La presión y las denuncias de los samarios para sacar a la española Inassa de la operación del acueducto de Santa Marta tenía como base no solo la pésima prestación de servicios sino la corrupción en la cúpula directiva, como denunciaron muchos ciudadanos.
Edmundo Rodríguez Sobrino fue el amo y señor de las empresas de servicios públicos en Barranquilla y Santa Marta y parcialmente en Riohacha. Llegó a Colombia como mano derecha y hombre de confianza de Ignacio González quien entre el 2012 y 2015 fue Presidente de la Comunidad de Madrid, propietaria de Canal Isabel II cuya filial en Colombia es Inassa. Ambos fueron detenidos por la guardia civil dentro de la Operación Lezo y deberán responderle a las acusaciones de la Audiencia Nacional.
Se les acusa de presunta corrupción en la empresa pública de aguas de Madrid Canal Isabel II, lo que explicaría de alguna manera a donde iban las utilidades del negocio en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, donde no se hicieron inversiones para el mejoramiento de redes y calidad del servicio.
En Colombia, Canal Isabel II a través de su filial Inassa (donde posee el 81%) opera Triple A de Barranquilla (con un 67,9%), Metroagua de Santa Marta (con un 35%), ASAA de Riohacha, Recaudos y Tributos (R&T un 80%) en Santa Marta y Amerika Tecnologías de la Información.
El propio director de Canal Isabel II en un debate el año pasado en la Asamblea de Madrid afirmó no haber invertido nada en el grupo de empresas latinoamericanas filiales a la gigante española, motores generadores de utilidades.
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Fueron muchas las atenciones y genuflexiones que la élite política de Santa Marta y Barranquilla le hicieron a Edmundo Rodríguez Sobrino en sus años de presidente de la Junta Directiva de la Triple A en Barranquilla y de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) que operaba Metroagua en Santa Marta. Una de sus fórmulas de éxito para lograr otrosíes que los favorecieran en los contratos fue trabajar amangualadamente con los alcaldes y especialmente con los políticos locales con un criterio claro: la empresa española por encima de los usuarios. Comportamientos cuestionables que pasaran al tablero de la investigación judicial que motivó su detención en España.
En el caso de Santa Marta, los siguientes alcaldes y gerentes de Metroagua actuaron de la mano de los españoles, de allí la insatisfacción de los samarios y la movilización ciudadana que tomó forma en la acción popular promovida por el ex alcalde Carlos Caicedo y que forzó la salida definitiva de Inassa el pasado 17 de abril, cuando se cumplieron 20 años de haber firmado otro si en 1997 en la alcaldía de Edgardo Vives Campo pero perfeccionado por el alcalde encargado Luis Cuello Lopera.
Metroagua estuvo siempre controlado por las dos castas políticas que le entregaron el servicio público de acueducto y alcantarillado de la ciudad en desventajosas condiciones a los españoles de Inassa. Por el clan de los Vives, los firmantes de los otros si al contrato inicial de 1991 fueron Luis Cuello (E) y Jaime Solano. Y por el clan de los Genecco, el propio Hugo Genecco quien fue dos veces alcalde y condenado por corrupción y José Francisco Zuñiga condenado por parapolítica.
Los Diazgranados mantuvieron las condiciones sin proponerse ninguna modificación en favor de los samarios. Tanto así que el alcalde Juan Pablo Diazgranados firmó en el 2009 un otrosi que favorecía a R&T S.A –operadora de Metroagua- también del grupo Inassa, en el que le incluyó el cobro del impuesto de alumbrado público, cuando era evidente la ilegalidad de ese contrato que fue terminado en el 2015 por el alcalde Carlos Caicedo. Diaz Granados, actual viceministro de agricultura y ex gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en Magdalena, guardó silencio cómplice frente a Metroagua, en contraste de su sucesor Carlos Caicedo, quien empezó la revisión de la concesión de agua que concluyó con la salida de los españoles este 17 de abril por decisión del alcalde Rafael Martínez.
