La Corte Suprema de Justicia no se quedó callada frente al pleito entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal Francisco Barbosa. Intervino en favor de este último y dejó en claro que las atribuciones del mandatario como “Jefe del Estado” no significan que sea el superior jerárquico de los funcionarios de la Rama Judicial.
La controversia, iniciada al jueves, cuando el Fiscal se quedó de un trino en el que Petro cuestionaba a uno de los fiscales encargados de Investigar al clan del golfo y lo mostraba en una foto al lado de su pequeño hijo, se fue atizando con el paso de las horas.
Cuando Barbosa anunció que el fiscal aludido, Daniel Hernández -hijo de una de las víctimas de la masacre de La Rochela- denunciaría al presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara por haberlos expuesto a él y su pequeño represalias trágicas, Petro le respondió que él era el jefe del Estado y en esa condición jefe de Barbosa. Con esa afirmación pretendía dejar el claro que el podría tomarle cuestas a la propia Fiscalía.
Barbosa, quien para muchos está en trance de aspiración presidencial, le replicó también con cajas destempladas y lo acusó de estar poniendo en peligro el orden constitucional del país.
Tras una deliberación de su sala plena en medio de la crisis desatada por el choque institucional, la Corte se pronunció y declaró su inquietud por la interpretación errada que Petro está haciendo del Artículo 115 de la Constitución Política. Para sus magistrados, esa interpretación desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho.
“La Justicia es un poder público patrimonio de Colombia. Desconocer o malinterpretar las bases del Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”: presidente de @CorteSupremaJ al llamar a sensatez, respeto, cordura y colaboración armónica.⬇ pic.twitter.com/ppnsi0xrgO
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) May 5, 2023
“La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico”, se lee en la declaración de la Corte.
“Por ello -prosigue el texto- en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”.
La Corte le explicó al primer mandatario que el fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República. Así, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial.
“Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”, advierte la declaración.
En medio del pugilato que ha ocupado amplio espacio en redes y en medios de comunicación, La Corte llamó a la sensatez, al respeto y la cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos.
Las afirmaciones de Petro fueron rechazadas también, de manera unánime, los quienes han sido fiscales y generaron un debate político en el que varias voces acusaron al presidente de “llevar un dictador por dentro”.
Si bien se han producido “choques de trenes” entre sus instituciones, es la primera vez que un presidente y un fiscal se pelean de esta manera. El exfiscal Alfonso Valdivieso recordó que incluso en la época del proceso 8.000 sus diferencias con el entonces presidente Ernesto Samper fueron zanjadas de manera civilizada y por vía institucional.
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