hacemos un llamado para que asuma con la misma energía, eficiencia y efectividad este caso de espionaje internacional que no se dio en el gobierno Petro, es el momento para que desde la Fiscalía se envié un mensaje serio que no se está tras las investigaciones del caso Sarabia – Benedetti, únicamente porque podría afectar a un gobierno que se ha auto denominado como del cambio y el cual ha generado en algún porcentaje del país la expectativa de que realmente será tenido en cuenta y podrá tener un mejor nivel de vida. Pero lo concluyente es que independiente de los amores y odios que puedan generar el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, la Fiscalía no debe mostrarse o actuar como si fuera su enemigo.