El gobernador Verano de la Rosa condecoró al español Edmundo Rodríguez
En Barranquilla el manejo de la Triple A también ha estado bajo el maridaje de Inassa y la clase política. Los socios de Inassa han sido Enrique Gerlein Echevarria, hermano de los congresistas Roberto y Jorge. En la junta directiva han estado además de los representantes del gobierno distrital y los de Inassa: Luis Cardenas Gerlein –sobrino de los Gerlein, involucrado en el escándalo del carrusel de los Name; Julio Jácome de la Peña, directivo del Grupo Santodomingo y consuegro de los esposos Juan Jose Garcia Romero y Piedad Zuccardi, ambos inhabilitados.
Inassa logró entrar a La Guajira para operar el acueducto de Riohacha durante el gobierno de Rafael Ceballos, en un consorcio con los hermanos Avila Chassagne (detenidos por corrupción en un contrato de construcción de escuelas públicas). Todas los negocios de Inassa en Colombia están bajo la lupa de la Audiencia Nacional y están investigando posibles sobornos o sobrecostos que enriquecieron al grupo de González y Rodríguez y los once detenidos.
Según la prensa española, Ignacio González y Edmundo Rodríguez viajaron juntos a Colombia en 2008, cuando el alcalde de la ciudad era Juan Pablo Diaz Granados. En esa visita y gracias a un trabajo de espionaje fueron grabados portando unas extrañas bolsas y hablando de bufetes panameños y bancos en Suiza. Los estaban siguiendo por un posible enriquecimiento ilícito o blanqueo de dineros, en momentos en el que tenían mucho poder durante el reinado de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de la Comunidad de Madrid. Ignacio González se vinculó al equipo de Esperanza Aguirre desde el 2003 y desde entonces empezó a tejer el entramado.
El Partido Popular de Aznar controla el Canal Isabel II desde hace quince años. Edmundo Rodríguez aparece marcado por el circulo
Lo cierto es que Edmundo Rodríguez, resultó involucrado en los Panama Papers a través de tres empresas en Off shore con sede en Hong Kong, razón por la cual fue destituido como presidente ejecutivo de Inassa apenas se destapó el escándalo en el 2016.
El periódico El Mundo de España informó que los investigadores han detectado pago de comisiones y sobreprecios por parte del Canal de Isabel II para la adquisición de empresas no sólo en Brasil sino también en Colombia –Barranquilla, Santa Marta, Riohacha- y otros países de latinoamerica; sospechan que los gestores de Inassa y demás filiales se lucraron personalmente de estas operaciones. Se les acusa a los doce detenidos de los supuestos delitos de prevaricato, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción.
La detención de Ignacio González, Edmundo Rodríguez ocupó las primeras páginas de la prensa española. Un debate con mucho vuelo político en cuanto el cerebro de la operación Lezo habría sido nada menos que un ex Presidente de la Comunidad de Madrid a través de una empresa pública, el Canal Isabel II, controlada por el Partido Popular de Mariano Rajoy desde hace 15 años.
La investigación fue solicitada por la actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes quien llevó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sus sospechas de irregularidades en la gestión del equipo que presidía su antecesor, Ignacio González. La Presidente fue llamada a por el juez Eloy Velasco, a declarar sobre este caso como testigo, dijo hoy que tanto ella como su equipo de gobierno "están colaborando activamente con la justicia" para documentar los graves delitos de los que se les acusa.
La detención de Ignacio Gonzalez, ex presidente de la Comunidad de Madrid.
El Canal de Isabel II tenía una veintena de empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil que lograron en 2015 casi USD 20 millones en utilidades, de los cuales poco o nada en el caso de Colombia, se reinvirtieron en mejoramiento de redes.
El escándalo de corrupción en España en el que está involucrado Edmundo Rodríguez, la cabeza de la operación de Inassa en Colombia y su detención, no hace otra cosa que darle la razón a los samarios en su protesta hasta lograr sacarlos de la ciudad. Siguen, eso si, a la espera de poder contar con un operador que les garantice finalmente y después de veinte años de padecer a Inassa, un servicio de agua potable al menos decente.
