Las jornadas siempre comienzan muy temprano. La lejanía logra que el tiempo siempre vaya en contra de lo planeado. Una de estas jornadas arrancó en Quibdó. El destino es el corregimiento de Aguasal, donde tienen como objetivo identificar 35 comunidades indígenas del resguardo Tahamid del Alto Andágeda.

Las maletas con los equipos especiales para expedir cédulas, tarjetas de identidad y registros civiles las amarran al lomo de tres mulas. En ese momento empiezan las cinco horas a caballo. Los seis funcionarios de la Registraduría en caballos y sus maletas en mula pasan del occidente de Risaralda al oriente del Chocó. En el camino, las montañas rocosas parecen tragarse el mundo. La carretera se convierte en una curvilínea difusa y los ríos en gigantes adormilados que, de vez en cuando, despiertan con corrientes traicioneras.

 
En Aguasal, los reciben con sonrisas tímidas y una mezcla de curiosidad y gratitud. Los niños interrumpen sus clases y se agrupan, algunos descalzos, otros con los uniformes descoloridos por el uso. Los funcionarios organizan sus equipos con precisión casi militar. Llevan consigo desde planta eléctrica hasta paneles solares porque a donde van no saben si haya energía.

 
La Registraduría llega al municipio de Aguasal por una petición del alcalde de Bagadó, el municipio, Walter Cerna Palomeque, para identificar a sus comunidades indígenas. Allí, cerca de 9.000 indígenas del pueblo catío enfrentan una paradoja: su existencia es innegable, pero para el Estado, carecen de identificación si no tienen un documento que lo confirme. «Esta brigada es crucial porque muchos programas sociales exigen documentos al día. Sin ellos, nuestras comunidades quedan excluidas», explica el alcalde.

La jornada comienza temprano. A las seis de la mañana, la fila ya se extiende como un testimonio silencioso de cuánto se necesita esta iniciativa. Niños descalzos, ancianos apoyados en bastones improvisados, madres con bebés a cuestas, cada uno espera su turno para ser registrado, para ser contado, para ser reconocido.

Uriel Baniama Arce, un hombre de la comunidad de Mazua, resume el esfuerzo que implica esta jornada. «Demoré tres horas en llegar al pueblo. Vine para sacar los registros civiles de mis niños y mi cédula. Nos atendieron bien. Estoy agradecido», dice mientras su rostro refleja tanto el cansancio como el alivio. A su alrededor, otros habitantes repiten historias similares. Caminatas interminables, trayectos en lancha y esperas largas se ven recompensadas con una tarjeta de plástico que les devuelve la sensación de pertenencia.

Cuando la jornada termina y los funcionarios apagan las máquinas que han llevado, el silencio vuelve a ocupar su lugar. Pero algo ha cambiado. Las personas regresan a sus casas con algo más que un papel plastificado. Llevan consigo la posibilidad de reclamar derechos, de exigir servicios, de ser parte de un país que tantas veces les ha dado la espalda. Cada documento entregado es una historia que cambia, una vida que cuenta en la sociedad, un ciudadano que deja de ser invisible.