Mucho me gustaría reflexionar con ustedes sobre el tema de animación, de la fábula creadora, divertida que desde la niñez oímos: esa dama cuasi bruja, madrastra, que celosa no deseaba o no permitía una tal belleza superior a su propia imagen, la imagen del espejo. O, sobre aquel deslumbramiento del que fueron objeto los primeros pobladores de estas tierras cuando se contentaban con espejos a cambio del valioso oro.
Empero, ya no en fábulas ni historias de la conquista, olvidamos que esta República, la nuestra, la República de Colombia posee desde hace más de ciento cincuenta años una tradición jurídica que envidian muchos países y, por qué no decirlo, varias latitudes.
La democracia ha resistido los embates de, por lo menos tres dictadores, varias fuerzas oscuras que han producido y reproducido la violencia; imposiciones de poderes adanistas que tratan de apoderarse de las instituciones como si fueran hordas de posesos que, piadosamente, y hasta por la fuerza se tratan de perpetuar en las instancias de poder.
Pero las instituciones inhiestas y la justicia, con todo y sus defectos, en punta de brega del quehacer público para dar abrigo y fuerza a la democracia.
Los vientos políticos hacen la transición en la Guerra de los Mil Días: las instituciones en pie; la violencia partidista fue superada por las decisiones de los ‘jefes de los partidos’ y, aunque dicen que el remedio fue mayor que la enfermedad, el Frente Nacional superó el impasse y las instituciones en función; llegado el pacto por la paz como fue signada la Constitución Política del 91 y, aunque gobierno fuerte trató, y en cierta forma logró, romper el equilibrio de poderes con la discutible reelección presidencial, la democracia y, por supuesto la justicia, lograron al final, poner límites no solo al desmontar la re reelección sino imponer control a los movimientos de violencia que cooptaron el poder; encontramos allí unas instituciones firmes, operantes, cubriendo la función propia y los valores de la democracia.
En suma: el ejercicio y las funciones del Estado se han perpetuado por la tradición jurídica. Sin duda. Pongan ustedes a prueba lo dicho y llegarán, señoras y señores, a la misma conclusión.
Por encima del examen, lo cierto es que el respeto por la dicha tradición jurídica ha sido un referente que impone el acatamiento a las decisiones judiciales; otra cosa distinta es que guste o no guste el sentido y contenido de los fallos. Si ellos se sustentan jurídicamente, se defenderán solos.
Pero ahora, desde hace un rato, escucho con gran preocupación que, ante la decisión de la H Corte Constitucional de no dar vía al fast track, solo es bueno, favorable, condescendiente y aplaudido lo que gusta a algunos, lo que permite sobreponer algunos intereses y no los de la nación.
Raro pero muy raro, es que el referente no sea la Constitución sino el Acuerdo de La Habana y se piense que la medida de la institucionalidad no es la Constitución, sino la comparación del Acuerdo, no frente sino al lado de la norma de normas; ¿será que ya es más vigente, por decirlo de alguna manera, el Acuerdo de La Habana, que el acuerdo, ese sí vigente, contenido en la Constitución? Impensable.
Oímos al abogado de las Farc, quien ahora tiene por oficio el imponer, en zona ajena, una normatividad que solo se está implementando y que hasta que no sea puesta en concreto vigente, será simplemente un mandato político que no cambia o modifica el marco del Estado, dentro del cual se deben mover los jueces para aplicar el derecho: la Constitución.
La Corte como bien se dijo, está para guardar la Carta
y no para hacer la corte a nadie
Pues bien: ¿será necesario recordar que la Corte Constitucional está, para comparar las normas con la Constitución Política? Función que es fundante: la Corte como bien se dijo, está para guardar la Carta y no para hacer la corte a nadie, diferente al sistema jurídico y, por supuesto, está en la obligación de protegerla.
Ni más faltaba que consideren que aún estamos en épocas en que se nos deslumbraba con espejos para conseguir nuestro oro; el espejo, el espejito está en la norma, en la Constitución y no en lo que se trata de imponer por la mera visión de una implementación en ciernes.
No son épocas de reconquista diferente a la reconquista, pero de la institucionalidad. La protección y respeto a la decisión judicial se deben garantizar tanto como la protección de la sociedad, de la convivencia y, por ella, de la paz.
